19 años de la ESI: cuando una ley es trinchera
Entre el desfinanciamiento, los ataques discursivos y los proyectos que buscan criminalizar la educación sexual integral, docentes, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil la defienden a diario. Una praxis que actualiza su vigencia cuando todo lo instituido parece disuelto.
Por Carola Bertona y Romina Pezzelato* para La tinta
En Argentina, desde el retorno a la democracia, nunca antes el gobierno nacional y los sectores conservadores aliados se han expresado con tanta crueldad e impunidad. Particularmente, los feminismos nos convertimos en blanco de ataques y amenazas que se expresan en la brutalidad del triple femicidio de Brenda, Lara y Morena. Mientras tanto, seguimos escuchando los discursos que niegan la violencia de género y que llevaron al desmantelamiento de las políticas públicas de género.
Desde la asunción de Javier Milei, fiel a su promesa de campaña cuando anunció su intención de “terminar con la ideología de género”, definiéndola como “un mecanismo por el cual se le deforma la cabeza a la gente”, su gestión lleva casi dos años de desfinanciamiento y narrativa antiderechos. Ya en diciembre de 2024, el Movimiento Federal XMasESI presentó un informe que evidenciaba la magnitud: “En 13 de las 24 provincias, se detectó retroceso en políticas de educación sexual integral de niños, niñas y jóvenes”. El vaciamiento pedagógico golpea el sentido de la Ley de ESI, cuya potencia radica en su especificidad y está en jaque por la falta de garantías del Estado nacional y de la mayoría de los gobiernos provinciales.
La ausencia casi total de acciones por la continuidad del Programa Nacional de ESI se expresó en medidas concretas que operan como política de ataque activo y demoledor contra la formación docente, la transversalización curricular. Además, se eliminaron materiales de los sitios oficiales y se desarticularon instancias de promoción y participación. Muchas áreas provinciales fueron absorbidas por programas más amplios y difusos: «convivencia escolar», «trayectorias escolares», «educación emocional», cuyas temáticas erosionan el espíritu mismo de la ley que es garantizar educación sexual integral y transversal, y se vuelven a habilitar enfoques moralizantes, como la “educación para el amor”, que terminan sustituyendo una perspectiva de derechos y autonomía por estereotipos de género que naturalizan la violencia y las desigualdades.
Cuando el desmantelamiento se subraya mediante violencias explícitas
En junio de 2025, el Decreto n.° 436/2025 del Poder Ejecutivo nacional derogó el artículo 3° de la Ley n.° 27234, que garantizaba una jornada anual en todas las escuelas, públicas y privadas, destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género. El gobierno calificó a la jornada como una “responsabilidad innecesaria”, argumentando que, tras la transferencia de servicios educativos a las provincias, debía reducirse el gasto público. Esto sucede en el marco de un discurso deliberado que pone en duda la figura del femicidio, de los cuales ejemplos sobran: como el caso de Ángela Burgos, abogada defensora de Néstor Soto, quien negó el femicidio de Catalina Gutiérrez en el juicio de comienzo de año; la presentación por parte de legisladoras oficialistas de proyectos de ley que buscan castigar severamente las supuestas “falsas denuncias de género” en el Congreso o en el reciente triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, en el que la ministra Bullrich niega el enfoque de género. O el resonante discurso de Milei en Davos que subrayó la inexistencia de la violencia de género en todas sus manifestaciones. No casualmente, Argentina fue el el único país en votar en contra en la Asamblea General de ONU, en una resolución para intensificar los esfuerzos en torno a la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito digital.
Paralelamente, sectores organizados como la red “Padres unidos contra la ideología de género y la sexualización infantil en la escuela”, en articulación con familiares, legisladores/as y representantes de distintas provincias, avanzan en todo el país promoviendo discursos que deslegitiman la ESI, cuestionan contenidos curriculares y difunden miradas patologizantes como la “disforia de género”. Además, alientan acciones institucionales para rechazar el cambio de nombres en los registros escolares, negando la identidad autopercibida de estudiantes trans. Lo que obstaculiza el derecho establecido en la Ley n.° 26743 de Identidad de Género. Estas acciones no son aisladas: son instancias que operan como verdaderas usinas de narrativas antiderechos. Así se evidenció con afirmaciones de la psiquiatra estadounidense, Miriam Grossman, autora de “You’re teaching my child What?” (“¿Qué le están enseñando a mi hijo?”) , quien invitada a nuestro país por “Padres unidos», expresó: “He visto contenidos de Educación Sexual de muchos países; los de Argentina son los peores”.
La Ley n.° 26150 fue pionera, sancionada en 2006. Establece que todes les estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en todos los niveles y establecimientos educativos públicos y privados del país, con un enfoque integral, contemplando las diversas dimensiones de la sexualidad humana: psicológica, social, histórica y cultural. Sus ejes incluyen la perspectiva de género, el ejercicio de los derechos, la diversidad, el cuidado del cuerpo y la salud y la afectividad. Además, se enmarca en el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de igualdad de género que buscan reforzar herramientas en todos los niveles educativos.
Siempre hubo obstáculos para la educación sexual, desde su sanción y en los años posteriores para legitimar su implementación, pero se fueron generando consensos positivos a medida que se veían los efectos positivos en las historias concretas de niñas, niños y jóvenes, y sus entornos. Hoy, se vuelve a instalar que la ESI “sexualiza” o “adoctrina”, y habilitan un terreno fértil para medidas con profundos efectos punitivos y estrategias persecutorias; un ejemplo es el proyecto presentado por la diputada mendocina del PRO, Cintia Gómez, para criminalizar la ESI en las escuelas mediante una línea telefónica de denuncias y un “Consejo Asesor de Pluralismo Educativo” con capacidad de sancionar y habilitar la judicialización en instancias penales. Otro caso es el proyecto que presentó el bloque de LLA en Tierra Del Fuego, para solicitarle al Ministerio de Educación provincial un informe exponiendo los materiales escolares que, en el marco de la ESI, conmemoran el «Día internacional por la Educación no Sexista» y el «Día internacional del Orgullo LGBTIQ+», cuestionando la aplicación de contenidos sin “criterios de neutralidad” ni consentimiento familiar.
En agosto de 2024, Fundeps presentó un pedido de información pública al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba sobre la implementación de la ESI. En su respuesta, que fue elaborada en diciembre de 2024, pero notificada a la organización recién en septiembre de este año, el Ministerio afirma que la provincia no cuenta con referentes escolares específicos y que no se realizaron capacitaciones.
Se informaron articulaciones con la nueva gestión nacional, aunque, hasta ese momento, no se habían establecido líneas específicas de trabajo en conjunto. Tampoco se recibieron materiales de ESI por parte de la nación durante el 2024. Esto evidencia que, además de las dificultades materiales y presupuestarias, persiste la necesidad de sostener la ESI mediante la organización y acompañamiento en distintos niveles.
Pedagogía de la esperanza: resistir en las aulas y en los territorios
¿Cómo se defiende la ESI cuando su continuidad se pone en tensión? Aun en este contexto de hostilidad, docentes, sindicatos, organizaciones de jóvenes y activistas en diversos territorios sostienen instancias que reivindican la implementación de la ESI, con acciones de capacitación, sensibilización y acompañamiento. En esa línea, Fundeps llevó adelante este semestre un taller de intercambio con docentes y un encuentro junto a jóvenes de escuelas medias de la ciudad de Córdoba. “Hay temas que creíamos superados y vuelven a ser necesarios, porque los discursos que reprimen nunca se fueron”, coinciden les docentes y destacan la escucha activa como fundamento del proceso educativo: “Recuperar la perspectiva de les estudiantes nos hace pensar qué docentes queremos ser”, “permitirnos la pregunta, sin encasillar, dando la posibilidad de cuestionar y sostener la incomodidad”.
En el encuentro realizado con jóvenes, se remarcó que, en las escuelas privadas, los escenarios suelen ser más hostiles: “Los dueños del colegio decidieron desfinanciar la ESI”, relata una de las estudiantes. Sin embargo, frente a las tensiones institucionales, la organización estudiantil cobra fuerza: “En el centro de estudiantes que creamos este año, estamos luchando activamente para garantizar el derecho a recibir educación sexual integral”, expresó una de las participantes.
La construcción de convicciones colectivas demuestran que la ESI no se reduce a una ley o un programa, más bien, es un proceso vivo que se renueva en cada aula. No es un camino sencillo: implica enfrentar, en algunos casos, la criminalización y superar resistencias desde las preguntas incómodas para revitalizar cada día, el derecho a una educación sexual integral efectiva para les estudiantes.
Diecinueve años después, la ESI sigue siendo un refugio y una estrategia donde se construyen aprendizajes y esperanzas colectivas. En nuestra provincia, docentes, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil continúan alertas y en red, sosteniendo espacios de reflexión, participación y acompañamiento. Una defensa que es paradoja: en la ESI también nos atrincheramos.
*Por Carola Bertona y Romina Pezzelato para La tinta / Imagen de portada: Fundeps.
*El Entramado, es la columna institucional de Fundeps Argentina: un espacio comunicación sobre la agenda ambiental y de derechos humanos local para La tinta.
