¿Y la Ley de Dengue?
Argentina enfrenta una creciente ola de infecciones por dengue, con un incremento constante de casos confirmados y cinco muertes más la semana pasada, tornando la situación cada vez más crítica. En la provincia de Córdoba, las medidas actuales parecen insuficientes para contener la propagación del virus y, a pesar de la existencia de una ley específica, según los datos brindados por la Dirección de Epidemiología, hasta el 1º de marzo eran un total de 3.434 casos y el viernes ya superaban los 5.562.
En 2009, se publicó la Ley Provincial 9.666, aprobando el «Plan Director de Lucha contra el Dengue» que actualmente no se está aplicando integralmente. La legislación prevé mucho más que las fumigaciones programadas por barrios, una medida comúnmente utilizada para controlar la proliferación de los mosquitos transmisores del dengue, pero que por sí sola no es estrategia suficiente para contener la propagación del virus. En 2016, se sancionó la Ley 10.338, una actualización que incorporó otras patologías que se contagian por el mismo vector: el mosquito Aedes aegypti.
El experto en salud pública y médico epidemiólogo, Carlos Ferreyra ―uno de los autores de la Ley―, en diálogo con La tinta, advirtió que se necesitan acciones más integrales para frenar la epidemia, que incluyan sistemas de alerta temprana, planes de asistencia en los hospitales, sanciones a los grandes criaderos y ayudas materiales a los sectores que lo necesiten para que sus hogares no sean un peligro para sus vidas.
«Córdoba debería tener activo el Consejo Interministerial que la Ley dicta, que es un Comité de Seguimiento de aplicación de la legislación, presidido por el ministro de Salud de la Provincia e integrado por un representante de Salud, uno del Ministerio de Educación, uno de Obras y Servicios, uno de Ambiente, un representante de la Comisión de Salud Humana de la Legislatura Provincial y tres designados por los municipios y comunas de la provincia», explica Ferreyra.
El ex-consultor de la ONU hace hincapié en la importancia de tener una alerta temprana de la enfermedad, lo que posibilita la formación de los trabajadores de la salud, la preparación de los servicios y de un protocolo que ayude a diferenciar un paciente febril de COVID o uno de dengue, garantizando una atención oportuna y adecuada a los pacientes, inclusive la internación.
Con relación a lo presupuestario, la propia ley autoriza al Ministerio de Finanzas a efectuar las adecuaciones y partidas pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto y necesario para la situación epidemiológica, que es una emergencia en la actualidad. Además, el Estado puede ―y debe― sancionar a los dueños de los sitios que son grandes proveedores de mosquitos para los barrios. «Es necesario corrernos del mensaje de que el problema es el cacharrito. Hay que buscar los lugares donde hay generación de grandes depósitos y apercibir, multar o sancionar. Y, luego, tenemos que ayudar económicamente a los ciudadanos para que tengan sus tanques tapados y tela mosquitera en sus viviendas y escuelas».
«En este contexto, si no se implementan las medidas necesarias y el Estado no protege a la población del riesgo que está provocando el dengue, tenemos un problema de derechos humanos y, entonces, tenemos un problema de democracia. Lo mismo con el calor»,subrayó el especialista.
La situación del dengue no puede ser ignorada ni subestimada y está directamente vinculada al cambio climático. Como explica el especialista, Córdoba tiene la isla de calor urbano más grande de Latinoamérica y la tropicalización de la zona hace que el área de influencia del dengue haya ido creciendo: con el aumento en las temperaturas y el aumento en la humedad ambiental, se favorecen las condiciones de vida, sobrevida, ovipostura y reproducción de la hembra del Aedes aegypti. «Enfrentar al dengue implica tener un proyecto estratégico, porque el dengue no es un problema ni estacional ni anual, es un problema estratégico vinculado directamente a la emergencia climática y al crecimiento del calor en el planeta y en la región», indica el médico.
Ferreyra preside la alianza internacional/España de la Asociación Civil Alianza Clima, Vida y Salud Argentina, miembro del LatinClimateCluster. Desde allí, se organiza cada año la Cumbre Latina del Calor, un evento híbrido no arancelado que tendrá lugar entre el 18 de marzo y el 5 de abril de 2024. «El evento constituye una iniciativa ciudadana planetaria destinada a visibilizar los daños y costos del calor extremo creciente y sostenido, de las islas de calor urbano y eventos vinculados: emergencia climática, sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos, con impactos en la economía, infraestructuras y producción de alimentos, en las poblaciones humanas, animales y vegetales, sobre el agua, los ecosistemas y la naturaleza, y especialmente en la pérdida de derechos humanos de los más vulnerables, y exigir respuestas y acciones eficaces urgentes», detallan desde la coordinación.
Para los expertos, muchos gobiernos y alcaldes/intendentes y tejido empresarial de los territorios latinos del Sur Global han manifestado una inacción o negacionismo ante los daños del calor extremo ―a pesar de la claridad de la ciencia disponible y de las necesidades visibles de los ciudadanos más vulnerables―, y no han implementado políticas locales de adaptación, subrayando que aún la sociedad civil no es consciente de la urgente necesidad de exigir la protección de los derechos humanos ante el calor.
Ante esto, el doctor egresado de la UNC plantea que, en dicha «concepción estratégica», la comunidad es el actor fundamental: «La comunidad se tiene que organizar, empoderándose con conocimientos para enfrentar el dengue. El peligro de las falsas sensaciones de seguridad que aporta la fumigación actúa en contra del empoderamiento de los ciudadanos, de los barrios. Es un momento en el cual se hace más necesaria que nunca la acción comunitaria y el control de los grandes criaderos locales de dengue. Igualmente, se plantea la vacuna como alternativa, lo cual realmente no va a resolver el problema estratégico: no va a resolver los impactos en daños y costo de la epidemia. Empoderando a los ciudadanos se reducen los costos personales que implican, por ejemplo, tener un paciente en la familia: no ir al trabajo, perder largas horas en el hospital y más aun si tiene que estar internado. Los tiempos de espera son inhumanos y, por esto, también decimos que claramente el dengue hoy es un problema de derechos humanos».
Un último punto al que Ferreyra hace alusión es a la necesidad de tener una estrategia estatal sólida de respuesta a esta enfermedad cada año, con planes operativos, que no tienen que ser menores a 10 años. «Córdoba va a tener el dengue claramente por la próxima década y esto hay que prepararlo así. En este primer año en que estamos, lo importante es también evitar que el dengue produzca daños y pérdidas a la sociedad. ¿Cómo? Por ejemplo, teniendo políticas sectoriales apropiadas para impedir que los servicios comunes públicos, como transporte, seguridad, salud y educación, sufran, que el dengue impacte lo menos posible en la actividad normal de la sociedad».
Para participar de la cumbre latina del calor, es necesario inscribirse en info@nosotroslospueblos.org / Información telefónica WhatsApp: Castellano: +54 9 351 209813 / +54 8 11 34621705; Inglés: +54 9 11 32166375 / Francés: +34 620 371 867.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: EFE.
