Especialistas tildan de “tendencioso” el informe de la Sociedad Rural que apunta contra la Ley de Bosques
Mientras entidades agropecuarias presionan para modificar las áreas protegidas y ampliar la frontera ganadera en Córdoba, profesionales en ciencias ambientales critican los datos publicados por la Mesa de Enlace y piden profundizar la planificación de cortafuegos y la política de prevención de incendios.
La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias publicó un estudio en el mes de agosto, en el que critica la Ley 9.814 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Córdoba y presiona para modificar las áreas protegidas y ampliar así la frontera ganadera.
El principal argumento que exponen los productores rurales del norte y oeste de la provincia en el “Estudio de áreas quemadas en la provincia de Córdoba: Periodo 2010 – 2022” (Marcelo Romero-Erio Curto, 2024) es que la norma define como áreas protegidas a zonas que ya no ostentan valor de conservación.
¿Por qué antes habían sido catalogadas como zonas rojas y amarillas, y ahora supuestamente no lo serían? Casual o causalmente, se trata de la zona donde más proliferaron los incendios durante la última década. Según el informe, entre los años 2010 y 2022, se quemaron 1.101.794 hectáreas en el territorio provincial y una buena parte de esa superficie incinerada corresponde a zonas rojas y amarillas de alto valor de conservación.
Y es esa fatal estadística la que pretenden utilizar a su favor las entidades rurales, bajo el argumento de que los incendios se producen por culpa de un mal ordenamiento territorial, una enorme acumulación de material combustible y falta de pastoreo.
Como solución, ofrecen que se modifique el actual mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Córdoba y que se permita ganadería y quema prescrita en zonas prohibidas, para que consuman la supuesta sobreabundancia de pastizales de altura y reduzcan material combustible.
«Al contrario de lo que piensan, nosotros somos ambientalistas, queremos proteger también el bosque, pero no es esta la manera”, expuso Alejandro Brandán, de la Sociedad Rural de Jesús María.
«Interpretación errónea y sesgada»
Reconocidos investigadores de instituciones cordobesas (UNC, CONICET, INTA, Red de Restauración Ecológica Argentina, Ecosistemas Argentinos y Foro Ambiental Córdoba) salieron al cruce del informe financiado por la Mesa de Enlace.
Los profesionales en ciencias ambientales subrayaron que existe una «interpretación errónea y sesgada de los datos publicados».
Los autores Argañaraz, Argibay, Baldini, Bellis, Cavallero, Cingolani, Enrico, Kopta, López y Mari remarcan, en primer lugar, que el método utilizado para estimar la superficie quemada no es lo suficientemente preciso, ya que se basa en datos satelitales de baja resolución y se ignoran otros productos satelitales más idóneos para la estimación de superficie quemada.
Además, en cuanto a la calidad de la información generada, señalan que la utilización de un solo sensor (MODIS) para detectar focos de calor posee algunas falencias. Por otra parte, en el estudio, no explican si hubo validación de la estimación de superficies quemadas.
También critican que, para estimar qué tipo de vegetación se quemó, utilizan solamente un mapa que corresponde a la cobertura de suelo del período 2017-2018: «La estimación de la vegetación quemada debería realizarse año por año con información de la cobertura del suelo anterior a los eventos de fuego (…) El análisis de la vegetación afectada por los incendios carece de rigurosidad metodológica, dado que, para 7 años de la serie de superficies quemadas, utilizan mapas de vegetación posteriores a los eventos de fuego, con lo cual, en lugar de analizar la vegetación afectada por el fuego, analizan la vegetación registrada luego de la ocurrencia de fuego», desarrollan los especialistas.
En diálogo con La tinta, el investigador de Conicet y docente de la UNC, Juan Pablo Argañaraz, lamenta: «Están tratando de instalar la noción de que los bosques más protegidos son los que más se queman y como de alguna manera solicitando que haya alguna desregulación en ese uso en lugar de demandar que haya realmente un manejo mucho más efectivo una protección más efectiva de estos bosques».
El informe de los ruralistas apunta que el 75% de los incendios ocurrió en bosques cuyo uso está regulado por la Ley de Bosques. Para el estudio de los profesionales en ciencias ambientales, esa afirmación que llegó a los medios no solo no se sustenta con datos del propio informe, sino que contradice la propia investigación. Según la superposición de áreas quemadas y el mapa de vegetación elaborado por IDECOR, se ve que el monte que se quemó en la década analizada fue más cercano al 9%, mientras que lo que más se quema son cultivos agrícolas, arbustales matorrales y pastizales naturales.
En bosques maduros, las copas de los árboles reducen la llegada de luz solar directa al suelo, lo que reduce la acumulación de biomasa de pastos y otras especies herbáceas muy inflamables, disminuyendo la velocidad de propagación del fuego y facilitando la tarea de bomberos y brigadistas.
«Estos bosques que están en las sierras de Córdoba son fundamentales porque protegen las cuencas de las cuales nos abastecemos gran parte de los habitantes de esta provincia. Entonces es muy importante fomentarlo y recuperarlo porque ya está bastante degradado y desaparecido. Los bosques en buen estado de conservación son comunidades vegetales menos inflamables que arbustales y pastizales. Si nosotros le damos tiempo a la naturaleza para que se recupere después del fuego, va a poder retomar su forma y eso ayudará a disminuir la incidencia del fuego», puntualiza el Dr. En Cs Biológicas, Juan Argañaraz.
Por tal motivo, una estrategia de largo plazo para la prevención de incendios puede ser la de promover que los bosques que están actualmente en estado inmaduro, dominados por pastos, arbustos y árboles pequeños, logren madurar hasta formar una canopia continua y actúen como cortafuegos naturales.
Hay un punto, sin embargo, en el que ambos estudios coinciden: «Si no se gestiona el paisaje de manera adecuada, puede ocurrir una mayor acumulación y continuidad de combustible y, por lo tanto, aumentar el peligro de incendios. Estamos de acuerdo en que hay que gestionar y no alcanza con solo declarar las áreas como protegidas, sino también invertir en recursos para hacer un manejo adecuado y permitir la conservación de esas áreas».
Finalmente, sugieren profundizar una política provincial y nacional de manejo del fuego con principal enfoque en la planificación de cortafuegos y la prevención de incendios, sumado a la imperiosa necesidad de que la Ley de Bosques reciba el financiamiento en tiempo y forma, para poder implementar políticas de manejo y conservación de bosques.
*Por Ezequiel Luque para La tinta.
