La Justicia Federal rechazó pedido de Oscar González y seguirá con prisión domiciliaria
El político fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras el siniestro vial que costó la vida de Alejandra Bengoa y que derivó en una investigación de su patrimonio. La Justicia provincial trató de obstaculizar el proceso por influencia de González, pero el fuero federal tomó el caso y ordenó su detención preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento a la investigación. “La justicia no es igual para los poderosos que para los ciudadanos comunes”, declararon familiares de Alexa.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó, la semana pasada, la prisión domiciliaria para el exlegislador oficialista, Oscar González, después de rechazar el recurso presentado por la defensa de este y alegando un riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación por parte del acusado.
González tiene 77 años y encuadra en el beneficio de prisión domiciliaria para quienes superan los 70 años. Cumple condena desde el 10 de febrero de 2025, cuando el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó su detención preventiva en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Todavía no existe una fecha exacta para la celebración del juicio, pero se estima que será a finales de este año; González podría enfrentarse a entre 4 y 21 años de prisión.
Asimismo, la Cámara determinó que la detención domiciliaria tendría un plazo inicial de cuatro meses con posibilidad de prórroga, teniendo como objetivo el rápido cumplimiento del proceso judicial. “La Justicia debe actuar con celeridad y sin dilaciones que conduzcan a la impunidad”, concluyó el tribunal.
La trama que destapó la trama
Los cargos por los que se imputa a González derivan de otra causa anterior, aún más grave. En octubre de 2022, el exmandatario, que conducía un BMW X1 de alta gama, chocó de frente con un Renaut Sandero al salirse de su carril, en el Camino de Altas Cumbres. La colisión provocó la muerte de la conductora, la docente Alejandra Bengoa. Su hija, Marina Szulewicz, y Alexa Miranda, una amiga de esta, resultaron gravemente heridas. La joven sufrió múltiples traumatismos abdominales y fue sometida a varias cirugías, quedando parapléjica.
Tras el crimen vial, la fiscal Analía Gallaratto imputó a González por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. En consecuencia, la Legislatura de Córdoba suspendió a González sin goce de sueldo hasta una sentencia firme y fue cesado y apartado de sus funciones. Además, iniciaron una investigación sobre el uso del vehículo que conducía, ya que resultó ser oficial y lo habría usado para fines privados.
Esa inspección dejó al descubierto una serie de anomalías en la lista de bienes patrimoniales de González, demostrando una falta de correlación entre su sueldo y sus pertenencias. Las abogadas que representan a las familias afectadas denunciaron irregularidades administrativas y patrimoniales, y, con el apoyo de la legisladora del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Luciana Echeverría, decidieron querellarse contra el exmandatario ante el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
No obstante, el caso no tuvo apenas recorrido; el fiscal anticorrupción, Franco Mondino, recibió la causa, pero no prosperó.
Durante años, el político fue una figura de peso dentro del entramado político y judicial de Córdoba, y, según los querellantes, esa habría sido la razón por la que el proceso fue constantemente obstaculizado. “La justicia no es igual para los poderosos que para los ciudadanos comunes; Mondino no hizo absolutamente nada y decidimos denunciarlo ante la Justicia Federal”, dice Gustavo Álvarez, padrastro de Alexa.
Así pues, presentaron una nueva denuncia por lavado de activos ante la Justicia Federal, donde el fiscal Maximiliano Hairabedián lo imputó por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Finalmente, el juez Miguel Vaca Narvaja ordenó su prisión domiciliaria en febrero de 2025, entendiendo que había riesgos procesales y pruebas suficientes para sostener la acusación.
“Esto demuestra la complicidad de la Justicia provincial que, teniendo prácticamente la misma denuncia y los mismos hechos que la Justicia Federal, sigue sin mover un dedo hasta el día de hoy; al contrario, la causa del crimen vial sigue sin elevarse a juicio, habiendo pasado dos años y medio. Seguimos exigiendo justicia por Alejandra, Marina y Alexa. Basta de impunidad”, dijo Echevarría en un video publicado en Instagram.
Tras la ratificación de la condena, los familiares están esperanzados. “Para nosotros, es un logro, un avance, después de casi tres años de lucha. Era imposible no ratificar algo que se sabe que es cierto. Hay un montón de documentos públicos que dan cuenta de esta malversación y de los delitos cometidos por Óscar González”, concluyó Álvarez.
*Por Iñaki Rubio Mendoza para La tinta.
