Emergencia en discapacidad: tras el veto presidencial, crece la presión para que el Congreso sostenga la ley votada por amplia mayoría
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en julio con el apoyo de casi todo el arco político y un fuerte acompañamiento social. Entre otras medidas, preveía la regularización de pagos a prestadores, compensaciones económicas para talleres, mejoras en pensiones no contributivas y un nuevo marco para el Certificado de Discapacidad. El Gobierno nacional decidió vetarla, argumentando que no puede sostener su costo fiscal, a pesar de que representa menos del 0,5% del PBI. Organizaciones preparan una nueva movilización en todo el país y reclaman que el Congreso insista con la norma. «El desequilibrio es social, no fiscal», remarcan desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI).
A comienzos de julio, el Congreso nacional sancionó por amplia mayoría la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma impulsada por organizaciones sociales, legisladores de distintos bloques y respaldada en las calles por miles de familias, prestadores y personas con discapacidad. El objetivo era garantizar la continuidad de las prestaciones básicas en un contexto de recortes presupuestarios, retrasos en los pagos y creciente desprotección. Sin embargo, el presidente Javier Milei firmó este sábado el veto ya anunciado.
La ley declaraba la emergencia del sector hasta diciembre de 2027 y proponía medidas urgentes para reforzar el acceso a la salud, el transporte, la educación, el trabajo y los apoyos institucionales para personas con discapacidad. Entre sus ejes centrales, preveía la regularización de pagos atrasados a prestadores del sistema, muchos de los cuales atraviesan una grave crisis económica, y la actualización mensual de los aranceles para evitar que la inflación termine licuando los ingresos del sector.
El proyecto también proponía una reestructuración del sistema de pensiones no contributivas, con el objetivo de garantizar su financiamiento adecuado y revisar los criterios de acceso y permanencia en el beneficio. Además, se establecía la necesidad de transparentar la ejecución presupuestaria vinculada al área, obligando al Poder Ejecutivo a rendir informes públicos y periódicos sobre las políticas implementadas. Otro punto central de la norma era la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), con nuevos lineamientos definidos en articulación entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Consejo Federal de Discapacidad. La idea era incorporar un enfoque más integral, considerando no solo las condiciones médicas, sino también las barreras sociales, acercando la política de certificación con los estándares internacionales de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad.
Además, la normativa destinaba recursos específicos para el sostenimiento de talleres protegidos y centros de día, e incluía una compensación de emergencia para las instituciones que prestan estos servicios. Finalmente, reafirmaba la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público, un derecho muchas veces vulnerado en la práctica.
Un veto con sello ideológico
A pesar del consenso logrado —149 votos afirmativos en Diputados y acompañamiento casi unánime en el Senado—, el Poder Ejecutivo decidió frenar la iniciativa. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida por Diego Spagnuolo, se rechazó el proyecto por considerarlo una «iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado». En su argumentación, el Gobierno afirmó que la ley no se alinea con los estándares internacionales y que posterga la «verdadera inclusión».
La crítica no fue solo conceptual. También fue fiscal. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró que «no existen los recursos» para sostener el incremento de partidas que exige la ley y anticipó que cualquier intento legislativo de aumentar el gasto sería vetado. «Por más que lo voten, no se puede aprobar una ley así. El Ejecutivo la va a vetar», dijo antes de que se oficializara la decisión.
Más allá del rechazo explícito, el Gobierno desplegó una estrategia dilatoria que estiró durante semanas la firma del veto, a pesar de que las leyes ya habían sido aprobadas en ambas cámaras. Esa demora no fue casual: desde la Casa Rosada buscaron evitar que el debate regresara de inmediato al Congreso, donde el oficialismo teme una derrota si la oposición logra los dos tercios necesarios para insistir con la norma. En paralelo, iniciaron negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados para sostener el rechazo, con ofrecimientos que van desde Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hasta acuerdos electorales de cara a octubre.
Mientras tanto, las organizaciones del sector se mantienen movilizadas. La Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), que agrupa a personas con discapacidad, familias, profesionales e instituciones, llamó a una Jornada federal de paro, movilización y clase pública para este martes 5 de agosto: «La emergencia en discapacidad es ley, que se cumpla».
CÓRDOBA
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Desde ATI, aseguran que el impacto fiscal de la norma no justifica el veto. «El costo no llega ni a un centésimo del PBI. Los viajes presidenciales, sus comitivas y las exenciones impositivas selectivas promueven un sistema desigual. La crueldad presidencial no tiene argumentos. El desequilibrio es social, no fiscal», afirman en su comunicado.
También desde la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos expresaron su repudio a la decisión del Ejecutivo: «Desoyendo las millones de voces no solo del colectivo de personas con discapacidad, sino de toda la sociedad argentina, el Gobierno plasma con su veto el sello de una política de la crueldad, maquillada con la falacia del equilibrio fiscal», expresaron en sus redes. En diálogo con La tinta, Martín Passini agregó: «Ahora es el momento en que los legisladores tienen la posibilidad de ponerse a la altura con dignidad y sostener la vigencia de la ley lograda en el Congreso nacional. El movimiento de la discapacidad ya está en las plazas, en las redes, en los medios, sosteniéndonos entre todos, como podemos, pero más unidos que nunca».
En los últimos días, la Mesa junto a la Federación Converger, la Cámara de prestadores Capredis y ATI impulsaron una campaña que se viralizó en las redes sociales: Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal. En ella, personas con discapacidad, familiares y trabajadores del área expresan sus testimonios y demandas. Lo presentan como una campaña colectiva, que más allá de haber sido trabajada por estas organizaciones, apunta a ser apropiada por todo el colectivo de organizaciones de Córdoba. Por ello, se firmó como «Córdoba defiende la Ley de Emergencia en Discapacidad». Los videos y piezas realizadas circularon por todo el país, en articulación con otras producciones de organizaciones de diversas provincias.
Además, la Mesa junto a las organizaciones nacionales ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Asociación Civil Andar presentaron una comunicación al Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) que reúne a las autoridades de discapacidad de la nación y las provincias: «El veto no solo profundiza esta emergencia, sino que constituye una respuesta inadmisible en términos éticos, sociales y jurídicos. Aunque exista la necesidad de rediseñar el sistema en su conjunto, ya sea para asegurar su sostenibilidad financiera en el largo plazo como para promover que los servicios que cubren sean acordes a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), se requiere una inyección de recursos urgente a fin de evitar su colapso. El veto no se funda en promover la mejora del sistema y su adecuación a los compromisos internacionales, sino que no hace más que desfinanciar sin brindar ninguna respuesta alternativa». La nota formal concluye solicitando «a cada una de las personas que integran el Consejo Federal de Discapacidad que realicen todos los esfuerzos posibles para expresar a diputadas, diputados, senadoras, senadores y gobernadores de sus provincias la urgente necesidad de respaldar la Ley de Emergencia y de rechazar cualquier intento de veto o judicialización».
Las mismas organizaciones habían presentado diversos informes al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En el marco del debate legislativo por esta ley, la vicepresidenta de ese organismo y relatora para Argentina, Amalia Gamio, había expresado: «Los derechos de las personas con discapacidad están en alto riesgo en su país y es fundamental que los tres niveles de gobierno se asocien con las organizaciones de las personas con discapacidad para que entiendan la importancia del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que su país firmó y ratificó (…) la Argentina está obligada a cumplir».
Con el veto ya firmado, el futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad queda ahora en manos del Congreso. Para revertir la decisión del Ejecutivo, las cámaras deberán reunir una mayoría especial de dos tercios, un escenario difícil, pero no imposible si la oposición logra consolidar el respaldo político que tuvo en la votación original. Mientras tanto, organizaciones del sector preparan nuevas acciones de protesta en todo el país para sostener el reclamo. La próxima sesión legislativa será clave para definir si la ley vuelve a tomar fuerza o queda archivada bajo el argumento del ajuste fiscal.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: ATI.
