“El que corta, no cobra”: ¿es la persecución a los movimientos sociales la salida a la crisis económica?
La frase dicha por las ministras Sandra Pettovello y Patricia Bullrich sintetiza una posición contundente contra las organizaciones y movimientos sociales: hace tiempo se cocina a fuego lento una estigmatización social hacia quienes «reciben planes”. Ahora, es el Estado quien lo profundiza con las medidas del Ministerio de Capital Humano y el Protocolo contra la protesta. Conversamos con referentes de Barrios de Pie, del Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Encuentro de Organizaciones.
Si abrís la app Mi Argentina, encontrás un mensaje corto y contundente: “El que corta, no cobra. Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte: Si sos beneficiario/a de un plan social, que nadie te obligue a cortar vías de circulación bajo amenaza de que vayas a perderlo. Podés denunciar anónimamente al 134. Que tengas una Navidad y un fin de año en paz”.
Esto viene después de tres anuncios centrales en la primera semana y media del gobierno de Milei. El primero a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien estableció el congelamiento de los aumentos para los beneficiarios del Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023, junto con la decisión de «eliminar los intermediarios», y un aumento del 100% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del 50% para la Tarjeta AlimentAR. En un contexto de licuación del salario y de hiperinflación, ¿cómo pueden creer que con esas medidas van a parar el hambre?
Luego, vino el anuncio del protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad federales frente a casos de cortes de calles en jurisdicción federal, presentado por la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich. Se trata de un mecanismo que apunta a la represión y criminalización de la protesta social con la intervención de las fuerzas de seguridad frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal. Posterior a la presentación, la ministra se paseó por canales amigos insistiendo: “La gente que va al corte va a perder el plan. Cuide ese dinero, cuide a su familia y no vaya a cortar una calle». El abogado Lucas Crisafulli explica en una nota por qué el derecho a la protesta es un súper derecho constitucional que no puede ni debe ser amedrentado por este protocolo.
Y finalmente, uno de los más esperados, el de la ministra Sandra Pettovello, titular de la nueva cartera de Capital Humano, quien hizo su primer anuncio hace dos días, con un video grabado difundido por el canal de YouTube de Casa Rosada e Instagram, titulado: “Anuncios sobre planes sociales y piquetes”. Pettovello se refirió a la marcha convocada para hoy en diferentes puntos del país: “Queremos puntualizar que, si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetarse el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo».
Con la premisa de “defender a las madres, niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles que viven el país”, comunicó que quienes hayan «promovido, instigado, organizado o participado en los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano», y que iniciará un proceso para la eliminación de la intermediación en los planes, así como la quita del certificado de presencialidad a las marchas y realizará una auditoría -otra más- sobre las organizaciones. “Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle”, expresó la ministra. De humano, poco ¿no? Más bien, una combinación de pedagogía de la crueldad con la retórica del sacrificio.
El estigma sobre los movimientos piqueteros y el uso del concepto plan introduce una disputa simbólica presente ya hace tiempo. Lo que llaman planes son salarios complementarios establecidos por la Ley de Emergencia Social que prevé la creación de dicho salario, que es la mitad de un salario mínimo, vital y móvil, sancionada en 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri.
“Petovello anunció sin mayores inconvenientes lo que este gobierno entiende que es necesario: el desarme del enemigo, un ataque frontal, ‘bala o cárcel’, según el senador Espert, mensajes dirigidos abiertamente hacia los movimientos sociales y sectores de izquierda. Pero ¿el enemigo no es la casta? ¿La persecución a los movimientos sociales es entonces la salida de la crisis económica y no lo sabíamos? ¿Es el libre mercado, nobleza mediante, la mejor forma de regular los precios?”, se preguntan desde el Encuentro de Organizaciones (EO) por estos días.
Y es que la atención ahora está en los movimientos sociales, el gran chivo expiatorio y todo operativo montado para las audiencias que odian a “quienes reciben un plan”. “Quieren convencernos de que ‘con el sacrificio de todxs, se podrá crecer’. Pero sabemos que el ajuste no se paga por igual, el relato del sacrificio sólo se sostiene si vemos sufrir a quien nos causa dolor; desde los movimientos, seguimos esperando que sea la casta, pero no, Petovello lo dejó bien en claro: el enemigo son los sectores organizados. ¿Se habrá vuelto difícil identificar quiénes son la casta?”, dice Noe, integrante del EO.
¿El objetivo es el cuidado del plato de comida de los sectores más vulnerables? “Si fuera así, no habría ataques hacia quienes garantizan viandas en las barriadas, espacios de cuidado infantil, hacia quienes crearon cooperativas de trabajo del cartón, de la construcción, del textil, hacia quienes, desde la ruralidad, producen el alimento sin venenos que necesitamos llegue a nuestras mesas. Ninguna medida de aumento de AUH, AlimentAR será efectiva sin una intervención en el mercado de los alimentos. Ninguna mesa estará completa sin una regulación sobre los principales formadores de precios. Nosotras, nosotros, seguimos esperando a que el ajuste lo pague la casta”, afirma la integrante del EO.
Silvia Quevedo es coordinadora provincial del Movimiento Barrios de Pie y, en diálogo con La tinta, nos cuenta sobre cómo tomaron las recientes medidas: “Los anuncios son alarmantes ante una situación social y económica terrible que está atravesando no solamente el sector al cual pertenecemos, sino la sociedad en general; los precios aumentan, la situación económica golpea fuerte a trabajadores, jubiladxs, trabajadores informales. Ante esa realidad, la única respuesta en materia de seguridad y social son amenazas o contraponer algún grado de demonización a las organizaciones sociales y la sociedad civil, que tienen un rol clave en materia de construcción de comunidad. Y no es que lo venimos haciendo hace dos años, lo estamos haciendo de manera sostenida hace muchísimo más”.
El gobierno actual de Javier Milei profundiza la demonización a los movimientos sociales diciendo que solamente las organizaciones son intermediarias o, por ejemplo, no saben cuál certificado de presencialidad es del que hablan. Desde Barrios de Pie, han pedido una reunión para el día viernes a la ministra de Capital Humano y aún no tienen respuesta. “Existen distintos dispositivos, áreas y formas de trabajo que han desarrollado durante muchos años las organizaciones sociales, que han dado respuestas concretas a situaciones complejas. Queremos ofrecerle o llevarle una serie de propuestas con distintos referentes de comedores comunitarios para ampliar y sostener la ayuda alimentaria y la seguridad alimentaria”.
Barrios de Pie, con lo que primero fue la CTEP, la CCC, el tridente de San Cayetano, presentaron propuestas y una de ellas fue la emergencia social que planteaba un programa vinculado a la producción y a personas que habían quedado por fuera del sistema formal de trabajo. De ahí, nace el Potenciar Trabajo, que es un salario que complementa la labor que sostienen los trabajadores de la economía popular, enmarcada dentro de las unidades productivas.
Quienes cobran el Potenciar Trabajo son 1, 2 millones, pertenecen a las llamadas “unidades de gestión” que dependen de organizaciones sociales de diversos signos políticos, de la iglesia, ONG, clubes y federaciones. Cada titular lo cobra directamente del Estado y las unidades productivas certifican las 4 horas diarias de trabajo. Vale aclarar, en medio de tanta desinformación malintencionada.
El debate más de fondo es deslegitimar a quienes se organizan para conquistar derechos, dice Silvia y agrega: “Hay mucha incertidumbre, angustia y decepción; nadie votó para recibir una batería de medidas que achiquen tu posibilidad de construir una vida digna, de comer y esto impacta no solamente a nuestra organización”, enfatiza Quevedo.
En Córdoba, más de 2.000 familias están organizadas para tener mejores condiciones de trabajo en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Conversamos con uno de sus integrantes, Javier Montalvo, quien además es referente de la Mesa nacional de Barrios Populares en Córdoba y primer vocal nacional del sindicato UTEP. “Quieren seguir alimentando la estigmatización a la clase trabajadora pobre, pensar que solo reciben ‘planes’ por quedarse en su casa o por ir a una marcha”, afirma.
“Hoy, nos conformamos bajo un Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular, con las Cooperativas de Trabajo que son visibles a cualquier organismo público. Estamos acostumbrados a auditorías por parte del Gobierno nacional y en todas las que nos hicieron no encontraron nada irregular. Invitamos a la ministra Pettovello a conocer nuestros espacios de trabajo y a realizar las auditorías correspondientes antes de seguir estigmatizando a los trabajadores que tan mal la pasan. ¿No les basta con el ajuste que están llevando a todas las familias argentinas?”.
Sobre el señalamiento de que llevan gente obligada a las marchas, Javier explica que nunca en sus prácticas dan de baja a compañeros por no marchar, pero se entiende “de una ministra que no conoce el campo de trabajadores de la economía popular. Para salir a movilizar, se deben agotar todas las instancias de negociación, la pasamos mal cada vez que salimos a reclamar por un salario digno y nos reprimen. En tiempos en donde nuestro sector es deslegitimado sistemáticamente, hace falta remarcar con orgullo que somos miles las trabajadoras y trabajadores de la economía popular que ponemos el cuerpo conteniendo en cada barrio, construyendo cooperativas y unidades productivas”.
Ya están en marcha las políticas de la crueldad para alimentar a las audiencias y la provocación. Mientras, la hiperinflación vacía las mesas y la represión está a la orden del día.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
