Muertes en el encierro: los casos de Carla Gascon y Kevin Godoy exponen la violencia institucional en las cárceles de Córdoba
Dos muertes en menos de dos semanas revelan la crisis del sistema penitenciario en Córdoba. Carla Gascon, internada sin atención sanitaria adecuada, y Kevin Godoy, quien sufrió graves quemaduras en extrañas circunstancias, son las últimas víctimas de un sistema denunciado por torturas, maltrato, hacinamiento, falta de atención médica y condiciones insalubres. La Red por los Derechos Humanos denuncia que estas muertes están relacionadas con un sistema que viola sistemáticamente los derechos más básicos. «Lo que se vive en las cárceles de Córdoba es una práctica de tortura. Las muertes de Carla y Kevin no son aisladas, son el reflejo de un sistema carcelario colapsado», afirman.
Carla
El 17 de octubre, Carla Gascon, de 38 años y originaria de Santa Fe, falleció en el Establecimiento Penitenciario n.º 3 para Mujeres de Córdoba, después de haber sido internada en un estado crítico debido a una evidente falta de atención médica. Tenía menos de un mes en ese centro, tras haber sido trasladada desde la cárcel de Río Cuarto. Según sus compañeras de prisión, Carla había solicitado atención médica durante más de diez días, pero solo había recibido atención de la doctora Salas, ginecóloga encargada del establecimiento, quien, al parecer, le habría suministrado una medicación errónea. «Nadie la atendió a tiempo”, aseguraron sus compañeras, quienes emprendieron una huelga de hambre por más de dos días para exigir justicia por su muerte. El reclamo posibilitó que se conocieran la muerte de Carla y la demanda de acelerar los procesos de las detenidas, que, en su mayoría, siguen en condición de procesadas. Desde el Movimiento Anticarcelario, afirman que se presentaron habeas corpus ante los juzgados de Ejecución n.° 1, 2 y 3, en donde se plantea el retraso de los informes, pericias y pronósticos criminológicos de parte del Servicio Penitenciario de Córdoba. En relación con esta muerte, no se brindó información oficial.
Este no es un caso aislado y, en un comunicado de hace unos días, la Red por los Derechos Humanos en Contextos de Encierro señala que el hacinamiento y la falta de recursos en el sistema penitenciario de Córdoba son problemas estructurales que agravan aún más la situación. “El hacinamiento es el principal problema y lo que se vive en las cárceles de Córdoba es una práctica de tortura, por la imposibilidad fáctica de acceso a derechos, no solo a la salud, sino también de educación, trabajo, recreación y visita; y que infringe los estándares internacionales en DD. HH. de cantidad de alojadas por celda. Esto es responsabilidad principalmente del Poder Judicial, que continúa ordenando detenciones en este centro, sin considerar esta superpoblación que existe desde hace tiempo en el establecimiento Padre Luchesse-Bouwer», denuncian.
Como aseguran desde la Red y como han denunciado en el informe local que elaboraron y presentaron ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, en el establecimiento penitenciario, han registrado: “Sobremedicalización de las internas, es decir, una administración no controlada de los psicofármacos. Las internas denuncian ausencia de atención psicológica y esto afecta considerablemente en las situaciones de intentos de suicidio. El acceso a educación, que, según relatan familiares, es deficiente, sólo el 1 % de la población puede acceder a diferentes programas educativos. Al igual que en el resto del complejo, las internas relatan cortes de agua prolongados. Reclaman que los elementos de limpieza que les proveen son escasos (poca cantidad de lavandina y poca variedad de productos). Denuncian que no son escuchadas en sus demandas y que, en muchas ocasiones, tienen que autolesionarse para lograr ser atendidas. En este centro, registramos que persisten situaciones de violencia obstétrica y de vulneración de derechos a la higiene femenina, y restricciones innecesarias a las visitas, como así también requisas vejatorias a familiares. Incluso, algunas internas relatan que las hacen parir con medidas de sujeción. El área de salud (hospital) de este complejo es utilizado por motivos de “resguardo” ante amenazas entre internas y se convierte en una especie de medida de sujeción, al estar aisladas, sin salida al patio y expuestas al contagio de enfermedades de quienes van al área por cuestiones de enfermedad”.
El Gordo Kevin
Apenas unos días después, el 23 de octubre, el sistema penitenciario cordobés volvió a ser escenario de otra muerte. Kevin Nicolás Godoy, de 24 años, estaba detenido hacía más de un año, condenado desde marzo, y había sido trasladado cuatro días antes a la cárcel de Río Cuarto. Oriundo de Villa Siburu, donde todos lo conocían como el «Gordo Kevin», falleció después de sufrir graves quemaduras ―que habían alcanzado el 85 %― en el Hospital de Río Cuarto.
Según la Red, las versiones oficiales en este caso son contradictorias en cuanto a la fecha de ingreso, estado de conciencia, horario de fallecimiento y varias otras cosas que señalan con mucho dolor sus familiares.
Agustín Villarreal, miembro de la Red por los Derechos Humanos en Contextos de Encierro e investigador del Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR), aporta detalles sobre la historia de Kevin. “En marzo de este año, Kevin había recibido la condena y estaba alojado en el MX2 de Bower. Fue ‘capeado’ (trasladado arbitrariamente) a Villa María, después de tener un conflicto con otros internos. Sus padres nos contaban que allí empezó el infierno que, luego, se extendió a Río Cuarto, a partir del maltrato y la violencia del servicio penitenciario. En el EP5, estuvo algunas semanas y, luego, fue trasladado al EP6, en el que murió cuatro días después. Kevin tenía dos hijas, su novia estaba embarazada, en la espera de su tercer hijo. Estaba con ella desde hacía más de 6 años. El lunes, recibe un llamado su mamá y, asustado, Kevin le pide por favor que lo saquen de ahí, tenía miedo de que lo mataran. La llamada se corta abruptamente, sus padres tienen la hipótesis de que le sacan el teléfono de las manos. Horas después, reciben un llamado de una trabajadora social del servicio penitenciario de Río Cuarto. Le explicaban que su hijo estaba internado en hospital de Río Cuarto y que debían viajar hasta allá porque se había prendido fuego en el colchón. Al otro día, se produjo el fallecimiento de Kevin. La familia descree de la versión del servicio penitenciario sobre lo que ocurrió, de las amenazadas que sufrió previamente y del momento en el que sucedió el hecho”.
¿Y el mecanismo local de prevención de la tortura en Córdoba?
Como explican a La tinta desde la Red, aunque estas muertes rara vez se investiguen, según el Protocolo de Minnesota, son considerados homicidios hasta que el Estado provincial demuestra lo contrario.
El 30 de octubre, se declaró en la Legislatura provincial el beneplácito por el informe final del proyecto «Relevamiento y monitoreo de los malos tratos y tortura en contextos de encierro de Córdoba», elaborado por la Red y presentado ante el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 2º Convocatoria 2023. “Justamente, en ese informe, damos cuenta de muchas de las condiciones de vulneraciones de derechos humanos, malos tratos y torturas que están absolutamente vinculadas con las muertes de Carla y Kevin” dice, en diálogo con La tinta, la abogada y doctora en Ciencias Sociales, Valeria Plaza Schaefer, integrante de la Red por los Derechos Humanos en Contexto de Encierro.
Ese mismo día, la Red solicitó que se avance urgentemente con la puesta en marcha del mecanismo local de prevención de la tortura y que, en función de la grave crisis penitenciaria existente, se agilicen los tiempos para ese tratamiento. Plaza explica que, en julio de este año, se presentó un proyecto de creación de un comité local y, en agosto, Luis Angulo, el ministro de Justicia, en un panel de formación de fiscales, estableció que era inminente el tratamiento de la ley.
«Estamos aún a esperas del proyecto del Ejecutivo”, enfatiza la abogada y agrega que, en un encuentro de la Red que hubo en agosto con los legisladores Nadya Fernández, Matías Chamorro y Brenda Austin, y la presidente de la Comisión de Derechos Humanos Inés Contreras, les comunicaron que, una vez que ingresara el proyecto del Ejecutivo, se pondrían en consideración ambos proyectos (el del radicalismo y el del oficialismo) y convocarían a las organizaciones sociales para el debate de los mismos. «Esto sigue sin avances, salvo por la declaración del pasado 30 de octubre. Si bien es cierto el contexto de crisis que se desarrolla en los últimos meses -y que fue noticia- en el seno de la policía de la provincia de Córdoba, creemos justamente que está vinculada a estas denuncias (que no son para nada aisladas de la corrupción policial). Es urgente la creación de mecanismos de prevención de la tortura, que lo que hacen también es controlar y monitorear las prácticas de los agentes penitenciarios y policiales, vinculadas a estas situaciones en las dos instituciones. Vamos a seguir insistiendo y ojalá se pueda tener algún avance pronto”, concluye Plaza.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: PROCUVIN.
