Vanina Biasi, diputada imputada por criticar a Israel: «Antisionismo no es antisemitismo»
La legisladora del FITU fue procesada por denunciar el genocidio en Gaza a través de redes sociales. El juez federal Daniel Rafecas la acusa de antisemitismo y de violar la ley antidiscriminatoria, y le impuso un embargo de 10 millones de pesos. Este martes, convocaron a una audiencia frente a Juzgados Federales para apelar el enjuiciamiento.
Este martes por la mañana, las abogadas de la diputada nacional, Vanina Biasi, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Partido Obrero (FITU-PO), se concentraron frente a la audiencia de apelaciones en Comodoro Py para rechazar el enjuiciamiento de la legisladora.
Biasi fue procesada el pasado 7 de abril por el juez federal, Daniel Rafecas, acusada de antisemitismo y de violar la Ley antidiscriminatoria 23592 por publicar unos tweets que denunciaban el genocidio que el Estado de Israel continúa perpetrando sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania.
El posteo tuvo lugar tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, en los que Biasi calificó al Estado de Israel como genocida y lo comparó con el régimen nazi. Concretamente, el fallo judicial se basa en ocho mensajes publicados por la legisladora que, según el juez, fueron antisemitas, excedieron el marco de la crítica política e incurrieron en un delito de odio contra la comunidad judía. Además del procesamiento, se le impuso un embargo de 10 millones de pesos.
Antecedentes
La causa fue impulsada por el fiscal federal, Eduardo Taiano, en septiembre de 2024, quien imputó a Biasi por promover el odio contra la comunidad judía. No obstante, la denuncia original fue presentada por el fiscal Carlos Stornelli, quien sostuvo que la diputada abusó del derecho constitucional de la libertad de expresión: “Los mensajes tuvieron por posible objeto la justificación o promoción de la discriminación religiosa, alentando y/o incitando a la persecución o el odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas”.
El 16 de octubre, la parlamentaria presentó una declaración indagatoria ante el juez federal, Rafecas, argumentando que sus críticas estaban dirigidas exclusivamente al Estado de Israel y no a la comunidad judía en general. Sin embargo, la declaración fue desestimada y fue imputada el pasado 7 de abril.
Postura de Biasi
En unas declaraciones recogidas por el Partido Obrero en su página web, la legisladora sostiene que la causa en su contra es un intento de censurar su denuncia sobre el «genocidio en Gaza» y una persecución política. «El procesamiento de Rafecas pretende, en primer lugar, funcionar como una mordaza para que nadie hable del genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Le salió muy mal. El tema tomó una relevancia impresionante, muchas personalidades de una enorme amplitud de espacios tanto políticos, de derechos humanos, sindicales, del periodismo, de los ámbitos académicos se pronunciaron contra la persecución contra mi persona y también contra el genocidio. Y, aún peor, si querían que esta maniobra tuviera un costo electoral».
Y quiso dejar en claro que el antisionismo no significa antisemitismo: «Rafecas, junto a la Representación Política de las Instituciones de la Comunidad Judía Argentina (DAIA), quiere violentar el derecho a la libertad de expresión porque es la única manera de combatir la verdad sobre el apartheid de Israel contra Palestina».
«En nombre del judaísmo, masacran un pueblo, pero vamos a seguir repitiendo que judaísmo no es sionismo. Y denunciar al sionismo y su apoyo a estos crímenes nada tienen que ver con la xenofobia. No nos van a callar, vamos a seguir luchando por una Palestina libre, laica y única».
Criminalización de un movimiento
En los últimos meses, distintos referentes políticos, periodistas y activistas han sido denunciados o judicializados por expresarse en redes sociales contra las acciones del Estado de Israel en Gaza o por apoyar la causa palestina. En julio de 2024, la DAIA acusó públicamente al periodista Alejandro Bercovich de “terrorista” y a su colega, Diego Brancatelli, de “antisemita”, luego de que ambos difundieran en sus redes sociales mensajes críticos hacia el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y denunciaran el genocidio en la Franja de Gaza.
Ese mismo mes, falleció Cristian Díaz, un trabajador metalúrgico que había pasado nueve meses detenido tras haber publicado en su cuenta de Facebook comentarios en favor de Palestina. En agosto, el dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores y exlegislador bonaerense, Alejandro Bodart, fue citado por la Justicia a raíz de haber publicado dos tuits en los que expresaba su respaldo al pueblo palestino y cuestionaba las políticas del sionismo.
Sin embargo, estos casos no son aislados y forman parte de un contexto más amplio, de una «caza de brujas» que busca criminalizar las manifestaciones de apoyo a Palestina y las críticas al gobierno de Israel. Un entramado compuesto por sectores del Poder Judicial, funcionarios políticos, operadores digitales y comunicadores afines al Gobierno cuyo objetivo final es etiquetar como terrorismo toda aquella expresión a favor de Palestina.
Una investigación publicada por la agencia de periodismo judicial Perycia detalla que esta “guerra sucia” comenzó cuando el Gobierno, en 2020, y la Justicia argentina, el año pasado, adoptaron la definición de antisemitismo que establece la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), impulsados por lobbies y asociaciones como el Foro Argentino Contra el Antisemitismo. “Esa definición incluye manifestaciones contra el Estado de Israel, concebido como una colectividad judía, por lo que todo aquel que se manifiesta en contra del genocidio o en favor de la causa palestina puede quedar al borde de interpretaciones arbitrarias”, concluye la investigación.
*Por Iñaki Rubio Mendoza para La tinta.
