La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el proyecto de muerte asistida
Con 64 votos a favor y 29 en contra, el martes a la madrugada la Cámara de Diputados en Montevideo dio media sanción al proyecto de Ley de Muerte Digna que regula la eutanasia para enfermedades incurables o sufrimientos insoportables. Uruguay da un gran paso en la región y podría convertirse en el primer país de Latinoamérica en tener ley, además de Colombia y Ecuador, que tienen despenalizado este derecho mediante fallos judiciales. Se espera que se vote en el Senado antes de fin de año.
Actualización. 16/10/2025
Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en regular la eutanasia y sigue siendo pionero en ampliación de derechos. Dos meses después de que la Cámara de Diputados votara afirmativa, este 15 de octubre el senado uruguayo, con 20 votos de 3 -con los votos del Frente Amplio, la senadora nacionalista Graciela Bianchi y dos miembros del Partido Colorado-, finalmente aprobó la Ley de Muerte Digna que legaliza la eutanasia, al regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir.
«El debate sobre la muerte asistida no es nuevo, pero esta vez la sociedad y el Parlamento han avanzado en reconocerlo como un derecho. Cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida», expresó el diputado Luis Enrique Gallo del Frente Amplio. Con 64 votos a favor y 29 en contra, anoche en Montevideo, después de 12 horas de debate, se aprobó la Ley de Muerte Digna, que regula y garantiza “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”. El texto aprobado detalla que la medida busca ofrecer una muerte “indolora, apacible y respetuosa” a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos.
Contaba con el apoyo del Frente Amplio (FA) y el Partido Independiente, el rechazo de Cabildo Abierto e Identidad Soberana, y opiniones divididas en el Partido Nacional y al Partido Colorado (PC). No es la primera vez que en el país vecino se debate el tema en el recinto. Ope Pasquet del PC, a comienzos del 2020, antes de la llegada de la pandemia, presentó un proyecto titulado “Eutanasia o suicidio médicamente asistido”. En octubre de 2022, se aprobó en Diputados y no logró avanzar al Senado.
La diputada del FA e integrante de la Comisión de Salud, Cristina Lustemberg, expresó ayer que el proyecto fue diseñado a partir del estudio de legislaciones nacionales e internacionales, y escuchando a diversos sectores en sus distintas concepciones. “Nadie puede ingresar al fuero íntimo del enfermo e intentar siquiera cuestionar o calificar el tipo de padecimiento que experimenta una persona, y que la nota de un dolor insoportable solamente puede darla la propia persona, en su subjetivismo, teñido de todos los aspectos que conforman, entre otras cosas, su personalidad”, detalló.
La consultora uruguaya Cifra realizó una medición y, en mayo de este año, publicó que el 62% de la población uruguaya está de acuerdo con la eutanasia. “No es una opinión del momento. Desde 2020, registramos una cómoda mayoría a favor de la legalización y solo una minoría en contra. Los juicios se mantuvieron estables hasta 2022 y en esta medición se registra un crecimiento de 7 puntos (de 55 a 62%) de los juicios favorables y una caída de 1 punto (de 25 a 24%) de los juicios en contra. De todos los grupos analizados, en el único grupo donde la mayoría absoluta (51%) está en contra de legalizar es en el de las personas que se consideran religiosas practicantes, que son el 16% del total de adultos”, indicaron en el informe.
El presidente Yamandú Orsi acompañó el proyecto y en entrevistas a la prensa señaló: “Estoy de acuerdo en la medida que se extremen los cuidados y las garantías. Por eso, el proceso de discusión ha sido muy productivo y los cambios que se han producido son muy necesarios”. El diputado del FA, Federico Preve Cocco, que también es neurólogo, manifestó que «sería el primer país de Latinoamérica que tenga un marco regulatorio completo, definitorio. Con esta ley, se regula el contexto, la definición, el procedimiento y se elimina el delito”.
El proyecto de ley que lleva de nombre Muerte Digna regula la muerte asistida o eutanasia, lo que significa la voluntad de transcurrir dignamente el proceso de morir. Porque si pensamos en la dignidad durante la vida, ¿por qué no en la muerte?
El proyecto establece y garantiza el derecho de las personas a morir dignamente bajo circunstancias específicas, con un sistema de garantías. “Pueden ampararse a esta ley las personas que cumplan las siguientes condiciones: mayores de edad, psíquicamente aptas y cursar la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o padecer sufrimientos insoportables como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, que impliquen un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Podrán acogerse los ciudadanos uruguayos naturales o legales, y extranjeros con residencia habitual fehaciente en el país”.
De lo que se ha conocido del proceso que establece el proyecto, se comienza con una solicitud presentada por el paciente ante el personal de salud; en caso de no poder firmar, otra persona lo puede hacer en presencia del solicitante y médico. Luego, se prevé un control de admisibilidad, donde el profesional actuante verifica que se cumplan las condiciones requeridas y que su voluntad sea «libre, seria y firme». En caso contrario, se rechaza. Si se cumplen los requisitos de admisibilidad, la solicitud se somete a una segunda opinión médica en un plazo no mayor a cinco días. Si se confirma la solicitud, el procedimiento continúa. En caso de discordancia, actúa una Junta Médica, que se expedirá en un plazo no mayor a cinco días. En caso de ratificarse fehacientemente su voluntad de poner fin a su vida, se procede a la siguiente etapa. En una segunda entrevista, se declara la última voluntad ante testigos y luego el médico actuante procederá a cumplirla cuando y donde el paciente lo decida. La voluntad del paciente siempre es revocable.
Todos los prestadores integrales de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) están obligados a ofrecer los servicios necesarios para el ejercicio de este derecho. Y se establece el derecho de objeción de conciencia. Quienes participen en el proceso conforme a la ley no cometen delito y están exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole, y se deroga el artículo 46 de la Ley n.º 19286 (Código de Ética Médica), que establecía que la eutanasia activa era contraria a la ética de la profesión.
Ahora queda que la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, integrada por nueve legisladores, lo apruebe y pase a votación en la Cámara Alta. Y una vez más, Uruguay estaría un paso adelante en la región en ampliación de derechos.
La eutanasia siempre es un tema muy incómodo, porque no solo habla de la muerte, sino que pone en discusión la forma en que entendemos la vida en relación con la muerte. En América Latina, Colombia fue el primer país en despenalizar la eutanasia vía la Corte Constitucional en 1997, pero recién en 2015 se llevó adelante la primera eutanasia legal. En 2021, se reabrió el debate con Martha Sepúlveda, a quien le cancelaron la eutanasia un día antes, quien tenía ELA, pero no estaba en su etapa de terminalidad. En 2022, quedó despenalizada, pero aún no se avanzó en una ley regulatoria. Ecuador, en febrero de 2024, a partir de la sentencia de la Corte Constitucional que legalizó la muerte digna, el Ministerio de Salud Pública emitió un reglamento para el procedimiento de aplicación de eutanasia.
En Argentina, contamos con la Ley 26529, conocida como Ley de Derechos del Pacientes, Historia Clínica y Consentimiento Informado, y Ley 26742 de Muerte Digna de 2012, que autoriza la posibilidad de rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida en pacientes con síntomas terminales o irreversibles, e introduce las directivas anticipadas. En el Congreso nacional, duermen al menos cuatro proyectos de ley presentados para regular el derecho a una muerte asistida.
*Por Verónika Ferrucci para La tinta / Imagen de portada: Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.
