Jornada de lucha contra el gatillo fácil: “No dejemos solas a las familias”
Este 2025, la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil (MNCGF) en Córdoba toma la forma de una concentración con merienda popular e intervenciones artísticas. La invitación es el miércoles 27 de agosto, desde las 17:30 horas en el Paseo Marqués de Sobremonte, frente a Tribunales I.
Llega agosto y en Argentina circula cada vez con más fuerza la consigna “Basta de gatillo fácil”. La movilización que denuncia los asesinatos que comete el Estado en democracia y exige justicia por sus víctimas lleva más de una década ocupando calles y redes. En Córdoba, su 11ª edición incluye mate cocido y pan casero hecho por madres y familiares de las víctimas: luchadoras que impulsan el movimiento antirrepresivo cordobés desde hace más de diez años.
“En los barrios populares, la estamos pasando muy mal“, dice Romina Ludueña, integrante de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil y tía de Rodrigo Sánchez, asesinado por la Policía de Córdoba en 2015. Rápidamente, menciona el recrudecimiento de la represión, pero también la crisis económica, el hambre, las mujeres que se ocupan de sostener comedores y copas de leche en los barrios.
En este contexto, la invitación de este año resalta la importancia de ocupar el espacio público, pero con protagonismo de la ronda y el intercambio. “Lo vamos a hacer desde lo más adentro de nuestros corazones, reencontrarnos con las familias, darles un abrazo, abrazarnos con los compañeros y compañeras que nos han apoyado durante, por lo menos, estos diez años. Esto es lo que nos hace fuertes”, dice Gabriela Sanso, madre de Rodrigo. El mes que viene, se cumplen 10 años de su asesinato y todo ese tiempo estuvo ocupado por la fuerza y determinación de conseguir justicia, enfrentando la violencia del Poder Judicial. Finalmente, en 2024, consiguieron un culpable. “Lo logré. Una condena vergonzosa, pero tengo un culpable y no lo conseguí sola”, dice Gabriela y recuerda el momento en que el tribunal otorgó tres años y medio de prisión no efectiva al expolicía Lucas Gastón Carranza.
Los gobiernos pasan y la represión sigue avanzando
De acuerdo con el último informe publicado por CORREPI, entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de febrero de este año, el Estado asesinó a 9.672 personas en todo el país. 549 de esas muertes corresponden a la gestión de Javier Milei. En los primeros 14 meses de su gobierno, se contabilizaron 143 fusilamientos de gatillo fácil. En 2024, se relevaron 339 muertes bajo custodia y 19 en los primeros 40 días de 2025.
Durante el «Festival contra el gatillo fácil» que se realizó el pasado sábado 23 en el Centro Cultural La Piojera, las madres recuperaron un dato local, publicado por el periodista Lea Ross en La luna con gatillo: en los últimos tres gobiernos provinciales, hubo 11 ministros de Seguridad y 11 jefes de Policía. Estadísticamente, se podría decir que los tres gobernadores (José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y Martín Llaryora) tuvieron tres escándalos policiales, entre delitos como narcotráfico, acuartelamientos, asesinatos, contrabando y encubrimiento.
«Esto demuestra lo que siempre decimos: no es un solo policía, es toda la institución. Los casos de gatillo fácil no son hechos aislados, son asesinatos sistemáticos. Siempre lo repetimos: cada 18 horas asesinan a un pibe o una piba a lo largo y ancho del país. A la hora de reprimir, saben a dónde van a pegar, saben el daño que van a causar, pero no les importa porque están siendo avalados por una institución policial, por el Estado y el gobierno de turno. Porque los gobiernos pasan y la represión sigue avanzando. Eso demuestra que no importa quién esté arriba, sino que el blanco siempre somos los que menos tienen”, destacó Romina.
En el festival, también participaron Lorena y Guillermo, padres de Ezequiel Castro. Tenía 21 años cuando murió en el Hospital Misericordia, en 2022, después de haber sido detenido arbitrariamente y torturado bajo tutela estatal en la UCA. Solidaria con las demás causas e incansable en su búsqueda, su familia se moviliza constantemente por todos los rincones de Córdoba para denunciar lo que pasa puertas adentro de las instituciones que deben proteger nuestros derechos.
Según informes oficiales, entre 2001 y fin de 2023, Argentina pasó de 34.000 personas privadas a 125.041. El hacinamiento de las personas privadas de su libertad es una de las principales problemáticas que las organizaciones de derechos humanos denuncian. Esta semana, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura publicó el informe de la inspección realizada a la provincia de Córdoba entre el 10 y el 12 de junio de 2024, donde releva la situación de establecimientos de encierro como la Unidad Penal n.° 3, el Complejo Carcelario n.° 1 Reverendo Francisco Luchesse, la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), el Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas (CRPPA), el Centro Psico Asistencial (CPA) y el Hospital Neuropsiquiátrico.
Entre muchos datos alarmantes, el documento revela que, entre 2020 y 2023, se produjeron 94 muertes bajo custodia penitenciaria, con un promedio de 24 casos anuales. Destacan que “los datos publicados por SNEEP en años anteriores muestran que esta provincia registraba, entre 2014 y 2019, un promedio de 14 muertes por año, por lo que la mortalidad bajo custodia penitenciaria fue en aumento”.
A su vez, arroja información sobre la problemática de la superpoblación en estas instituciones: en 2024, la UCA albergaba a 1147 personas, cuando posee una capacidad de 590 plazas. A esto se suma el maltrato y la violencia que viven las personas privadas de su libertad: el informe reporta la aplicación de 1020 medidas de sujeción entre el 1 de agosto del 2022 y 15 de febrero del año 2024. Un promedio de aproximadamente dos sujeciones por día. Del total, solamente seis de estas medidas fueron aplicadas por “cuadros de excitación psicomotriz ―que podrían justificar la medida, en tanto y en cuanto se hayan agotado otras instancias menos restrictivas―”.
No es la primera vez que la Comisión alerta sobre la utilización de medidas prohibidas por ley y pasibles de ser sancionadas. En este sentido, destacan que, habiendo notificado a las autoridades competentes en el pasado, no se iniciaron actuaciones para revisar su aplicación, investigar y/o sancionar a los responsables.
Mientras todos estos datos se recolectan y publican ―aun sabiendo que siempre son incompletos―, el Gobierno nacional, con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad, acentúa un discurso violento de “mano dura” que promueve la violencia policial y la justicia por mano propia. Romina remarca que asesinar por la espalda es incumplir la ley y que en ningún caso la policía puede aplicar una pena de muerte: “También le decimos a esa parte de la sociedad que está de acuerdo con estos casos, que dice: ‘Ah, pero por algo lo mataron, algo estaba haciendo’, que acá no nos fijamos qué es lo que estaban haciendo, nos fijamos en lo que les hicieron. Los tiros fueron certeros, fueron por la espalda, fueron a la cabeza. La intención era clara, era matar, es matar”.
Luchar sirve
La 11MNCGF no renuncia a un nombre que refiere a su historicidad. En el camino, llegaron a juicio numerosas causas que, sin la movilización de familias y organizaciones, estarían cerradas o cajoneadas. Sin embargo, cada victoria de esta lucha está teñida de un dolor intrínseco: nadie quiere salir a la calle para reclamar por un familiar asesinado por el Estado. Por eso, la compañía se vuelve fundamental.
“Una lo logró con un montón de años luchando, pero no quisiéramos que otras personas estuvieran en nuestros zapatos porque esto te desgasta física y psicológicamente. Nunca más volvés a ser el mismo. Pero hay familias que todavía siguen, como los papás de Ezequiel Castro y como otros chicos que han sido víctimas de gatillo fácil y su familia se ha animado a hablar y a visibilizar el caso. No los dejemos solos, los acompañemos, hagamos un momento para estar con ellos”.
Desde la organización de la 11MNCGF, destacan la fortaleza y la potencia de la resistencia. Las familias vienen creando un espacio para nombrar la violencia, las amenazas, las maniobras de encubrimiento, los policías que plantan armas, dan falsos testimonios, los fiscales cómplices, las causas cerradas, la impunidad, las maniobras de los medios de comunicación que disfrazan asesinatos de “enfrentamientos” y “legítima defensa”.
Pero también nombran a sus hijos, hermanas, sobrinos y amigas: crean sus altares, sus espacios para contar historias, para recordar a seres queridxs, para convocar al ritual y conocer cada vez más luchadoras y seguir gritando que todas las vidas importan. Por eso, la atención, la escucha y el cuidado ocupan el centro de esta invitación: “Acompañemos a todas estas familias que quedan en el camino, que están buscando la justicia para sus hijos. Porque ningún pibe nace chorro, ninguna madre tiene un hijo para que se lo mate la policía. Esto es lo peor que te pueden hacer, si te matan a un hijo, ¿qué es peor que eso? Pero queremos decirles a esas familias que salgan, que no tengan miedo. Nos van a amenazar, nos lo han hecho a nosotros, nos han reprimido, nos han amenazado, pero asimismo le hicimos frente y seguimos saliendo y visibilizando lo que nos estaba pasando”, concluye Romina.
Jornada de lucha contra el gatillo fácil. Miércoles 27 de agosto a las 17:30 h en el Paseo Marqués de Sobremonte, frente a Tribunales I.
*Por Jazmín Iphar para La tinta / Imagen de portada: La tinta.
