La deuda histórica, el despojo hacia los pueblos originarios, la persistencia del racismo colonial y la avanzada del saqueo extractivista
Por decreto, el gobierno de Javier Milei oficializó la derogación del Decreto n.º 805/2021, que extendía la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas en el país, vigente desde 2006. En un contexto de creciente extractivismo, el Gobierno nacional muestra su alineación con los intereses privados, negando los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución y el derecho internacional. En esta nota, Laura Misetich Astrada, Blanca Márquez, Gladys Canelo y Erick Rojas reflexionan en torno a lo que está sucediendo en el país los últimos meses.
Laura Misetich Astrada, antropóloga indígena, comunera de la Comunidad Canchira del pueblo camiare comechingón, docente en el Instituto de Culturas Aborígenes e investigadora de la UNC; Blanca Márquez del lof Werken Kurruf (Las Palmas, Pocho, Córdoba), rankulce, werken y lawentuchefe; Gladys Canelo, bióloga y miembro de la comunidad Quisquisacate Curaca Lino Acevedo, del pueblo kamiare comechingón, miembro de las organizaciones indígenas OTePOC y EPI-KAMBA, y de la Comisión de DD. HH. del Consejo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, y Erick Rojas, nawan de la Comunidad indígena La Unión del pueblo camiare comechingón (Pocho-San Alberto), reflexionan en torno a lo que está sucediendo en Argentina estos últimos meses.
Mediante el Decreto 1083/2024, esta semana, el Gobierno nacional dejó sin efecto la Ley 26.160, sancionada en 2006 y prorrogada por última vez mediante el DNU 805/21 durante el mandato de Alberto Fernández. Según los fundamentos escritos en el decreto, la prolongación de la emergencia generó “inseguridad jurídica” y vulneró el derecho de propiedad de los titulares legítimos, lo que contraviene los artículos 17 y 124 de la Constitución Nacional.
Desde el Consejo de Comunidades Indígenas de Córdoba, publicaron un comunicado en el que expresan: «La derogación del Decreto 805/21, última prórroga de la Ley 26.160, deja a los pueblos indígenas desprotegidos y vulnerables frente a la expansión de intereses económicos y territoriales ajenos a sus derechos y tradiciones. Esta declaración es un llamado a la acción, un recordatorio de los derechos y obligaciones que el Estado argentino tiene frente a los pueblos indígenas, y una expresión de la unidad y determinación de las comunidades indígenas para defender sus territorios y tradiciones».
Como lo han señalado juristas del derecho indígena en Argentina, «la derogación de la norma no habilita al impulso de desalojos de comunidades indígenas”, puesto que la protección de estos derechos ya ha sido consagrada en la propia Constitución Nacional Argentina (Art. 75, Inciso 17) y el Art. 18 del Código Civil y Comercial argentino que ratifica estos derechos constitucionales.
Noviembre: Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de los derechos de los pueblos indígenas
Todo tiene que ver con todo: lo que sucedió en noviembre no fue solo un voto negativo. La Constitución Nacional, en su Artículo 75 inciso 17, reconoce nuestra preexistencia como pueblos indígenas anteriores al Estado argentino y, de esto, se desprende un conjunto de derechos que han sido refrendados por leyes, entre las cuales, se promulgó la Ley 23.302, que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante el gobierno de Alfonsín en 1985, a pocos años del regreso de la democracia.
En adelante, se promulgaron numerosas leyes, entre ellas, la Ley 24.071 de 1992, que ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y quedando pendiente una ley sobre la propiedad-posesión de tierras habitadas tradicionalmente por comunidades indígenas y la reparación histórica a los despojos cometidos durante décadas de manera sistemática.
La 26.160 declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas. En ese contexto, se ordenó un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras habitadas por las comunidades indígenas, a cargo del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Al momento, no han relevado ni el 50 por ciento de las comunidades. Una deuda del Estado argentino que vulnera aún más en contextos de avances incesantes y, ahora, «legales» o fortalecidos con la Ley Bases.
Por esto es que las declaraciones de la abogada de tierras del INAI el mes pasado y el voto negativo de cancillería en las Naciones Unidas de principios del mes pasado no nos sorprenden, sino que dejan más evidentes y contundentes los problemas que venimos atravesando y su escalada con políticas como las actuales que ven en nuestra madre tierra la dadora de riqueza a cualquier costo y contra todo principio de vida y buen vivir.
No es menor que una institución indígena, supuestamente descentralizada, sea dirigida por personas no indígenas (actualmente, la preside Claudio Avruj) y que esté bajo la esfera de un ministerio, actualmente, el Ministerio del Interior (como lo fuera a principios del siglo XX). El cambio desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, luego hacia el de Capital Humano al del Interior, claramente, fue estratégico, en orden a instrumentar la viabilidad del RIGI en las provincias y aceitar la “explotación de los recursos” y concesiones para los inversores. Una llave que les permitió el acceso a los territorios a estas grandes inversiones, usando a las comunidades originarias como moneda de cambio, como afirmó Jorge Nahuel, coordinador de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Otra cuestión, más estructural y profunda, es la colonización que impregna las palabras, acciones y sentir de muchos que forman parte de estos espacios que repiten maneras y visiones lejanos al sentir y pensamiento de nuestrxs ancestrxs y de los territorios. Este organismo y sus funcionarios parecieran estar a merced de las políticas de turno que pusieron al mercado, la explotación de “recursos naturales” y el individualismo como eje de sus políticas, y con creciente necesidad de aleccionarnos sobre las conveniencias de un supuesto desarrollo sostenible que, bien sabemos, ofician de espejitos de colores, llamado hoy RIGI. La Ley Bases «es una vuelta de tuerca del extractivismo. Es algo así como el golpe del final», como analizan Svampa y Viale. Estratégicamente, esta ley puso como interlocutores privilegiados a los gobiernos provinciales y las empresas con una tibia o nula presencia indígena. La consulta previa, libre e informada no es respetada, y los dichos de la directora del RENACI ante empresarios mineros dejó en claro el sello extractivista y contra los derechos indígenas, al sostener que “una comunidad no puede ser impedimento”. Por eso, se multiplican los pedidos de renuncia y de repudio. Todo tiene que ver con todo.
Asimismo, a nivel internacional, la nueva conducción de la Cancillería Argentina emitió su voto en contra del proyecto de resolución “Derechos de los Pueblos Indígenas” (A/C.3/79/L.21/Rev.1). El Gobierno nacional, una vez más, dejó en evidencia su postura y política hacia los pueblos indígenas y nuestros derechos, de abierto desprecio, negación y racismo, partiendo desde la reivindicación de Colón y Roca como parte de su imaginario doctrinario y político, delineado en el retorno al rancio conservadurismo y a las prácticas genocidas que, desde fines del siglo XIX, procuran nuestra extinción, silenciamiento y despojo territorial e identitario, sosteniendo la versión monocultural y noratlántica como modelo de país.
Diciembre: Argentina deroga un decreto clave y finaliza la emergencia en tierras indígenas
El Decreto 1083/2024, firmado por el presidente Javier Milei, Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger, deroga la Ley n.º 26.160 sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner y el DNU 805 de 2021. Así, Milei publicó oficialmente el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas.
Con el decreto de LLA, se deja sin efecto el artículo 2 de la ley 26.160, que suspendía la ejecución de sentencias y actos administrativos tendientes al desalojo de esos territorios. Además, desde el gobierno, argumentan que la ley permitió un uso abusivo de la figura, provocando un incremento de comunidades registradas, que pasaron de 950 en 2006 a 1.626 actualmente.
El texto indica que, bajo la vigencia de la emergencia, se multiplicaron los conflictos por tomas de tierras en diversas provincias, con al menos 254 casos judicializados, muchos de ellos acompañados de violencia. Las disputas, según el LLA, obstaculizaron el desarrollo de inversiones y obras de infraestructura, además de limitar derechos como la libre circulación y el acceso a la vivienda por parte de propietarios desplazados. “La extensión de esta medida consolidaba una desigualdad entre ciudadanos argentinos y provocaba graves perjuicios al sistema republicano de gobierno”, señala el Ejecutivo en el Decreto 1083/2024.
Todo tiene que ver con todo
Precisamente, en un contexto de disputas sobre las narrativas y símbolos de lo “argentino”, nos toca, como pueblos y comunidades originarias, nuevamente, asistir al despojo y precarización de nuestros derechos consagrados por el marco jurídico nacional e internacional.
Es importante recalcar que el voto en contra de noviembre y el decreto de diciembre no eximen a la Argentina de la aplicación de la Resolución A/C.3/79/L.21 “Derechos de los Pueblos Indígenas”. La misma fue aprobada por 168 votos a favor de los Estados miembros de la ONU y, por lo tanto, resulta legislación vigente y aplicable en todo el país. En ese sentido, los Estados miembros están obligados a respetar las advertencias y prescripciones entre los que se encuentran recomendaciones sobre: el “consentimiento previo, libre e informado” en el diseño de toda política pública que se quiera realizar en los territorios donde habitamos comunidades indígenas; la protección de los pueblos indígenas y sus comunidades contra desplazamientos forzosos de sus territorios; la participación plena, igualitaria y significativa de los pueblos indígenas, en particular, de las niñas y mujeres indígenas y personas indígenas con discapacidad; planes de acción con un enfoque intergeneracional para preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas, y eliminar los obstáculos que entorpecen el acceso a la Justicia de los pueblos indígenas y en condiciones de igualdad. El Estado argentino debe alentar y garantizar prácticas sostenibles y responsables ante el impacto ambiental adverso de ciertas actividades en las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Otra consonancia con una política conservadora y capitalista-extractivista es que el gobierno retirara su delegación de la 29° conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas (COP29).
Desde los territorios, alzamos nuestras voces, estas que se diluyen en la capital del país, en los centros urbanos, en las oficinas y en las conciencias de muchos que trabajan por el resguardo del derecho indígena, del derecho ambiental y patrimonial. Nuestras existencias, historias y derechos a la autodeterminación y autonomía no fueron ni serán negociables, por más que la lucha sea desigual. Siempre lo ha sido, pero acá estamos, nunca nos fuimos ni nos vencieron con la muerte, la negación o el silencio. Nuestra preexistencia como pueblos indígenas no solo es un derecho constitucional o internacional, es una realidad, le guste a quien le guste, pertenecemos a la tierra desde hace miles de años.
Habitamos un país con una enorme deuda histórica hacia nuestros pueblos como preexistentes al Estado y con gravísimas transgresiones y violencia que escala en el presente, transformándose en un verdadero etnocidio. No estamos en riesgo únicamente las comunidades originarias, sino también la democracia cuando se desmantelan los acuerdos y normas establecidos como sociedades, cuando los racismos se refuerzan, se multiplican los despojos a merced de los poderes locales y se violan leyes y convenios internacionales. Todo tiene que ver con todo.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: Anabella Antonelli.
