Exigir la Ley: discapacidad, emergencia y democracia en disputa
Este miércoles a las 12 horas, está convocada una nueva concentración del colectivo de discapacidad. Con la consigna “Emergencia en discapacidad es democracia”, las agrupaciones convocantes caracterizan la lucha del sector y enmarcan esta nueva protesta nacional en una denuncia directa a la decisión del Ejecutivo de promulgar y, al mismo tiempo, suspender la aplicación de la norma sancionada. Si la declaración de la emergencia en discapacidad es fruto de una lucha profundamente democrática, ¿cómo se califica la negativa del gobierno en cumplirla? En esta nota, repasamos los hechos recientes y ampliamos la mirada.
Por Martín Passini para La tinta
La semana pasada, el Gobierno nacional promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero en el mismo Decreto 681/2025 la puso en suspenso. Un acto nunca visto, de controvertida legalidad y nula legitimidad democrática. Más de 500 organizaciones de todo el país repudiaron la medida calificándola como “una maniobra dilatoria, en línea con la política sistemática del Poder Ejecutivo de bloquear, frenar y desnaturalizar una conquista de las personas con discapacidad y que otro poder del Estado ya decidió”.
El comunicado, impulsado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD. HH., la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), la Asociación Civil Andar, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), recogió 525 adhesiones de organizaciones de todo el país y denunció el decreto como “abiertamente inconstitucional, porque desconoce el procedimiento de formación y sanción de las leyes establecido en nuestra Constitución”.
Con un tono también directo, las organizaciones de Córdoba que convocan a la movilización en la plaza San Martín, complementaron la denuncia sobre el decreto 681 con una información que pasó un tanto inadvertida: el mismo lunes 22 de septiembre, el Poder Ejecutivo emitió la Decisión Administrativa n.° 24/2025 que ordena un incremento presupuestario para la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir del 1° de octubre.
La nota difundida por la Cámara de Prestadores de Discapacidad (CA.PRE.DIS), la Federación Converger, la Asamblea de Trabajadores por la Inclusión (ATI) y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos criticó que, aunque en los considerandos de esta normativa se expresa que “el PODER EJECUTIVO NACIONAL readecuará los créditos presupuestarios necesarios (…) para dar respuesta, a partir del 1° de octubre del corriente año, al reclamo de actualización formulado por los prestadores…”, dos días después, el interventor de ANDIS, Alejandro Vilches, confesaba desconocer cómo se distribuirían esos fondos. Fue en el marco de la última Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), realizada la semana pasada. El incremento fijado en esta decisión ascendía a más de 121.000 millones de pesos.
Además, las entidades denunciantes aclararon que el cuerpo encargado de definir los aumentos es el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas. Este órgano no ha sido convocado en todo el año. En la misma reunión del COFEDIS, el interventor negó que vaya a convocarse. Al momento de redactar esta nota, aún se desconoce el destino de esos fondos ni cómo se administrarán ni a quiénes beneficiarán.
El comunicado denunció también que la medida “no solo es ambigua y confusa, sino, sobre todo, insuficiente”. La Ley de Emergencia no solo rescata a las organizaciones con una compensación reparadora, sino que brinda un viso de previsibilidad para un sector que lo demanda imperiosamente: “Lejos de brindar una solución real, se parece más a un nuevo intento de dividir la lucha del colectivo con nuevas promesas de aumento”.
Y, advierten, no es la primera vez que sucede: “En cada una de las instancias del debate legislativo por la Ley de Emergencia, el Gobierno nacional realizó anuncios por parte del vocero presidencial (o dejó circular rumores entre los medios de comunicación) de supuestos aumentos para las prestaciones que luego nunca se materializaron. Ahora avanzó un paso más, publicando en el Boletín Oficial esta reasignación presupuestaria (…) En el caso que el destino de estos fondos sea finalmente una compensación de emergencia para prestadores, estará apenas empezando a cumplir con lo que la Ley plantea».
En las plazas, en las redes y en la Justicia federal
Como era de esperarse, la negativa del oficialismo a cumplir con la ley generó una ola de iniciativas judiciales, impulsadas por distintos actores en todo el país. Las demandas se concentran en dos ejes centrales. Por un lado, la gran cantidad de irregularidades y arbitrariedades que se identificaron en la implementación de la llamada auditoría de las pensiones no contributivas por discapacidad que, desde el año pasado, algunas organizaciones vienen calificando como una verdadera política de ajuste, legitimada con una campaña de desprestigio sobre la política de pensiones e instrumentada con una maniobra tramposa, inaccesible y contraria a la convención, que es la mentada auditoría.
En las últimas semanas, estas denuncias empezaron a transcribirse en expedientes de amparos colectivos, presentados en juzgados de todo el país. En Formosa, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo logró un fallo judicial favorable que obligó al Ejecutivo nacional a restituir las 15.000 pensiones suspendidas en la provincia. El viernes pasado, se sumó a otras jurisdicciones la demanda presentada en los tribunales federales de Córdoba por la defensora pública, Mercedes Crespi. La acción de amparo recayó en el Juzgado Federal 2, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, y exige que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituya las pensiones suspendidas en Córdoba. La presentación sostiene que el proceso de fiscalización resulta “ilegal y arbitrario” por el modo en que se implementa.
Además de una gran cantidad de personas que se vieron damnificadas al suspenderse la pensión y sumaron sus casos a esta presentación, desde distintas organizaciones y organismos del Estado, se brindó información que da cuenta de que la auditoría, en realidad, fue una maniobra tramposa para dar de baja una enorme cantidad de pensiones en tiempo récord, sin respetar el derecho a la presunción de inocencia, a la información, a la accesibilidad, a la defensa, entre otros.
El informe de la Asociación Apadim, por ejemplo, evidenciaba que no se trató de errores puntuales de un Excel desactualizado: al 80% de las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones que concurren al Centro de Día de la institución nunca les llegó la carta documento citándolas a la auditoría.
El amparo también exige que se declare inconstitucional el Decreto 843/2024 que modificó los criterios para acceder a la pensión por invalidez laboral. Este decreto había sido denunciado por las organizaciones por ir en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El otro foco de las demandas, que toman cada vez más fuerza, es precisamente el Decreto 681 que promulga y suspende la Ley de Emergencia. Es el caso de la presentación realizada en Juzgado Federal de Campana, Provincia de Buenos Aires, que exige la declaración de inconstitucionalidad del artículo que suspende la Ley: “Nulidad absoluta por inconstitucionalidad e inconvencionalidad manifiesta del artículo 2° del Decreto n.° 681/2025 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 22 de septiembre de 2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional suspendió la ejecución de la Ley n.° 27793 de ‘Emergencia Nacional en Discapacidad'».
El amparo colectivo advierte que la suspensión de la ejecución de la ley “constituye un fraude constitucional que subvierte el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución nacional”. Además, “configura discriminación estructural sistemática mediante la aplicación diferencial de criterios presupuestarios según el destinatario, (…) el gobierno ha dictado más de diecinueve (19) modificaciones presupuestarias en apenas veinte meses (Decretos de Necesidad y Urgencia n.° 280/2024, n.° 594/2024, n.° 656/2024, n.° 1104/2024, n.° 186/2025, n.° 425/2025, y trece Decisiones Administrativas), utilizando exactamente las mismas facultades legales del jefe de gabinete de ministros que selectivamente niega ejercitar para implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
El carácter colectivo del amparo implica que tenga “efectos expansivos para todas las personas con discapacidad que reciben prestaciones en el marco de la Ley n.° 24901, así como sus familias y cuidadores que se ven directamente afectados”. Además de otras presentaciones en curso, las organizaciones involucradas trabajan en adhesiones y presentaciones de amicus curiae.
La lucha disca
Los últimos meses, la cuestión de la discapacidad ha tomado relevancia pública como nunca en la historia. El tema ha ocupado el centro de la escena pública, los titulares de los medios, los tópicos de tendencia en las redes sociales.
De una manera inesperada para muchos, el colectivo de discapacidad resultó en un actor social y político que resiste la política de la motosierra y la exclusión del gobierno libertario. Al sostenimiento de la lucha, en condiciones de inaccesibilidad que no se pueden soslayar para las personas con discapacidad, se sumó el escándalo desatado por los audios del exdirector de la ANDIS, casi en simultáneo en que se lograba empezar a voltear el veto presidencial.
Después de meses de resistencia y de disputa social y política, que no solo es material, sino también por el reconocimiento y el sentido de ser un actor social relevante, nadie en Argentina es ajeno a este conflicto. Nadie ignora que hay una ley que habla de emergencia, que el presidente vetó y, sin embargo, pasó por todas las instancias parlamentarias, con cada vez más apoyo. Una ley que el gobierno se vio obligado a promulgar y jugar la cuestionada carta de ponerla en suspenso. Nadie en Argentina desconoce que se trata de una conquista colectiva, cuyos protagonistas centrales son las propias personas con discapacidad. Y, al mismo tiempo, nadie en Argentina puede negar que el mismo gobierno que prometía limpiar el Estado de corruptos (y romper el Estado desde adentro también) es el que ahora tiene a sus principales figuras envueltas en casos escandalosos, con fondos que, por ejemplo, deberían ir a cubrir las necesidades de apoyos de las personas con discapacidad. Nadie pasa por alto en el país qué significa cuando alguien dice “alta coimera”, “3%” o “discapacidad en emergencia”.
Y, al mismo tiempo, la crisis continúa y la desesperación es cada día mayor. Tras años de movilización, organización, articulación, divulgación, formación, construcción colectiva y de una serie de conquistas históricas en términos legislativos, pero también políticos, de agenda pública y conciencia colectiva, la situación sigue siendo la crisis. Las personas con discapacidad, las familias y quienes trabajan con personas con discapacidad viven en una sensación de desamparo, como en un laberinto sin salida. Y apuestan a construir esa salida, saliendo.
Durante los últimos dos años, una pregunta recurrente fue tomando cada vez más fuerza entre quienes sostienen y participan de estos procesos de movilización colectiva: ¿qué hay detrás de esta guerra del gobierno contra el colectivo de personas con discapacidad? ¿Por qué el gobierno libertario eligió a las personas con discapacidad como uno de los principales enemigos?
Ha quedado claro que la recomposición de las prestaciones y de las asignaciones hoy llamadas pensiones (que debieran volverse apoyos para la vía independiente) no implican una erogación que ponga realmente en riesgo las cuentas fiscales. Pero, además, las organizaciones de personas con discapacidad han dejado en claro que la discusión economicista no es válida cuando estamos hablando de derechos de los que el Estado no se puede desentender. Por eso, manifiestan que lo que hay por detrás en esta disputa no tiene una razón económica, sino ideológica.
El gobierno de Milei expresa que su modelo solo puede tener éxito si se descartan sectores de la población. Son las personas consideradas improductivas (por eso, también los jubilados o las personas que atraviesan enfermedades de alto costo) para la reproducción del capital en esta especie de fase mal llamada libertaria. Mejor sería llamarla fascista.
Sancionar la ley de Emergencia, reglamentarla, implementarla, cumplirla, implica que el Estado se haga cargo de su rol en la reproducción social de la vida en comunidad. El ideario del gobierno no puede estar más alejado de esta orientación política, no importa tanto cuánto significan términos económicos en lo que se juega en esta disputa. Si el Estado tiene una función armonizadora de las fuerzas sociales o si solo sirve para beneficiar el negocio financiero, cristalizando relaciones de dependencia con el sistema financiero internacional. Ese es el verdadero contexto de esta disputa.
Un reciente documento que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU acaba de publicar hace unos días incluye observaciones a nuestro país y deja en claro que el gobierno no puede vulnerar derechos bajo el pretexto del equilibrio fiscal. Antes bien, debe generar las políticas necesarias para la mejora progresiva en el ejercicio de esos derechos de todos los derechos.
Es momento de articulación en colectivos más amplios para no solo resistir en este tiempo, si no construir una salida de un laberinto que no tiene salidas a la vista, una salida que no puede ser sino colectiva, una salida que también es anticapacitista.
*Por Martín Passini para La tinta / Imagen de portada: A/D.
