Condena a Cristina Fernández: “La bala no salió, la sentencia sí”
Hemos escuchado decir muchas veces en la voz de Cristina: “Presa o muerta”, desde que comenzó un proceso plagado de irregularidades, sin pruebas directas y con jueces que ya tenían el fallo escrito a medida antes de iniciar el juicio. El martes 10 de junio, finalmente llegó el momento de la sentencia que condena a 6 años de prisión a la expresidenta y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos políticos. Proscripción política, ataque a la democracia y golpe judicial.
Por Veronika Ferrucci y Soledad Sgarella
Ayer la tapa del diario Clarín tenía una foto de Cristina tras las rejas. Aún no se conocía el fallo, sin embargo, los voceros del poder ya anunciaban la condena. En septiembre de 2022, Clarín -en una nota del editor Pablo Vaca- titulaba: “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá” y la concluía diciendo: “Probablemente antes de fin de año los jueces emitan su fallo. Si fuera adverso a Cristina, el relato del discurso del odio habrá cumplido su verdadero cometido: lo harán funcionar de profecía”. Y un poco más atrás, en 2017, Jorge Lanata afirmaba que “Macri se había equivocado cuando decidió por una cuestión política partidaria que Cristina no fuera presa. Hubiera sido un mensaje al público de se acabó la joda”. Con el presidente Javier Milei, la frase “se acabó la joda” se aplica en múltiples sentidos, y sobre todo hace sentido en la consecución de la persecución sistemática que sufrió Cristina Fernández y que ahora significa la condena a prisión.
Durante todo el día de ayer, los periodistas del poder hablaron sin parar, como hace años, sobre cómo sería el fallo y sobre cómo debería ser la forma de prisión de Cristina. El fallo estuvo circulando antes de que se publicara oficialmente, así como su fecha, luego de que una semana atrás la expresidenta anunciara su candidatura por la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires. “Bastó que hace una semana anunciáramos la candidatura para que se desataran los demonios. Porque este modelo tiene fecha de vencimiento. Y hoy en día ya no son necesarios los golpes de Estado, ni instrumentar a las fuerzas armadas en el Partido Militar. Ahora es el Partido Judicial”, expresó CFK el lunes.
“La chorra” es una forma común instalada para hablar de Cristina Fernández. Si se indaga más al respecto, no hay carnadura, no hay datos, hay un concepto amplio y efectivo que funciona: korrupción, con k de kirchnerismo. Visceral como toda la historia antiperonista de la historia del país. La historia se repite, la proscripción está a la hora del día. “Es un caso político, no judicial”, dijo el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. No es el único que lo piensa y lo dice.
Estamos ante un nuevo caso paradigmático de los que somos testigas hace un tiempo en la región y que se llama Lawfare y persecución judicial. ¿Por qué está sospechado el fallo? Lo que está bajo sospecha es la Justicia Argentina en todo el proceder de la causa, la que está sospechada es la Corte Suprema de la Nación.
El que hoy es ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, decía en 2022 en una entrevista en el programa Animales Sueltos: «¿Está probada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? El concepto general es no. ¿Hay asociación ilícita en este marco, se pusieron de acuerdo en un común (los acusados) para cometer delitos indeterminados? El concepto general es no”. También había destacado que las defensas que se estaban haciendo eran magníficas y no tuvieron trascendencia. Esas opiniones cambiaron, pero los hechos no.
Mirá cómo temblamos
«Yo también soy una fusilada que vive”, dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante un homenaje a los fusilados de José León Suárez, que encabezó en el PJ el lunes pasado. Hilvanó 40 años de historia, la confirmación de que en este país el ciclo de proscripción del peronismo es un entorno retorno.
Conocida la sentencia, Cristina salió afuera de la sede del PJ, lejos de mostrarse derrotada, le habló a los miles que se habían concentrado allí. Con un mensaje claro, repitió lo que dice hace tiempo sobre los intereses de que esté presa.
E hizo un llamamiento: «A militar, a organizarse, a estar junto a la gente que lo necesita, a profundizar el acercamiento y la empatía con la gente. Es fundamental que vean una dirigencia comprometida con la gente y no con los problemas que tienen las dirigencias entre ellos, dejemos de lado eso y dediquémonos todos, con muchas fuerzas y mucha convicción a ayudar a los que necesitan ser ayudados y organizados”.
Un partido con el resultado final escrito en el inicio del juego
La conocida causa Vialidad, se remonta al 2008 con la denuncia de Lilita Carrió por supuesta asociación ilícita entre Néstor Kirchner, Julio de Vido y Lazaro Báez. No está mencionada CFK. Lo que dieron como prueba era que el gobierno de Néstor había unificado en el ministerio a cargo de Julio De Vido toda la obra pública. Esta denuncia cayó en manos del juez Julián Ercolini quien se declaró incompetente. En 2013, se presentó una segunda denuncia radicada en Santa Cruz, atendiendo al señalamiento que había hecho Ercolini. Ahora sí, se denuncia a CFK. La justicia sureña, dos años después sobreseyó a todos los imputados por la inexistencia de los delitos.
Con Macri como presidente y con Javier Iguacel de director de Vialidad, se hicieron auditorías sobre las obras licitadas por Báez, las cuales concluyeron que: “No se evidencian deficiencias constructivas. Como así tampoco tareas que hayan estado sin ejecutar. Las obras están hechas. Relevamos 2.200 km de obra ejecutadas y presentan como anomalías 925mt (0.1%)”. Con estas definiciones, Iguacel se presenta de todas maneras en Comodoro Py y hace otra denuncia que justamente cae con Ercolini. El que 7 años antes se declaró incompetente, ahora le daba cauce. En marzo de 2019, tras el pedido de los fiscales Pollicita y Mahíques, el expediente llegó finalmente al Tribunal Oral Federal N.º 2, a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
El fiscal Diego Luciani argumentó que existía una estructura organizada desde el poder político para favorecer al contratista cercano al oficialismo. En su acusación, señaló a la entonces presidenta como jefa de una organización que operó para desviar fondos públicos a través de licitaciones amañadas. Solicitó que fuera condenada por dos delitos: asociación ilícita, en calidad de jefa, y administración fraudulenta agravada. Según el Código Penal argentino, esas figuras prevén penas de entre 3 y 10 años de prisión en el primer caso, y de 2 a 6 años en el segundo.
Cuando Cristina declaró en 2019, en una intervención de 3 horas, no fue transmitida en vivo a diferencia de las intervenciones de los fiscales que sí se pudieron ver en directo. La imparcialidad fue contundente en todo el proceso. Recordamos de ese entonces, la frase que dijo la ex presidenta en ese entonces, que los jueces tenían la condena escrita.
Como aseguran Hernan Letcher y Julia Strada, tampoco el fiscal Luciani pudo probar que las obras no se hicieron. No hay delito probado. Tampoco hay pruebas sobre la asociación ilícita. El fiscal Marijuan, que se cansó de hacer pozos en la Patagonia, dictaminó que no había encontrado ninguna de las pruebas que buscaba. La descomunal masa de dinero de Lázaro Báez, provenía de la evasión fiscal y no de la asignación de irregular de obra pública. Por eso, el juez Casanello sobreseyó a Cristina.
En diciembre de 2022, los jueces desestimaron el cargo de asociación ilícita, pero la encontraron culpable de administración fraudulenta, aplicando la pena máxima prevista: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Dos años después, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación confirmó la sentencia condenatoria y los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña dieron lectura a la sentencia del caso Vialidad, con la que avalaron el criterio que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) adoptó el 6 de diciembre de 2022.
En marzo de este año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y los otros acusados en el caso, con los que apelaban la confirmación de la condena y con esta decisión, el expediente fue elevado a la Corte Suprema para la decisión final, conocida ayer: el máximo tribunal resolvió por unanimidad confirmar el fallo que condena seis años de prisión a Cristina Kirchner y le prohíbe ejercer cargos públicos de manera perpetua. ¿La novedad? Que la Corte consagró la «autoría por omisión impropia»: no fue condenada por actos propios, sino por no impedir fraudes ajenos desde su rol de «garante institucional». “No se probó dolo directo, se criminalizó la actividad presidencial”.
Del expediente local al tribunal global: el lawfare contra Cristina, bajo la lupa internacional
El abogado Gregorio Dalbón ayer y hoy comunicó “la revisión de la condena es posible y va a llegar”.
“El nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) —ya vigente en todo el país— establece un mecanismo claro para revisar sentencias firmes. Su artículo 366, inciso f), habilita la reapertura de una causa cuando un organismo internacional de derechos humanos confirme que se han vulnerado garantías fundamentales. Esa norma no es simbólica. Es de aplicación directa y obligatoria para todos los jueces y tribunales de la Argentina”.
Además confirmó la presentación realizada en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, en la que expone lo que considera una persecución sistemática contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presentación fue realizada durante los días lunes y martes en el tribunal internacional.
“Cuando la justicia es secuestrada, la denuncia se convierte en un acto de resistencia democrática”, señaló Dalbón. La demanda incluye elementos que, según el abogado, constituyen violaciones sostenidas al derecho a un juicio justo, entre ellos: magistrados sin independencia ni imparcialidad, supuestamente vinculados a intereses políticos y económicos; detenciones arbitrarias y causas penales direccionadas a dirigentes opositores; represión estatal utilizada para disciplinar la protesta social; y un sistema judicial que, según el abogado, ya condenó a la expresidenta antes de que existiera una sentencia firme.
Ahora también anunció que presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y el abogado defensor destaca que la “Constitución Nacional —en su artículo 75 inciso 22— da jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Ningún tribunal argentino puede sostener una sentencia que viole garantías protegidas por la CADH. Más aún: todos los jueces de la República tienen el deber de aplicar lo que la Corte Interamericana ha definido como control de convencionalidad. Deben comparar las normas internas con los estándares internacionales. Y cuando exista contradicción, deben privilegiar los derechos humanos”, principio que es vinculante.
“Lo que está en juego trasciende a una persona. Si se naturaliza que el poder puede usar a la justicia para disciplinar a quienes lo enfrentan, entonces ningún ciudadano ni ciudadana está a salvo. Si se puede encarcelar —o proscribir— a quien representa un proyecto político con mayoría popular, entonces estamos ante una democracia mutilada, condicionada por los resortes del poder real”, afirmó Dalbón.
Se trata de la democracia
En el cierre del texto difundido públicamente, el abogado sostuvo: “Cristina está siendo juzgada por un sistema que ya la condenó sin pruebas, sin juicio y sin justicia. Lo que está en juego no es solo su libertad, sino el pacto democrático que construimos desde 1983″.
«Denunciar esta persecución no es un acto partidario. Es un imperativo jurídico, político y moral. Porque donde se persigue a una, se amenaza a todos. Porque donde no hay justicia, habrá lucha. Porque si hoy callamos, mañana ya no habrá nadie a quien defender.”
“El pueblo siempre regresa”. Cristina, lejos de replegarse, habló de organización, de calle, de compromiso social. No se trata solo de una defensa personal. Se trata, como ella lo dijo, de una convocatoria colectiva: a no rendirse, a disputar el sentido de la democracia, a construir poder con otro ritmo, con otro mapa, pero con la misma convicción.
* Por Veronika Ferrucci y Soledad Sgarella / Imagen de tapa: Bárbara Leiva.
