Católicas por el Derecho a Decidir: «La OEA está polarizada por la batalla cultural que libra la derecha»
El Gobierno argentino intentó vetar de forma arbitraria la participación de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) en la 55ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), acusando a la ONG del posicionamiento favorable al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La decisión no es vinculante y las integrantes de CDD, Analía Mas y Rocío García, fueron las encargadas de presentar un documento que denuncia recortes, retrocesos y censura contra quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos en la región, a pesar del esfuerzo de la Cancillería argentina de silenciarlas.
Por Iñaki Rubio Mendoza para La tinta
El Gobierno de Javier Milei intentó excluir la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) de la 55ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). No obstante, al no ser vinculante el veto, pudieron participar en la cumbre que se está celebrando en Antigua y Barbuda, del 25 al 27 de junio. Las abogadas Analía Mas y Rocío García Garro fueron las encargadas de presentar un documento que denuncia recortes, retrocesos y censura contra quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos en la región, a pesar del esfuerzo de la Cancillería argentina de silenciarlas. “Recibimos muchísima solidaridad por parte de muchos países”.
La Asamblea es el órgano superior de la OEA y se reúne anualmente para elegir a sus representantes y debatir sobre los principales problemas que atraviesan a los 34 Estados miembros que la componen. Durante estos días, se trataron temas como la crisis de Haití, la salud mental, la disputa sobre la soberanía de las Malvinas o la influencia geopolítica externa, entre otros. Asimismo, Everly Chet, actual Canciller de Antigua y Barbuda, fue elegido como nuevo presidente de la Asamblea y hoy tendrá lugar la votación del presupuesto para 2026 y las contribuciones de cada país.
“A principio de junio, nos enteramos a través del comunicado que el Consejo Permanente de la OEA suele enviar todos los años a las diferentes coaliciones que forman parte del organismo, en nuestro caso, a la de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR), que, además, nos tocó ser voceras este año. El texto informaba sobre los grupos que fueron elegidos para participar, categorizados por países y, al final de la lista, había una nota al pie que indicaba que el Gobierno de Argentina se ‘disociaba’ de nuestra inclusión en el listado de organizaciones argentinas, la única feminista por parte de nuestro país. Utilizaron la palabra ‘disociarse’ porque no tienen ninguna potestad de anular nuestra participación y quisieron desmarcarse, de esta manera, de lo que representamos”, cuenta Analía Mas.
El Gobierno que no se esconde argumentó su rechazo de manera explícita, según detalló Rocío García Garro: “La objeción impuesta por el Estado fue debido al posicionamiento público y sostenido de CDD en favor del derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”. En su “nota al pie” ante la OEA, la Administración argentina dice que “reafirma su compromiso con la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción”, y sostiene que CDD estaría violando el derecho a la vida, recogido en el artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. «El Estado no puede ignorar la vigencia de la Ley Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo, es una locura», dice Mas.
CDD denunció este hecho por constituir un intento de censura y hostigamiento, e instó a los Estados miembros de la OEA a rechazar cualquier acto que limite el ejercicio pleno de los derechos de las organizaciones de la sociedad civil. Afirmaron que “estamos ante una maniobra que sienta un precedente institucional alarmante, por atentar contra la participación libre, plural y democrática de esas organizaciones en los espacios multilaterales”. Ante esta situación, la organización feminista firmó una carta junto a 150 organismos sociales, académicos y de derechos humanos como Amnesty International, expresando su preocupación al secretario general de la OEA. La nota continúa abierta a adhesiones y pueden hacerlo rellenando este formulario.
Polarización en la cumbre
El posicionamiento por parte del Gobierno argentino no es un hecho aislado, “se inscribe en un patrón regional cada vez más extendido de persecución, estigmatización y criminalización hacia quienes defienden los derechos de las mujeres, de las personas LGBTTTIQ+ y de los sectores históricamente más vulnerabilizados”, denuncian los firmantes en la carta. Una batalla cultural abanderada por la extrema derecha continental tomó fuerza en los últimos años y también se libra en organismos multilaterales como la OEA. Se trata de una lucha por la hegemonía ideológica, liderada por Estados Unidos, quien amenazó con dejar de financiar el organismo.
Desde el año pasado, la presencia oficial argentina en los espacios internacionales tiene el mismo matiz de hacer retroceder al país en sus posicionamientos sobre derechos humanos y aliarse a los discursos conservadores. A fines de junio del año pasado, cuando aún estaba la canciller, Diana Mondino, y la embajadora ante la OEA, Sonia Cavallo, participaron en la 54ª Asamblea General de la OEA en Paraguay y la presencia de Úrsula Basset en la comitiva fue noticia por ser parte sin tener un cargo técnico y respondiendo a Karina Milei. Con una postura antiderechos, oponiéndose y objetando cada uno de los puntos vinculados a temas de género, y cuestionando el uso del término familias (en plural), llevó a la demora en la revisión del documento (así lo detallamos el año pasado en esta nota). Luego, fue designada como directora de Derechos Humanos en la Subsecretaría de Política Exterior. La misión de Basset fue clara: combatir la “agenda woke” en los organismos multilaterales, indica un informe realizado por la Revista Crisis junto al CELS.
La disociación que objeta el gobierno respecto a CDD no solo busca silenciar una voz incómoda, sino alinear la política exterior con la lógica interna del Gobierno de Javier Milei, poniendo en jaque el modelo de democracia regional. “Lo que antes se veía de forma velada, ahora se ve al desnudo; las posiciones dentro de la OEA son absolutamente binarias y, en los últimos años, la derecha viene ocupando espacios de las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de nombrar la mayor cantidad de autoridades afines a ellos”, dice Analía Mas.
Una reunión clave
En medio de este contexto regional de alta confrontación política, CDD tomó la palabra, tratando temas de género, derechos humanos y justicia social: «La participación de la sociedad civil es clave porque lleva voces plurales y reales de cada país; defendemos los derechos reproductivos y sexuales, denunciamos retrocesos democráticos, impulsamos el acceso a la justicia y visibilizamos violencias estructurales”. Aunque las resoluciones de la Asamblea no son jurídicamente vinculantes, sí tienen un fuerte peso político y diplomático, además de un impacto notable para la ciudadanía.
La abogada García Garro leyó la Declaración de la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos ante y para los representantes de las misiones de los Estados. “Los recortes a la cooperación internacional sufridos en 2025 ya han impactado en la vida de las mujeres, niñas y otras identidades, vulnerando sus derechos sexuales, reproductivos y aumentando la violencia de género. Esta reducción de fondos desacelera la respuesta a emergencias humanitarias, afectando su seguridad y bienestar; agravado por desastres naturales, conflictos y otras crisis. En relación al VIH, se estima que los recortes en la financiación sean la principal causa de nuevas infecciones y muertes”.
Además, insistió en lo indispensable que resulta que los Estados “adopten medidas integrales para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia sexual y reproductiva, incluyendo la prohibición de prácticas como la esterilización forzada, los procedimientos médicos sin consentimiento informado y cualquier forma de control violatoria de obligaciones a estándares internacionales”.
El embate que sufren los derechos sexuales y reproductivos no es solo en Argentina, sino a lo largo y ancho del continente. “Varias organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, Perú y Paraguay se han visto sometidas a herramientas que buscan controlar, silenciar y estigmatizar”. A la vez que remarcó la presencia de obstáculos y prohibiciones para el acceso al aborto seguro de forma absoluta, empujando a las mujeres y personas gestantes a poner en peligro su vida. Y en el caso de los países en los que es legal, subraya la restricción a los insumos esenciales. “Esta situación es especialmente crítica para mujeres y niñas con discapacidad, así como para aquellas que viven en contextos rurales, indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan barreras estructurales y múltiples formas de discriminación interseccional”.
Una vez más, en la voz argentina, el pedido a los Estados para que garanticen presupuesto para métodos anticonceptivos, la pastilla hormonal de emergencia, prevención y abordaje de VIH, así como el acceso al aborto y a otros servicios de salud sexual y reproductiva.
*Por Iñaki Rubio Mendoza para La tinta / Imagen de portada: OEA.
