Paro nacional en Ecuador: racismo, provocación y violencia, estrategias de un Estado autoritario
Después de 31 días, con 3 asesinatos, cerca de 300 heridos y 118 detenidos, ayer la CONAIE dio por terminado el paro nacional en vista de la enorme represión. Las organizaciones indígenas de base tomaron sus propias resoluciones y mantendrán las medidas de protesta. Ayer realizaron la Marcha por la Dignidad en Imbabura, encabezada por Sisa Cotacachi, vicepresidenta de la CHIJALLTA-FICI; Martha Tuquerres, presidenta de la UNORCAC, y Denisse de la Cruz, presidenta de la Confederación del Pueblo Kayambi. Mientras escribo esta nota, la policía y el ejército están reprimiendo.
Por Gabriela Borja Pérez para La tinta
La quita del subsidio al diésel, su incremento en el precio y la liberación al mercado a partir del 12 de diciembre del 2025 con un sistema de ajuste progresivo encendieron un paro de 31 días. Un informe del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos y el Observatorio del trabajo y pensamiento crítico de la Universidad Central del Ecuador de 2025 indicó que se podría ocasionar un incremento de 103 dólares en la Canasta Básica Familiar (CBF) con el incremento del galón del diésel al precio internacional. Sin embargo, no fue la única razón del descontento social: la reducción del gasto público, que responde en gran medida a los acuerdos con el FMI y se traduce en el desabastecimiento en los hospitales, despido de funcionarios, deterioro de los servicios al público, generó un enorme rechazo por parte de la población, mientras la violencia delictiva se incrementa, siendo el 2024 el año más violento. El abandono estatal, la falta de estrategias integrales de seguridad, las extorsiones generalizadas, masacres carcelarias y violencia generalizada han marcado el clima social del país.
El paro se convirtió, para gran parte de la población, en el método de lucha y exigencia más adecuado frente a un gobierno que ha cerrado otros canales de diálogo democrático, imponiendo narrativas de enemigo interno que criminalizan la oposición política y la protesta social.
Las estrategias del gobierno para desarticular fueron, por un lado, la división de los actores territorial y políticamente, a través del traslado de la presidencia de la república hacia provincias en conflicto y de la entrega de bonos temporales. Y, por otro, el despliegue sistemático de la violencia a través de la declaratoria de estados de excepción que permitieron la intervención militar, la represión desmedida, el espionaje y persecución política a dirigentes y activistas.
A diferencia de los paros nacionales del 2019 y del 2022, esta vez, las protestas se desarrollaron en focos situados en provincias y comunidades. Esto produjo que la represión se despliegue hacia los territorios, creando escenarios en los que la fuerza pública ingresó a los territorios comunitarios violando la Constitución y los tratados internacionales sobre pueblos indígenas.
El decreto 126 entró en vigencia desde 12 de septiembre y, al día siguiente, el presidente Daniel Noboa trasladó la sede de la presidencia a la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Esta elección podría explicarse por la suposición de la centralidad de la figura del líder indígena, Leónidas Iza expresidente de la CONAIE y excandidato a la Presidencia de la República, quien, a fines de agosto, sufrió un intento de asesinato que fue denunciado por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Esto destapó un sistema de espionaje y persecución que el gobierno ha instalado contra varios dirigentes.
La presencia de Noboa en Latacunga implicó la militarización de la ciudad y la movilización de miles de ciudadanos de distintas provincias en apoyo al gobierno, financiados por este. Ya en el inicio del paro, la provincia se encontraba asediada por la fuerza pública. De la misma forma, el traslado de la viceprecidencia a la provincia del Imbabura supuso una enorme presencia militar y policial en la provincia. Ese mismo día en horas de la tarde, en contexto de protesta social y paralización de la vía Panamericana, se registró el ataque a un comando de policía en Otavalo, provincia de Imbabura, donde 12 personas fueron capturadas, trasladadas inmediatamente a cárceles de ciudades de la costa, donde días antes tuvieron lugar masacres carcelarias, violando el derecho al debido proceso establecido en la Constitución.
En el sexto día de paro, las Fuerzas Armadas y la Policía arremetieron contra la población en intensas jornadas de represión que llegaron a durar hasta 12 horas, durante las cuales quienes se manifestaban resistieron en barricadas, defendiéndose apenas con piedras y palos de los ataques con bombas de gas lacrimógeno, bombas aturdidoras, escopetas de perdigones e, incluso, armas letales de la fuerza pública. Ahí es cuando se produjo el asesinato por la espalda, por parte de las Fuerzas Armadas, de Efraín Fuerez, padre de familia, agricultor y comunero de la nacionalidad kichwa, pueblo Cotacachi.
Los señalamientos contra el gobierno no se hicieron esperar y el argumento que usaron para explicar la muerte fue el paso de un “convoy humanitario” liderado por el mismo Noboa. Casi un mes después, las Fuerzas Armadas reconocen ante la Asamblea Nacional que existió un “uso desproporcionado de la fuerza”. Este hecho derivó en nuevas protestas en otras provincias. Desde la primera semana de octubre, iniciaron cierres viales y protestas en Cañar, provincia de Azuay, al sur del país, donde militares y policías ingresaron a las comunidades atravesando parcelas y sembradíos, disparando gas lacrimógeno y perdigones contra personas y animales. En ese contexto conflictivo, el gobierno activó una vez más su estrategia de provocación. El 7 de octubre, Noboa se dirigió a Cañar con la excusa de entregar laboratorios tecnológicos en una Unidad Educativa. Pese a que el alcalde de la ciudad advirtió sobre la situación, la caravana presidencial fue atacada con piedras, logrando el objetivo de posicionar la narrativa que presenta el hecho como un “atentado contra el presidente”.
Otro punto de resistencia importante fue San Miguel del Común, al norte del Quito, comuna ancestral parte del pueblo Kitu Kara que se mantuvo en resistencia desde el inicio del paro. El 8 de octubre, la vicepresidenta realizó una visita no programada a la escuela Mushuk Pakari, lo que generó malestar entre las familias que hicieron sentir su desaprobación. La policía respondió nuevamente con represión, lanzando bombas de gas lacrimógeno, sin importar la presencia de niños y niñas en la escuela que en ese momento salían de clases ni la cercanía de una guardería. Al día siguiente, militares y policías irrumpieron en varias ocasiones en el territorio comunitario, lo que provocó el ingreso de gas lacrimógeno a las viviendas y una fuerte represión por más de ocho horas.
En la provincia de Imbabura, se sostuvieron marchas y las vías se mantuvieron cerradas. El 13 de octubre, el gobierno anunció la entrada de un nuevo “convoy humanitario”. Cientos de usuarios de redes sociales mostraban la hilera de camiones del ejército repletos de efectivos, tanquetas y otros vehículos que se dirigían hacia Otavalo, los cuales fueron detenidos por los manifestantes en varios lugares y respondieron con represión. El ejército usó armas letales y persiguió a manifestantes para apresarlos o golpearlos. Cuando llegó a Otavalo, el convoy arremetió contra la población, provocando en pocas horas cientos de heridos con perdigones, balas y bombas disparadas al cuerpo. José Guamán fue asesinado con un arma letal del ejército.
Los hospitales y centros de salud colapsaron, muchos tuvieron que ser atendidos por voluntarios en camas improvisadas en casas comunales y otros espacios. Algunos perdieron sus extremidades, otros tuvieron diversas heridas por perdigones y armas de fuego. Las imágenes y videos que circularon en redes sociales esos días muestran la brutalidad con la que reprimieron a los manifestantes.
Al día siguiente, en Saraguro, provincia de Loja, al extremo sur del país, la violenta represión acabó con la vida de Rosa Elena Paqui de 61 años, a causa de un paro cardiorespiratorio provocado por la inhalación de gas lacrimógeno en el contexto de la intensa represión de la policía y las Fuerzas Armadas.
A un mes del inicio del paro, se contabilizan 3 asesinatos, cerca de 300 heridos y 118 detenidos. Pese a que CONAIE dio por terminado el paro, llamando al cese de las paralizaciones en vista de la enorme represión, las organizaciones de base tomaron sus propias resoluciones, señalando que se mantienen las medidas de protesta y realizando una Marcha por la Dignidad. Si bien en la práctica la paralización de vías se redujo, las organizaciones se encuentran inconformes con los resultados, especialmente con la posición autoritaria y hermética del gobierno que, además, durante todo el paro, promovió y exacerbó discursos y narrativas racistas.
“Ellos nos expulsan de sus territorios, pues nosotros los expulsamos de todo el país”, expresó el presidente Noboa, quien trató en varias oportunidades a los manifestantes de vándalos y se negó a dialogar. Los pocos espacios de diálogo estuvieron marcados por la prepotencia y el desconocimiento sobre las dinámicas comunitarias, y en ninguno participó el presidente ni la vicepresidenta. La exacerbación del racismo no fue únicamente del gobierno de forma directa, sino a través de páginas y usuarios de redes sociales.
Narrativas de carácter estigmatizante, como llamar «terroristas» a las personas por protestar e, incluso, por el hecho de ser indígenas, se repitieron durante todo el paro y son usadas por el poder para posicionar el voto por el «Sí» en la consulta popular del próximo 16 de noviembre, en la que el gobierno espera tener vía libre para la elaboración de una nueva constitución. La estrategia es generar un ambiente de rechazo hacia principios constitucionales como la interculturalidad, el Estado Plurinacional, los derechos colectivos y de la naturaleza, que caracterizan nuestra carta magna como una de las más progresistas e innovadoras del mundo.
*Por Gabriela Borja Pérez para La tinta / Imagen de portada: A/D.
