Maternar a la sombra del león
A tono con los lineamientos nacionales, las políticas gestionadas por el gobierno cordobés sufrieron importantes recortes a lo largo de 2024 y los programas de primera infancia no fueron la excepción. ¿Cómo impactó en las familias y en los espacios de cuidado el desfinanciamiento de las políticas de primera infancia? En esta nota, se propone un panorama sobre el tema, a un año de gestión libertaria.
Por Victoria Bulacios Sant’ Angelo para La tinta*
La ciudad de Córdoba cuenta con espacios públicos y privados orientados al cuidado de niños y niñas. Entre los primeros, se destaca el Programa Salas Cuna, una política cogestionada entre el gobierno provincial y organizaciones sociales, iglesias y municipios que ofrece espacios gratuitos de contención y cuidado para niños y niñas de 45 días hasta tres años. El programa, lanzado en 2016 con el apoyo económico del Plan Nacional Primera Infancia, se extiende por toda la provincia y en la capital se localiza mayormente en barrios periféricos y vulnerables de la ciudad.
A nivel nacional, el Programa Primeros Años ofrece acompañamiento a familias durante las primeras etapas de vida del infante. En Córdoba, su incidencia es más limitada si se compara con el alcance que tiene en otras provincias, pero desde hace más de quince años viene realizando un trabajo firme y sostenido gracias a la labor del equipo técnico y de las “facilitadoras”, nombre que reciben cuidadoras y referentes barriales que completaron la capacitación ofrecida desde el programa.
Cronología de la escasez
Los primeros indicios del recorte no tardaron en llegar. En diciembre de 2023 algunas salas cuna comenzaron a notar una demora poco habitual en el envío de insumos, situación que se agravó tras el receso de verano. Hasta entonces, el programa contemplaba la entrega de leche, pañales y módulos de alimentos tanto para consumo en sala como para consumo domiciliario. Si bien en los últimos años el caudal de insumos había disminuido, nunca se había llegado a una interrupción total del flujo. Las autoridades adjudicaron la demora a problemas con los proveedores y cambios en el sistema de gestión de recursos.
En mayo de 2024, el gobernador Martín Llaryora anunció la creación del “Plan Integral Primera Infancia”, una política transversal que apunta a articular y reforzar las acciones orientadas a esta población objetivo. El plan incluye cuatro ejes (educación, salud, infraestructura y fortalecimiento institucional) y comenzó a aplicarse a través de las 500 salas cuna que funcionan en la provincia. Sin embargo, a contramano de los anuncios del gobernador, ese mismo mes varias salas dejaron de percibir los fondos enviados desde el gobierno.
La situación se agravó con el correr de los meses y muchas salas vieron amenazada su continuidad, no solo porque no contaban con el dinero para comprar alimentos, sino porque tampoco podían afrontar los sueldos del personal ni el alquiler del inmueble. Si bien hacia mediados de año se regularizó parcialmente la entrega de leche y pañales, en muchos casos las cantidades enviadas no alcanzaban a cubrir ni siquiera el consumo en sala. Frente a esta situación, cuidadoras, familias y referentes desplegaron un sinfín de estrategias como vender comidas, organizar rifas y sorteos, colaborar con elementos de limpieza e higiene, entre otras, para garantizar las condiciones mínimas de funcionamiento de las salas. Pese a los esfuerzos, y para evitar el cierre, algunas salas no tuvieron más remedio que reducir las jornadas y dejar de brindar los almuerzos.
En ese contexto, referentes denunciaron la situación ante el Ministerio de Desarrollo Humano, organismo responsable del programa, cuyas autoridades aludieron a demoras en la presentación documental que asociaciones civiles y parroquias deben realizar anualmente. Señalaron que al tratarse de procedimientos correspondientes a la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) y el Tribunal de Cuentas, ellos no podían acelerar los trámites.
Hacia principios de agosto, la situación era absolutamente insostenible y comenzó a tener visibilidad en periódicos locales. Algunas salas llevaban más de cuatro meses sin cobrar y aunque habían reducido sus servicios al mínimo, ya no podían afrontar los gastos del personal ni del espacio. Al ya precarizado personal de salas, considerado como “voluntarias y no como trabajadoras del Estado, no solo se les adeudaban los sueldos, sino que además se les exigía cumplir con las nuevas capacitaciones del Programa. En el “mes de las infancias” algunas salas tuvieron que cerrar sus puertas. Otras pudieron continuar gracias al cobro de un subsidio económico del Plan Integral Primera Infancia, originalmente orientado al mantenimiento edilicio de los espacios.
Los recortes en el programa tuvieron un enorme impacto en el cotidiano de las familias cordobesas beneficiarias, ya que además de brindar asistencia y cuidado a los más pequeños, las salas son espacios de contención para muchas familias.
En un contexto signado por la crisis y el desempleo, la interrupción en la entrega de leche, pañales y posteriormente de los almuerzos golpea directamente los bolsillos de las familias más carenciadas que no siempre pueden garantizar estos recursos en sus hogares. Por otro lado, la reducción de las jornadas dificultó las posibilidades de organizar las rutinas laborales, en especial de las mujeres, que tuvieron que recurrir a otras estrategias de cuidado.
En octubre pasado se regularizó el pago de fondos adeudados, pero el panorama no es muy alentador. Desde sus inicios, el programa acarrea deficiencias importantes que se agravan con el desfinanciamiento de la política social, que ya no cuenta con la cobertura que antaño aseguraba el Plan Nacional Primera Infancia, y no se descarta que una situación similar pueda ocurrir nuevamente.
En cuanto a las políticas nacionales, el escenario es aún peor. Las políticas de primera infancia dependientes de SENAF sufrieron despidos masivos y muchas oficinas ―entre ellas, las de Córdoba― están al borde del cierre. A los pocos meses de asumir el nuevo gobierno, el programa “Primeros Años” sufrió un fuerte recorte con el despido de 80 trabajadores, prácticamente la mitad del personal que se desempeñaba a nivel nacional. Desde entonces, el programa se encuentra en un proceso de reestructuración interna y a la espera de directrices, con temor a nuevos despidos o al cierre definitivo del programa.
En Córdoba, el equipo técnico intenta acompañar el trabajo de las facilitadoras en los barrios, sin embargo, la tarea no es fácil porque no solo no cuentan con recursos económicos para asistir a las familias, sino que además muchas facilitadoras dejaron de percibir parte de sus ingresos tras cambios en políticas sociales como el POTENCIAR. Desde el equipo técnico temen que los constantes ataques y recortes al programa acaben con la red comunitaria construida a lo largo de estos años, lo que implicaría dejar sin acompañamiento a familias en contextos de violencia y vulnerabilidad extrema.
*Por Victoria Bulacios Sant’ Angelo – Instituto de Humanidades (CONICET/UNC) – para La tinta / Imagen de portada: José Gabriel Hernández/La Voz.
