Milei y Sturzenegger camuflan «rediseño» para pasar la motosierra en el INTA
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, organismo esencial para la innovación y el desarrollo productivo del campo argentino, está en el ojo de la tormenta. Con las políticas de achicamiento estatal del gobierno nacional, su futuro pende de un hilo ante la inminencia de reformas que buscan centralizar su control y redefinir su histórico modelo de gobernanza. La propuesta genera inquietud en científicos, trabajadores y representantes del sector agropecuario, quienes alertan sobre las posibles consecuencias para la producción nacional y el entramado territorial.
El plan del gobierno, denominado «rediseño» institucional, apunta directamente al corazón de la estructura del INTA. Días atrás, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó en una entrevista en La Nación+ la intención de centralizar la institución para «poder concretar su modernización», un sistema que, según él, se viene aplicando en distintas áreas del Estado. Un próximo decreto otorgaría mayor control al Poder Ejecutivo sobre el organismo.
Sturzenegger insiste en que el carácter descentralizado del INTA y otros organismos genera una «inflación burocrática para cobrar», dificultando su gestión. En noviembre del año pasado, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había manifestado una crítica a la orientación del instituto: «Desde el 2007, el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con la productividad agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”.
Históricamente, el INTA se ha regido por un directorio con una mayoría de representantes del diverso sector productivo argentino frente a los del gobierno. La propuesta gubernamental busca revertir esta composición, pasando a tener la mayoría en el Consejo Directivo.
El organismo, creado en 1956 y dependiente del Ministerio de Economía, es un pilar de la innovación agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial, con un enfoque federal y territorial. Sus más de 6.000 empleados en todo el país se dedican a investigar, desarrollar y transferir tecnologías que mejoran la productividad y sostenibilidad del campo.
Su rol es clave en la seguridad alimentaria y el agregado de valor en origen, así como en posicionar a nuestro país como un actor esencial en el comercio global de alimentos.
Voces en el epicentro de la defensa
Desde la Asociación del Personal del INTA (APINTA), alertan que el Instituto está en riesgo real de desaparecer. El Secretariado Nacional de APINTA denuncia una maniobra que consideran una «flagrante violación de la legislación vigente», aludiendo a la reciente decisión del Consejo Directivo de crear una Secretaría de Coordinación de Gestión que le saca funciones otorgadas por ley a la Dirección Nacional y asume el control de la administración, presupuesto y recursos humanos.
«Para poder gestionar y disponer de ingresos, recursos y patrimonio del organismo y también toman bajo su órbita a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, que es la que dictamina sobre la legalidad de las Resoluciones del INTA. Es decir, se otorgan la suma del poder público en el Organismo», sentencia la asociación, señalando una posible concentración de poder sin precedentes.
La asociación sindical enfatiza la importancia de la misión del INTA, que «realiza una tarea de desarrollo científico-tecnológico y educativa que no puede ser reemplazada por el sector privado» y subraya que su defensa es la defensa de un modelo de país federal.
Además de cuestionar la visión de los actuales directivos del INTA (a quienes acusan de ver el agro «únicamente como un negocio privado», lo que «primariza» la producción y «afecta los recursos naturales y el campo queda vacío»), trazan un paralelismo histórico con la última dictadura cívico-militar, y señalan que este proceso de «agresión al INTA» no es nuevo, y alertan sobre un «disciplinamiento» y «adoctrinamiento» sin precedentes en democracia, donde «lo que no obedezca y se corresponda a la ideología del Presidente, es perseguido». La venta de patrimonio institucional, como el edificio de la calle Cerviño en CABA, es también puesta bajo sospecha.
El Dr. Dardo R. López, ingeniero agrónomo e investigador de la Estación Forestal INTA-Villa Dolores, comparte -en diálogo con La tinta- una «profunda preocupación» ante los cambios estructurales, especialmente en la «gobernanza público-privada, al posible cierre de agencias de extensión y al despido de numerosos trabajadores y trabajadoras».
López destaca que desde que, en los años ’90, la educación pública pasó a manos de las provincias, el INTA se convirtió en la institución nacional más federal del país: “Está cerca de los grandes centro agro-productivos de la pampa húmeda, hasta en los parajes más remotos y aislados, dónde falta infraestructura básica como el agua potable, y la producción familiar es la base de las economías regionales».
«El INTA es una institución reconocida en diversas partes del mundo y acompaña a productores y comunidades rurales a lo largo y ancho del país: desde Ushuaia a la Quiaca y desde Cuyo hasta el Litoral. Coproduce conocimientos y tecnología junto a los productores grandes, medianos y campesinos. Su modelo de trabajo territorial, construido a través de las agencias de extensión y las Estaciones Experimentales Agropecuaria, es una herramienta fundamental para democratizar el conocimiento, promover el desarrollo local y sostener y mejorar la productividad en sectores estratégicos de la economía nacional”, explica.
El investigador recalca la singularidad del sistema de gobernanza del INTA, donde «el mismo sistema agro-productivo privado que tiene más voz y votos en el consejo directivo nacional que, junto con la academia y representantes de la política nacional, han definido y definen las políticas públicas nacionales y regionales». Ante la propuesta de un cambio que otorgaría más poder al gobierno de turno, López advierte que esto podría tener serias consecuencias, como reducir y/o desmantelar la estructura y funcionalidad del instituto.
«Las agencias de extensión no son un gasto prescindible, son nodos de vinculación que acercan soluciones concretas a problemáticas reales, en dónde los productores generan las demandas para todo el INTA, y sus técnicos-extensionistas adaptan las soluciones científico-tecnológicas generadas por el INTA», enfatiza.
Para López, la defensa del INTA «no es corporativa, es la defensa de un modelo de desarrollo con inclusión, equidad y conocimiento«, y concluye citando la respuesta del sistema científico-tecnológico argentino durante la pandemia de COVID-19 como prueba irrefutable de su valor estratégico.
En la misma sintonía, Pablo Panatti, ingeniero agrónomo, productor agropecuario y presidente del Consejo del Centro Regional Córdoba de INTA, subraya que «el INTA no genera gasto, es inversión, y a través de esa inversión, se genera riqueza».
Panatti, con una larga trayectoria de vinculación con la institución, desde pasante hasta asesor y consejero, remarcó que «cualquier decisión que sea en contra de o perjudicando el normal funcionamiento del INTA va a repercutir directamente no solo en los ingresos de los productores, sino como país. Con un modelo netamente agroexportador como el que tenemos, va a perjudicar la producción nacional con un menor ingreso de divisas».
La principal preocupación de Panatti respecto del futuro decreto es que se pretende reestructurar o reformar el INTA desde tres ejes: su sistema de gobernanza, su servicio de extensión y la autarquía. Respecto a la gobernanza, detalla que la idea sería reestructurar el Consejo Directivo Nacional a ocho miembros, con una paridad de cuatro de la parte privada y cuatro de la gubernamental. «Esto haría que en el caso de una toma de decisión o una resolución a salir, se tenga que en caso de empate en la votación, defina siempre el presidente que es quien designa el gobierno de turno. Entonces, esto rompería un equilibrio, un sistema de gobernanza que va a hacer que el INTA vaya a depender siempre del color político, el gobierno de turno que está al momento«, alerta, lo que dificultaría tener un plan estratégico a mediano y largo plazo.
Panatti también resalta la importancia de la presencia territorial a través de las agencias de extensión: «Es muy difícil desde un escritorio de Buenos Aires poder llegar a toda esa gente». Si bien reconoce que el INTA necesita una reestructuración, «una adecuación a estos tiempos modernos que corren», enfatiza que la discusión la tenemos que dar desde el territorio y que la propuesta debe poner en valor «mantener la fe de la ley, mantener el territorio, mantener las agencias de extensión, la llegada del pequeño productor y mantener sobre todo el capital humano que realmente trabaja en INTA y que realmente aporta valor y aporta ciencia».
El panorama actual del INTA es de pura incertidumbre. Las intenciones del gobierno de modificar su estructura y gobernanza chocan con una defensa férrea de su rol histórico, su capacidad científica y su arraigo territorial.
La posible reducción de personal y el cierre de agencias de extensión representan una amenaza directa al modelo federal del INTA, que ha sido fundamental para llegar a los rincones más alejados del país y acompañar a productores de todas las escalas.
El debate va más allá de la gestión interna del instituto, es una discusión sobre el modelo de desarrollo agropecuario que la Argentina busca para su futuro. La preservación de un organismo técnico-científico con capacidad de respuesta rápida, cercano a las necesidades del productor y con un enfoque federal, se presenta como un pilar para la soberanía alimentaria y la competitividad exportadora del país en un escenario global cada vez más desafiante.
La capacidad de encontrar un equilibrio entre la necesaria modernización y la preservación de los valores y funciones esenciales del INTA será clave en los próximos meses y al gobierno de Javier Milei parece importarle muy poco.
* Por Soledad Sgarella para La tinta
