Un territorio sin política: el retroceso del hábitat como derecho en Córdoba
Mientras en los diferentes estamentos de gobierno escasean las políticas públicas de acceso a la tierra y la vivienda, la sostenibilidad urbana y ambiental queda a manos de empresas desarrollistas y constructoras como Caminos de las Sierras, Edisur y Proaco, que priorizan la rentabilidad antes que el derecho a la vivienda propia.
Los desalojos en barrios Miralta, El Platito y Renacimiento durante la primera semana de junio evidenciaron un modelo de desarrollo urbano en Córdoba que se profundiza desde el 2023: el acceso a la tierra y la vivienda están controlados por intereses privados. Mientras las máquinas demolían viviendas bajo custodia policial, tanto funcionarios provinciales como municipales remitían sistemáticamente todas las decisiones a la empresa Caminos de las Sierras, evidenciando una alarmante privatización de la política habitacional.
Esto implica que, a la par que desarrollistas y constructoras definen trazas y garantizan sus ganancias -con normativas flexibilizadas a su favor-, el sector público socializa los costos: un déficit habitacional agravado por hacinamiento, precariedad, aumento de tarifas en servicios, alquileres usureros y sistemas de créditos insostenibles.
El resultado es una paradoja: quienes especulan con la tierra y la vivienda deciden quiénes pueden acceder y bajo qué condiciones. La pregunta no es si el modelo es eficiente -que por cierto, no lo es-, sino si es legítimo que el bien común, la sostenibilidad urbana y ambiental dependa de balances contables privados.
La hoja de ruta de barrio Miralta, diseñada por Caminos de la Sierras SA.
El miércoles 4 de junio, temprano, comenzó el desalojo en barrio Miralta, en el mismo sitio donde la firma Caminos de las Sierras S.A. planifica un nuevo carril de la colectora para el ingreso a la Capital desde la ruta 9 que va hacia Buenos Aires. Desde las 7 de la mañana, el operativo avanza en la franja que va desde Miralta hasta Los Platitos, que hace límite con el barrio Villa Boedo, con las máquinas ya derribando viviendas.
Con presencia de la Policía de Córdoba y equipos del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia y de la Dirección General de Hábitat y Escrituración Social de la Municipalidad de Córdoba, la situación en el barrio es caótica.
El cumplimiento del derecho a una vivienda propia para cualquiera de nosotras depende hoy del azar o el destino -en este caso puntual, el trazado vial-. En la lotería del sueño de la casa propia, donde la suerte es loca, el estar tan cerca de obtenerla, bajo reglas difusas, genera rupturas en los lazos comunitarios, barriales y familiares de quienes habitan allí, los más antiguos llevan en su espalda 15 años en el lugar.
Ese miércoles, el sector es un hervidero para las familias: angustia, incertidumbre, violencia institucional, y mucho quiebre de lazos familiares y comunitarios producto de la ruptura de lo que cada quien podía hacer ese día.
Se arman reuniones espontáneas de vecinas y vecinos en cada esquina del barrio, mientras los pibes caminan sobre los escombros de la vieja tapera para rescatar ladrillos y chapa. Se debate, se manifiestan familias que no fueron relevadas, se pide información. La planificación del operativo no fue con la comunidad y apenas un día antes, habían realizado el relevamiento de las familias que vivían allí.
Se relocalizaron unas 100 familias hacia viviendas en el barrio Zepa C, a unos 9km de Miralta, Renacimiento y el Platito. En el lugar, las viviendas de otras familias quedan partidas por uno de los accesos que pasa por allí; se le demolieron baños, habitaciones, fetas, trozos de sus casas para cumplir con esas disposiciones de retiro que estableció la agrimensura de la obra. Otras familias permanecerán allí, en la lucha histórica por el acceso a los servicios y a la urbanización de su barrio, con un temor latente al destrozo por la continuidad de la obra. Nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde llega.
Frente a las consultas a funcionarios públicos como Paulo Messori -director General de Hábitat y Escrituración Social- que se encontraban en el lugar respecto del plan de acción, una respuesta seca y precisa aclara el panorama: “Respondemos al pedido de Caminos de las Sierras S.A.”. Más adelante, al consultar de qué manera se gestionan arreglos y asistencias para esas casas que demolieron a la mitad en nombre del tránsito, otra vez, la misma respuesta: “Eso se arregla caso a caso con Caminos de las Sierras”.
Clarificados los interrogantes iniciales, nacen nuevas preguntas. Si el acceso a la tierra y a la vivienda está determinado por las trazas de Caminos de las Sierras S.A. ¿Será conveniente entonces acercarse a sus oficinas, o la caseta del peaje a solicitarles una vivienda? ¿Ese es el verdadero mostrador de la política habitacional cordobesa?
Siguiendo el rastro del cortejo fúnebre de las políticas públicas de acceso a la tierra y la vivienda
De un tiempo a esta parte, el camino recorrido de las políticas públicas de vivienda en la provincia de Córdoba sufre un derrotero poco feliz.
Actualmente, podemos decir que no hay programas ni proyectos destinados a resolver de manera total o parcial el problema estructural del acceso a la tierra y a la vivienda para los sectores populares que afecta de mínima a 318 barrios populares donde viven 37.039 familias cordobesas.
Tal vez, la última política de masividad fue el programa Mi Casa Mi Vida, con incontables investigaciones y sobradas muestras en la realidad que muestran un balance negativo.
Durante las dos últimas gestiones del gobernador Juan Schiaretti, hubo algunas políticas de corto alcance, que anuncian su continuidad en la actual gestión de Martín Llaryora, aunque sin una ejecución concreta todavía. Programas de mejoramiento de vivienda, como el Vida Digna y el Más Vida Digna; de acceso a la vivienda, como el Vivienda Semilla; de acceso al suelo, como el Plan Lo Tengo; o los recientes Créditos Hipotecarios Bancor; componen una cartera de programas para una población con un perfil crediticio con serias dificultades para afrontar financieramente los pagos. Por otro lado, para los sectores populares, sin posibilidad de endeudarse, sólo queda el Vida Digna que sí presentó un despliegue en las barriadas, pero se encuentra actualmente desfinanciado.
Tal vez la única política de los últimos años para los sectores populares fue el Plan Provincial de 100 Urbanizaciones que se llevó adelante entre 2021 y 2023, desde la sanción de la Ley Provincial Nº 10.738, de urbanización de barrios populares, en sintonía con la política pública llevada adelante por la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación. El programa provincial intervino en cien barrios hasta el 2023, quedando discontinuado, con obras frenadas por el desfinanciamiento nacional.
El déficit habitacional tiene un impacto significativo en las condiciones de vida de las personas, siendo particularmente crítico cuando se cruza con la realidad de la violencia de género. A diez años del primer Ni Una Menos, las cifras siguen siendo alarmantes. Según los datos del observatorio Mumala, las mujeres son asesinadas, mayoritariamente por sus parejas en sus viviendas, lo que evidencia la importancia de planificar políticas habitacionales —tanto transitorias como permanentes— para víctimas de violencia de género.
Según el informe de Comunidad en Alerta, de la organización Casa Comunidad, solo existen dos programas vinculados al hábitat: los de resguardo, como el certificado de vivienda del ReNaBaP; y los de mejoramiento o ampliación, como el nacional Mi Pieza y el provincial Vida Digna, ambos desfinanciados.
Por otro lado, se menciona el Programa Nuevo Rumbo, conocido como «ayuda urgente del Polo de la Mujer», en sus dos líneas: de “subsistencia” y de “alquiler”. Aunque su monto no alcanza siquiera la mitad del valor de la Canasta Básica, al menos representa un apoyo para cubrir los costos económicos que implica romper el círculo de la violencia; pero, no es un programa de vivienda. Además, la implementación es desigual y limitada: mientras el 60% de los femicidios ocurren en el interior provincial, los recursos de protección y acompañamiento se concentran en la Capital. La violencia es estructural y tiene una ineludible dimensión habitacional.
¿Y la Municipalidad de Córdoba? Salvo el programa Más Agua Más Salud, con serias dificultades en la actualidad para finalizar obras y continuar en los barrios que lo necesitan, no tiene una política de acceso al suelo y la vivienda. Esto es especialmente grave, si se considera que hay 177 barrios populares, loteos irregulares, urbanizaciones sin terminar en la ciudad, y que se cuenta con instrumentos de planificación y desarrollo urbano centrales para intervenir en favor de los intereses sociales de las grandes mayorías. Un ejemplo clave, es la ordenanza Nº 12.614 de Reserva de Inmuebles con Destino Social que sigue sin reglamentarse y los fondos recaudados previstos en la misma sin un destino cierto.
En ese mismo sentido, las normativas de fraccionamiento, edificabilidad y uso de suelo suelen tener mayor flexibilidad cuando el sector privado se sienta en la mesa. ¿Será que la sartén por el mango de los destinos de la planificación urbana ya no está en manos del sector público?
La realidad mata la narrativa: la expulsión urbana la conducen desde arriba
Una recorrida por los medios de mayor tirada de la provincia revela notas de opinión, cálculos y propuestas de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc) sobre cómo abordar la cuestión del hábitat en la Ciudad Capital y el Gran Córdoba: créditos, inversiones y soluciones técnicas para el déficit habitacional.
En un movimiento explícito de presión por captar y dirigir el uso de recursos públicos, estos mismos actores nos supieron alertar sobre los ‘riesgos’ de un alquiler controlado —subrayando los peligros que vendrían con la Ley de Alquileres—. Así mismo, nos instruyeron sobre cómo resolver en una década un déficit total de 261.000 viviendas. Con una mirada centrada en costos y metros cuadrados, ignoran las barreras cotidianas: salarios de hambre, informalidad e inflación. Ya son conocidos los devenires de grupos como Edisur y Proaco, entre otros, que impulsan «proyectos de gran escala que alteran normativas urbanas» (Liborio).
Estos movimientos de desarrollistas, más la ausencia de política pública estatal clara y contundente al respecto, sumado a la oferta de viviendas como paliativo para concretar la ruta de Caminos de las Sierras S.A., nos deja entrever que, entre especulación y discursos técnicos, estos actores son los verdaderos ejecutores del modelo habitacional cordobés.
En las redes, la ira anónima se fagocita contra quienes, habitando entre chapa y cartón, acceden por azar a una vivienda. ¿Dónde quedamos el resto? No hay dónde ir para hacerse de herramientas que permitan proyectar la propia vida. La ausencia de una dirección política con visión común deja un espacio vacante que ocupa otro sector, que no contempla ni nuestras necesidades ni nuestras capacidades. El aporte de actores de la sociedad civil organizada y cooperativos que contribuyen a retejer por abajo, lo que se rompe y fragmenta por arriba, queda desplazado y minimizado.
No es ninguna novedad que la creciente crisis económica afecta severamente nuestro acceso al hábitat de calidad, las barriadas populares se extiendan aún más, deteriorando los avances logrados hasta la fecha. Comienzan a verse las migraciones internas, en donde desde ciudades, pueblos y comunas más pequeñas la falta de oportunidades obliga a una expulsión hacia los centros urbanos más concentrados en busca de cuatro postes, una lona y chapas para poder seguir viviendo.
Es fundamental considerar los aportes de sectores de la sociedad civil que contribuyen a tejer vínculos barriales, que innovan y re piensan el espacio público y el privado en miras al cuidado de la casa común. Los aportes de espacios como el de Mesa de Barrios Populares, entre otros, amplifican las voces, ponen en valor las estrategias cooperativas de producción del suelo, mientras además, intentan aportar a lo urgente. A las mesas de concertación público-privadas, les faltan sillas y actores representativos de la sociedad.
El rol central del sector de la construcción y las desarrollistas, a la vista de este medio, los ubica en la silla del gobernador y, sino, al menos en la silla de los decisores políticos que definen quiénes y bajo qué condiciones acceden a la tierra y la vivienda hoy. Intentar cerrar esta nota apelando a algún sentido de transparencia, igualdad, suena casi a una súplica; así que, cuanto menos, apelamos a un sentido de legalidad de estos sectores. Aunque, también se caguen en las leyes.
El rol central del sector de la construcción y las desarrollistas, a la vista de este medio, los ubica en la silla de los decisores políticos que definen quiénes y bajo qué condiciones se accede a la tierra y la vivienda hoy. Intentar cerrar esta nota apelando a algún sentido de participación e igualdad, suena casi a una súplica; así que, cuanto menos, se podría apelar a un sentido de legalidad de estos sectores. Aunque también se caguen en las leyes.
Constitución de la Provincia de Córdoba:
Artículo 58, “todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental. La vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley. El Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. A tal fin planifica y ejecuta la política de vivienda y puede concertar con los demás niveles jurisdiccionales, las instituciones sociales o con el aporte solidario de los interesados. La política habitacional se rige por los siguientes principios: 1-. Usar racionalmente el suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el interés general y las pautas culturales y regionales de la comunidad. 2.- Impedir la especulación. 3.- Asistir a las familias sin recursos para facilitar su acceso a la vivienda propia.”
* Por Redacción La tinta
