Agua vs. megaminería: Uspallata en pie contra el extractivismo y la represión
La detención de Facundo Gollano la semana pasada es el último eslabón de una larga historia de resistencia contra el proyecto megaminero San Jorge. «La vida y la economía de Mendoza dependen de los ríos que descienden de la cordillera de los Andes», advierte Federico Soria, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. En esta nota, un recorrido por los 17 años de un conflicto donde el lobby internacional y la judicialización de la protesta se enfrentan a la defensa del agua que abastece a 1,5 millones de personas. Una historia con tres presos políticos, una “Ley cianuro” derogada por una pueblada histórica y la reactivación de las operaciones de la minera.
“Uspallata es una pequeña ciudad de aproximadamente 15.000 habitantes, ubicada a 150 km al oeste de Mendoza, a mitad de camino hacia la República de Chile. Es un lugar, un valle, rodeado de montañas y tiene un gran valor patrimonial y natural”. Así describe Federico Soria, miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, este territorio que hoy es epicentro de un conflicto que ya lleva 17 años: la resistencia al proyecto megaminero San Jorge.
Soria detalla que este valle cordillerano contiene “el yacimiento arqueológico más antiguo de Mendoza, donde se han encontrado asentamientos humanos de 12.000 años de antigüedad”, además de los petroglifos del cerro Tunduqueral y sitios incaicos. “También ha sido parte de la historia de la conquista y colonización, el genocidio de los pueblos originarios que fueron sacrificados en las minas de Paramillos”, agrega. El lugar fue escenario de la epopeya sanmartiniana y de la historia del ferrocarril transandino. “Actualmente, es la ruta del Mercosur y constituye uno de los sitios turísticos más importantes de Mendoza”, señala y aclara que Uspallata no tiene municipio, sino que depende de la Municipalidad de Las Heras, ubicada a 150 km.
El territorio mendocino y su patrimonio están amenazados hace años. “En el año 2008, llega a la localidad la Minera San Jorge de la mano de sus dueños, en aquel entonces, la corporación Coro Mining de Canadá”, relata Soria. El rechazo fue inmediato, fundamentalmente porque “Uspallata se ubica en la cuenca del río Mendoza, un afluente que abastece a más de un millón y medio de habitantes del Gran Mendoza, riega 250.000 hectáreas de cultivos, de viñedos, frutales, hortalizas y provee de agua a más de 9000 industrias que conforman la cuarta economía regional del país. La vida y la economía de Mendoza dependen de los ríos que descienden de la cordillera de los Andes, ya que tenemos un clima marcadamente árido y la única fuente de agua proviene de las nevadas en la alta montaña y los glaciares que se derriten en verano”.
Ante esta amenaza, nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, autogestionando una radio y un centro cultural, y promoviendo un proyecto de ley de iniciativa popular para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas como alternativa al emprendimiento minero.
17 años de resistencia
En diálogo con La tinta, Soria reconstruye minuciosamente la historia de esta lucha: la primera audiencia pública fue en 2010, donde 2300 personas se expresaron en contra del proyecto San Jorge. Al año siguiente, el rechazo legislativo al primer informe de impacto ambiental, sumado a una serie de movilizaciones ―que no solo involucraron a Uspallata, sino a muchas organizaciones nucleadas en las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP)― hicieron caer las acciones de la corporación Coro Mining y forzaron la venta del proyecto.
El relato da cuenta de cómo la empresa mutó de manos: de canadiense a capitales rusos de las empresas Solway Holding y el Grupo Aterra, empresas offshore radicadas en paraísos fiscales. En 2014, la minera propuso un proyecto biprovincial que buscaba extraer el mineral de la mina, pero llevarse las rocas a la provincia de San Juan, a 20 km del lugar de explotación.
“Conviene recordar que el proyecto San Jorge consiste en la extracción polimetálica, principalmente de cobre, oro y molibdeno, que son los metales denunciados, pero también otra serie de metales y, para eso, emplear el método de flotación con xantato. Esta es una sustancia tóxica similar a las que están prohibidas en la Ley 7722, que son el ácido sulfúrico, el cianuro y el mercurio, con el agravante de que el xantato, además de ser tóxico, es explosivo, es inflamable y es bioacumulable. Con lo cual también es una sustancia fuertemente tóxica”, explica Federico.
El proyecto biprovincial no se puso en marcha. En 2015, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza —que se dio en el contexto del impacto generado meses atrás por los derrames de cianuro en Veladero, San Juan— echó por tierra las pretensiones de Minera San Jorge y otras 12 corporaciones de derogar la Ley 7722. La normativa, sancionada el 20 de junio de 2007, regula la actividad minera en la provincia, prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera.
Desde su sanción, la ley mendocina de protección del agua enfrentó un constante asedio del sector minero. Durante ocho años, las empresas recurrieron a la vía judicial hasta que, en 2015, el máximo tribunal provincial confirmó su constitucionalidad. Simultáneamente, se sucedieron proyectos legislativos que buscaban modificar la normativa, todos rechazados por la fuerte oposición de las asambleas ambientales.
El punto de inflexión, conocido como “El Mendozazo o el Mendoaguazo”, llegó en diciembre de 2019, cuando el flamante gobernador Rodolfo Suárez envió a la Legislatura un proyecto para eliminar las restricciones mineras de la ley. La iniciativa, impulsada por el sector empresarial, fue aprobada pese a las masivas movilizaciones que rodeaban el edificio legislativo. La nueva normativa ―denominada popularmente como “Ley cianuro” por permitir el uso de esa sustancia― tuvo una vigencia efímera. La reacción popular superó toda expectativa: el pueblo de Mendoza protagonizó diez días históricos de movilizaciones callejeras. Una histórica marcha desde San Carlos congregó a miles de personas frente a la Casa de Gobierno. Frente a esto, la represión no hizo más que ampliar las protestas, forzando al gobierno a retroceder: el 30 de diciembre, la Legislatura derogó la ley y restituyó la normativa original.
Durante la pandemia, mientras las movilizaciones se suspendían, “las movidas siguieron en las redes, dando la alerta de que la Minera San Jorge no había abandonado el proyecto”. La situación se complicó cuando la empresa apeló el fallo de 2015 que declaraba constitucional la Ley 7722: “La Corte nacional falló a favor de la constitucionalidad, pero le quitó un pequeño párrafo de la ley donde menciona las sustancias prohibidas”. Federico precisa: “En el fallo de la causa de Mina San Jorge, elimina la frase ‘y otras sustancias tóxicas similares’, con lo cual ya la minera tenía vía libre, desde el punto de vista legal, para llevar a cabo su explotación con la utilización del xantato”.
Por otro lado, con la guerra en Ucrania, Solway Holding, hoy titular del 100% del proyecto, se reorganizó. Sus dueños, la familia Bronstein, abandonaron Rusia y obtuvieron ciudadanía israelí, lo que generó alertas sobre posibles vínculos con la empresa estatal de agua israelí, Mekorot, que tiene convenios con la provincia. Ante su insolvencia ―su principal planta en Ucrania fue bombardeada―, Solway se asoció con el grupo argentino Alberdi, un conglomerado opaco con inversiones en múltiples rubros.
El proyecto permaneció en “guarda temporal” hasta comienzos de 2024, cuando la minera presentó un nuevo informe de impacto ambiental. Con la reactivación del proyecto, la conflictividad social escaló y la estrategia de la empresa y el gobierno mutó hacia la represión directa y la criminalización, iniciando una nueva etapa en el conflicto que se extiende hasta la actualidad.
La escalada
La estrategia de persecución se intensificó este año y Federico relata los acontecimientos que marcaron el inicio de 2025, cuando la Minera San Jorge presentó su tercer informe de impacto ambiental. La respuesta comunitaria no se hizo esperar: el 24 de enero, las organizaciones se movilizaron contra la inauguración de una oficina de la Cámara de Servicios Mineros en Uspallata, que contrastaba con el posicionamiento de la Cámara local de Comercio, Industria y Turismo, que ya se había pronunciado a favor del área protegida y contra el proyecto minero.
“El gobierno de Mendoza ―y la Municipalidad de Las Heras― no tuvo mejor idea que traer a una patota de la UOCRA”, denuncia Soria. El resultado fue la violencia: “Algunos vecinos de Uspallata, miembros de la Asamblea y otros vecinos se reunieron para expresar su rechazo, y cuando llega la patota de la UOCRA, los agredieron. Se les vinieron encima y los golpearon. A uno de los vecinos, Flavio González, casi lo matan”. La gente del pueblo se volcó a las calles y rechazó la violencia, lo que derivó en la interrupción del acto oficial.
Este episodio fue seguido por una estrategia de criminalización. Soria describe cómo “el acto fue aprovechado para perpetrar un atentado de ‘falsa bandera’ contra el comercio del denunciante que, según relata Soria, desde la Asamblea descubrieron que fue llevado a cabo por una persona simpatizante de la Unión Cívica Radical”. Esto derivó en una causa judicial que recayó sobre dos de los defensores ambientales: Mauricio Cornejo y Federico Soria.
La situación de Cornejo fue particularmente grave: “Había tenido un accidente vial unos días antes y tenía varias fracturas, con lo cual, estando en la cárcel, su salud se deterioró considerablemente”, lo que generó masivas protestas hasta que obtuvo la prisión domiciliaria 26 días después. Soria, por su parte, fue detenido el 31 de marzo al presentarse a una audiencia judicial, quien detalla el armado: “En la causa, los vecinos son acusados de agrupación para la cohesión ideológica, un delito asimilable al terrorismo que fue incorporado al Código Penal en la época de la Triple A”, y señala la incongruencia de que “un delito de jurisdicción federal viene siendo juzgado por la Justicia provincial. El denunciante hizo desfilar a 20 testigos y ninguno pudo asegurar que fue amenazado, con lo cual, al día de hoy y con todos los meses transcurridos, no hay ninguna prueba”.
A pesar de las múltiples irregularidades y de que la Justicia federal advirtió que la figura de «agrupación para la cohesión ideológica» no está aprobada, la causa contra los referentes ambientales sigue vigente, demostrando la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política al servicio de los intereses mineros. La estrategia se complementa, denuncia Soria, con una pauta multimillonaria para comprar a todos los medios: “En lo que va el año, por ejemplo, se han gastado 12.000 millones de pesos, una cifra que representa aproximadamente la mitad de lo que dejaría en un año de regalías la Minera San Jorge, o para que se den una idea, aproximadamente el 0,5% del presupuesto provincial”.
El 29 de agosto de 2025, durante una manifestación pacífica contra el proyecto megaminero, Facundo Gollano fue detenido por las fuerzas policiales. Según la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, la policía “le inventó primero una acusación de intento de robo, porque supuestamente se había robado la bicicleta o había querido robarse la bicicleta a un policía. Después le cambiaron la imputación por daño agravado”. Los policías involucrados en su detención están actualmente “acusados de falso testimonio”, según denunciaron. Facundo permaneció detenido durante más de 100 horas, siendo liberado recién el 2 de septiembre. Su caso no está cerrado; las organizaciones lo consideran el “tercer preso político del gobernador Alfredo Cornejo” y exigen el archivo del proyecto San Jorge, la sanción de la ley del Área Protegida, la libertad y desprocesamiento de sus referentes y de Gollano, y la nulidad de las causas “inventadas”.
Desde Caleta Olivia, a más de 2000 km de distancia, Silvia Ocaña, madre de Facundo, viralizó videos por redes sociales que llegaron a distintos medios. En conversación con nuestro medio, Silvia dijo: «Me gustaría hacer un llamado a la ciudadanía, a la gente que vive en este territorio argentino: están sucediendo cuestiones muy, muy desafiantes y deberíamos, de alguna manera, encontrar una forma de organizarnos. Necesitamos construir, entre todos, un espacio de paz con ideas y con ganas, porque esta intromisión de intereses sectoriales solo logra dañarnos y enfrentarnos unos contra otros. Hago un llamamiento a la paz, a la coherencia humana, a la humanidad de cada ser que compone este tejido social. Lo que está pasando nos desangra».
El biólogo y filósofo Guillermo Folguera, investigador del CONICET, analiza el conflicto desde una perspectiva macro: “La situación de Mendoza está dejando en carne viva lo que significa el proyecto extractivista, el proyecto nacional que está obviamente en marcha y la complicidad de los gobiernos provinciales”.
Folguera desmonta el argumento de que la megaminería de cobre es necesaria para la “transición energética” y explica: “Esta forma de resolver un problema real, que es la crisis climática, evidentemente la megaminería de cobre no va a resolver, sino que, por el contrario, va a profundizar los problemas globales, regionales y locales vinculados con el ambiente”. El investigador atribuye el impulso del proyecto al aumento del precio internacional del cobre, lo que “le genera a las grandes corporaciones la posibilidad de comprar a actores gubernamentales, legislativos y judiciales a su beneficio y despreciar las prioridades vinculadas con el cuidado social y ambiental”.
La lucha en Uspallata lleva 17 años. “Lo que se nos pretende imponer como un hecho consumado, en definitiva, no lo es… no lo ha sido en los últimos 17 años y no lo es en el día de hoy. Por eso, seguimos y vamos a seguir con la lucha”, concluyen desde Uspallata con las convicciones firmes, a pesar de la represión, el lawfare y el poder económico en contra.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.
