El Gobierno disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana: «Una sentencia contra los más pobres»
El FISU regía desde 2018 y estaba destinado a la urbanización de villas y asentamientos. Con esta decisión de la gestión Milei, más de 5 millones de personas que viven en barrios populares no podrán acceder a derechos básicos como agua potable, cloacas, electricidad o pavimento.
En una nueva muestra de crueldad y aporofobia, el gobierno de Javier Milei eliminó por decreto el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una herramienta fundamental destinada a mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados.
El FISU había sido creado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, tras la aprobación del Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana (Ley n.º 27453) que obtuvo amplio apoyo de todas las fuerzas en ambas cámaras. El proyecto continuó luego con el gobierno de Alberto Fernández.
Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares, explicaron que el fondo destinado para estas obras se financiaba principalmente con el 9% de lo recaudado por el Impuesto País. Sin embargo, apenas asumió Milei, el Gobierno mantuvo el impuesto, pero redujo esa asignación al 0.3%. En lo que va del 2025, la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) que maneja el mileista Sebastián Pareja subejecutó más del 90% del presupuesto disponible.
La oposición de la gestión libertaria contra la Ley de Barrios Populares empezó desde que asumieron. Voceros del gobierno desfinanciaron el FISU al mínimo, denunciaron hechos de corrupción y, finalmente, lo eliminan de manera definitiva.
Vale remarcar que la Justicia desestimó las denuncias de malversación por considerarlas inexistentes. Ni la Auditoría General de la Nación (AGN) ni la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), ni universidades nacionales ni el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) registraron observaciones por malversación de fondos ni irregularidades. Funcionarios del actual gobierno, incluso, reconocieron que el programa tuvo un funcionamiento eficaz durante su vigencia en años anteriores.
La desfinanciación libertaria del programa provocó la paralización de más de 700 obras en todo el país, generando el deterioro de infraestructura ya construida (generando pérdidas millonarias de recursos públicos en obra desperdiciada) y la interrupción de trabajo para más de 25.000 personas, en su mayoría, trabajadores y trabajadoras de cooperativas.
«El FISU representó un acuerdo democrático inédito en la historia reciente del país: una política impulsada desde los barrios, reconocida institucionalmente, sostenida a lo largo de distintas gestiones y con impactos concretos en la mejora de calidad de vida de los sectores más postergados», subrayaron organizaciones territoriales de todo el país.
El cierre de fideicomisos sería una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del último acuerdo firmado. Con esta disolución por decreto, el presidente Milei deja definitivamente sin acceso a derechos básicos como vivienda adecuada, agua potable, cloacas, electricidad segura o calles pavimentadas a más de 5 millones de personas que viven en 6.467 barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
«Exigimos su inmediata reactivación y la restitución de los fondos necesarios para continuar garantizando condiciones de vida dignas para quienes representan al menos el 10% de la población argentina», concluyeron desde la Mesa Nacional de Barrios Populares.
*Por Ezequiel Luque para La tinta.
