Candonga en conflicto: pese al fallo judicial que ordena paralizar el loteo, el emprendimiento sigue activo y el Estado ausente
En la cuenca alta del río Chavascate, donde nace el agua que abastece a Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul, la empresa Ticupil S.A. intenta avanzar con un barrio privado sobre bosque nativo protegido. Aunque en junio de 2024 la Cámara de Apelaciones declaró la nulidad de la Resolución 1200/2010 que autorizaba el emprendimiento inmobiliario en Candonga, el fallo aún no se cumple. La empresa continúa construyendo en zona roja de máxima protección ambiental, violando la Ley 9814 y la sentencia judicial. El Gobierno de Córdoba, también condenado, no presentó los informes de control que debía entregar bimestralmente. «Pedimos la ejecución de la sentencia porque el fallo no se está cumpliendo. A julio de 2025, siguen las obras y el Estado sigue ausente», denuncia Lucía Castellano, integrante de la Asamblea de Vecinos del Chavascate.
La Asamblea de Vecinos del Chavascate lleva más de una década resistiendo el avance de un emprendimiento inmobiliario ilegal en Candonga, en el corazón de las Sierras Chicas. En una zona categorizada como roja por la Ley de Bosques Nativos de Córdoba, donde se prohíbe cualquier tipo de desarrollo que afecte al ecosistema, la empresa Ticupil S.A. insiste en construir un barrio privado. La historia de este conflicto refleja con claridad el modo en que el extractivismo inmobiliario se articula con el poder político, violando normativas ambientales, desconociendo sentencias judiciales y poniendo en riesgo el agua y la salud socioambiental de la comunidad. A pesar de una sentencia judicial firme que declaró la ilegalidad del proyecto, ni la empresa ni el Gobierno provincial han acatado el fallo.
¿Dónde queda Candonga y qué está en juego?
Candonga está ubicada en la cuenca media-alta del río Chavascate, en la región de Sierras Chicas, dentro del departamento Colón, provincia de Córdoba. En esa zona, se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Candonga, un Monumento Histórico Nacional construido en el siglo XVIII. Pero además de su valor cultural, se trata de una zona roja de máxima protección ambiental según la Ley provincial 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Esta clasificación se encuentra formalmente reconocida en el mapa oficial del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), aprobado como anexo de la Ley provincial 9814, en plena vigencia. La zona de Candonga, comprendida en la cuenca media-alta del río Chavascate, fue categorizada como «Categoría I – Zona Roja», lo que significa que debe ser preservada en su estado natural y está expresamente prohibida la realización de desarrollos inmobiliarios, desmontes o cualquier tipo de modificación del bosque nativo. Esta categorización fue incluso reconocida en el fallo judicial de la Cámara Cuarta, así como por el propio exsecretario de Ambiente, Raúl Costa, quien aprobó el proyecto en 2010, pese a saber que se trataba de una zona de máxima protección. Esta contradicción con la normativa vigente es lo que llevó a declarar la resolución como “nula de nulidad absoluta”.
El río Chavascate, que nace en Candonga, abastece de agua a las localidades de Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul. Su conservación no es solo una cuestión ambiental, sino también vital: si se daña el monte en su cabecera, se alteran los equilibrios hidrológicos que sostienen a estos pueblos.
El proyecto y las primeras resistencias
El conflicto comenzó en 2008, cuando la empresa Ticupil S.A. presentó un proyecto para desarrollar un emprendimiento inmobiliario de más de 300 lotes en plena zona roja. En ese momento, aún no se había sancionado la Ley 9814, pero el rechazo fue contundente. “Ya entonces se advertía el daño que generaría sobre la capilla y sobre el ecosistema de la cuenca”, recuerda Lucía Castellano, integrante de la Asamblea, en diálogo con La tinta.
En 2009, la Secretaría de Ambiente rechazó el proyecto considerando el dictamen negativo de la Dirección de Patrimonio Cultural y las denuncias de vecinos. Sin embargo, apenas un año después y ya vigente la Ley de Bosques Raúl Costa, el entonces secretario de Ambiente, aprobó de forma inexplicable un nuevo aviso de proyecto. En 2010, se dictó la Resolución 1200, que dio vía libre al emprendimiento, pese a reconocer que se trataba de zona roja.
En palabras del abogado de la Asamblea, Juan Smith: «Esa resolución fue absolutamente ilegal. Se otorgó una licencia ambiental violando las leyes vigentes, lo que motivó un Amparo y una denuncia penal que aún espera llegar a juicio oral». Smith enfatiza que permitir desarrollos urbanos en zona de bosque nativo de máxima protección implica «una amenaza directa al derecho al agua, a la salud y al ambiente sano».
La justicia que llega y no cumple
En 2013, se presentó el amparo ambiental. Recién en 2019 —seis años después—, el Juzgado dictó una medida cautelar para suspender toda actividad en Candonga y se realizaron más de 30 denuncias ante la Policía Ambiental. Sin embargo, Ticupil S.A. ignoró esa orden. Según una pericia realizada en febrero de 2024, más de la mitad de las 23 construcciones registradas fueron realizadas violando esa cautelar.
Finalmente, el pasado 5 de junio de 2024, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación de Córdoba declaró la nulidad absoluta de la Resolución 1200 por ilegalidad manifiesta. El fallo ordena la paralización definitiva del emprendimiento, prohíbe nuevas obras y obliga tanto a la empresa como al Gobierno provincial a presentar informes de remediación y control.
Pero nada de eso ni ocurrió ni ocurre. «Pedimos la ejecución de la sentencia porque el fallo no se está cumpliendo. La empresa sigue construyendo. El Gobierno no presentó los informes requeridos. A julio de 2025, la desobediencia es total», denuncia Castellano. La Provincia de Córdoba, explican desde la organización vecinal, debía elevar un informe bimestral sobre el estado y avance de todo lo atinente a la protección del bosque nativo en la zona y, a julio de 2025, dichos informes no han sido incorporados al expediente.
Para Smith, esto revela una grave falencia institucional: «En materia ambiental, no hay nada más peligroso que una sentencia que no se cumple. Es el derecho decorativo. Por eso, estamos solicitando la apertura del proceso de Ejecución de Sentencia, que es el único camino posible para que este fallo tenga efecto real y se respete el orden público ambiental», señala el abogado.
La Asamblea de Vecinos del Chavascate tiene ya décadas organizándose. Sus primeros antecedentes se remontan a 1995, pero fue en 2013 cuando iniciaron una etapa de asamblea permanente. Han desarrollado actividades culturales, acciones legales, articulaciones con espacios académicos y otras asambleas. En este proceso, se ha consolidado una perspectiva integral: el agua no es solo un recurso, sino un bien común, cultural, simbólico y vital: «No tenemos una visión ingenieril y utilitaria del agua. Fabián López nos dijo cuando vino a Candonga: ‘El agua no es un problema, la traemos de otro lado’. Hoy, tenemos el Acueducto Sierras Chicas Norte, que merecería todo un análisis aparte, pero claramente no es la solución».
«El río es mucho más que provisión de agua. Es el alma de nuestros pueblos, lugar de encuentro, de intercambio, lugar de vida. Es un sistema complejo y dinámico, que incluye fuertemente aspectos socioculturales como parte del necesario equilibrio para garantizar salud ambiental. Si se sigue dañando el monte nativo, especialmente en la cabecera de cuenca, nos vemos expuestos tanto a sequías como a inundaciones, como la que ya hemos vivido en 2015», dice Castellano.
Impunidad ambiental y complicidad política
Raúl Costa, quien firmó la Resolución 1200, fue condenado en 2023 por otro caso similar en San Antonio. La causa penal por abuso de autoridad en el caso Candonga fue elevada a juicio por el fiscal Matías Bornancini, pero aún está frenada por una apelación presentada por la defensa de Costa. «Debe haber memoria, verdad y justicia ambiental. Y eso implica que los funcionarios que violan la ley sean juzgados en juicio oral y público», sostiene Smith.
La Asamblea denuncia que el accionar del Gobierno provincial revela una política ambiental que privilegia el negocio por sobre la ley. «La provincia habla de sustentabilidad, pero sigue aprobando obras regresivas y facilitando el avance inmobiliario sin el más mínimo criterio ambiental», denuncian en un comunicado reciente. Y agregan en diálogo con La tinta: «La Provincia sigue en la misma línea, en absoluta disociación con su discurso verde, aprobando leyes absolutamente regresivas, mucho más permisivas, proponiendo obra pública como infraestructura vial sin el más mínimo criterio ambiental».
«El monte no se toca, Candonga no se toca». La defensa del río Chavascate, de su cuenca, de su gente y de sus territorios sigue firme. En un contexto donde más de 140 causas ambientales duermen en cajones judiciales, la Asamblea se pregunta: ¿será que la impunidad con que se mueve Ticupil S.A. tiene sustento en la política ambiental que viene sosteniendo desde hace años la Provincia de Córdoba? ¿Será también que confía en que “la Justicia” guarde cierta complicidad con esta política?
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Asamblea de Vecinos del Chavascate.
