Luz y Fuerza rechaza la privatización llaryorista: «EPEC tiene valor, pero no tiene precio»
El Gobierno Provincial argumenta que la empresa tiene que cambiar su personería jurídica tras las reformas dispuestas por el presidente Milei. El sindicato, sin embargo, afirma que su transformación en Sociedad Anónima provocará pérdida de puestos de trabajo, desinversión y mala calidad del servicio.
El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba presentó el pasado lunes una acción de amparo para frenar la pretensión del gobernador Martín Llaryora de que EPEC funcione jurídicamente y comercialmente como sociedad anónima (SA).
Los trabajadores sostienen que la sociedad anónima abre el juego a la «venta y división de EPEC, pérdida de puestos de trabajo, caída del Convenio Colectivo de Trabajo, desinversión, mala calidad del servicio con cortes prolongados y masivos, y tarifas dolarizadas, tal como sucede con las empresas privatizadas en Buenos Aires (Edenor y Edesur)».
No es la primera vez que un Gobierno de Córdoba intenta privatizar la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Entre los años 2000 y 2001, durante el primer mandato del gobernador José Manuel de la Sota, la Provincia intentó la privatización de EPEC y solo se pudo evitar gracias a las contundentes movilizaciones de trabajadores y vecinos de Córdoba.
En esta ocasión, el gobernador Llaryora respalda su propósito privatizador en el marco de la Ley de Bases y el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei. Sostiene que a partir de la reforma dispuesta por el gobierno de Milei, quedaría sin efecto la figura de «Sociedad del Estado» como tal, lo que obligaría a la EPEC a modificar su personería jurídica.
Si efectivamente estuvieran obligados a cambiar su forma, el Gobierno afirma que EPEC podría pasar a ser un ente autárquico (aunque desde el sindicato afirman que ya lo es), un apéndice de algún ministerio o una sociedad anónima (como Bancor). Desde el panal, se inclinan por esta última opción y la decisión ya fue anunciada a todas las organizaciones sindicales participantes.
Pero desde Luz y Fuerza subrayan que el DNU 70/23 contempla empresas nacionales estatales, que no era obligatorio que las provincias adhieran y que solo «invita» a los gobiernos provinciales y municipales a tomar decisiones similares con las empresas estatales, pero no las obliga.
Alfredo Seydell, secretario de Derechos Humanos del sindicato, remarcó que es «una mentira que por ese decreto, Epec tenga que transformar su figura jurídica».
«Hoy te dicen que el 99% de las acciones van a quedar en manos del Estado Provincial. Pero nada te garantiza que en un futuro vendan esas acciones. Por eso decimos que S.A. es igual a privatización. Lo que quieren hacer acá es una unidad de negocios», indicó Seydell en diálogo con La tinta.
Vale recordar que Epec no solo tiene superávit, sino que es la única empresa estatal que tiene la generación, la distribución y la comercialización del servicio eléctrico.
Rol social de la empresa
Seydell subrayó que el acceso a la energía es un derecho humano fundamental e inalienable.
«La carta orgánica de la empresa que Epec tiene como objetivo brindar una buena calidad de servicio al menor costo posible. La buena calidad, a un privado monopólico, no le interesa. Quién va a llevar la luz a una escuela rural, donde tengas un tendido de 7 kilómetros y asistan diez niños. Solo lo hace el Estado», señaló el representante gremial.
La transformación de EPEC en una sociedad anónima amenaza el sentido social y público del servicio, que ha hecho posible llevar la energía a donde un privado no llega si no obtiene rentabilidad.
Medida de amparo
Con el patrocinio de los abogados Miguel Rodríguez Villafañe y Marcos Daher, el sindicato solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 33 y 34 de la ley provincial 11.015 (modificaciones al Código Tributario, decreto promulgatorio 379/2024), como así también del DNU 70/2023 de Milei, sobre el que se fundan los artículos de la ley 11.015.
Hasta que la Justicia resuelve dicho planteo, los abogados presentaron una medida cautelar de no innovar en la Cámara Contencioso Administrativo de Córdoba para que la empresa provincial creada hace más de 70 años no asuma cambios respecto a la conversión en sociedad anónima.
El jueves 27/02, el sindicato junto a sectores gremiales se movilizarán desde las 18 para visibilizar la situación al resto de la ciudadanía.
* Por Redacción La tinta
