Crisis climática: la deuda compartida
¿Cómo se vinculan los efectos del cambio climático con los préstamos que reciben los países en desarrollo? ¿Las actividades extractivas impulsadas para generar divisas terminan potenciando la deuda? Estas son algunas de las preguntas que se desprenden del informe «Nafta al fuego. Deuda pública y cambio climático en Argentina», en el que se analiza la interdependencia que existe entre las crisis climática y de deuda.
Por Vanina Lombardi para Agencia TSS
Hace unos días, el paso del huracán Otis dejó decenas de muertos y destrozó gran parte de la ciudad de Acapulco, en México. Inundaciones, sequías, incendios, temperaturas extremas y otros eventos climáticos catastróficos se han vuelto frecuentes en todo el planeta. La crisis provocada por el cambio climático es global y evidente. Junto a ella, hay otra crisis que también es compartida por muchos países: la deuda pública, producto de préstamos y financiamientos otorgados por entidades internacionales, tanto organismos públicos como instituciones privadas.
“Generalmente, se piensa que la deuda es un problema de la Argentina, pero, en rigor, forma parte de una realidad compartida a nivel internacional”, afirma el investigador del CONICET, Francisco Cantamutto, coautor del informe Nafta al fuego. Deuda pública y cambio climático en Argentina, publicado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en el que junto a Juan Pablo Bohoslavsky buscan explicar la interdependencia que existe entre la crisis climática y la crisis de deuda en América Latina y en la Argentina en particular.
“Cuando estalló la pandemia, el Fondo Monetario Internacional (FMI), junto al Banco Mundial y al G20 identificaron 73 países que estaban en riesgo de caer en una crisis de pago de deuda. Tras las medidas que establecieron estos mismos organismos para lidiar con la situación, prácticamente la totalidad de esos países seguían en riesgo de pago de deuda”, recuerda Cantamutto. Y destaca que, para poder comprender la escala de este problema, es necesario tener en cuenta que entre un tercio y la mitad del mundo atraviesa o es afectada por ambas crisis.
Como señala el documento, entre el 75% y el 93% de los países que están en crisis de deuda también están atravesando los efectos de la crisis climática. Se trata de una realidad compartida que no afecta a todos por igual. Mientras que los principales responsables del cambio climático son los países más desarrollados, que históricamente han sido los más contaminantes del mundo, los que reciben mayores impactos del cambio climático son los países de la periferia, entre los cuales se encuentran los de América Latina.
“La crisis climática se genera de manera asimétrica y eso impacta de manera inversa en términos de los costos de adaptación que tienen los países”, afirma Cantamutto y ejemplifica: “La Argentina emite menos del 1% de los gases de efecto invernadero global y, sin embargo, este año, atravesó una sequía brutal que nos dejó con 21.000 millones de dólares menos de exportación”.
Elaborado a partir de una reconstrucción de datos que partieron de una amplia revisión bibliográfica y una multiplicidad de documentos de diversas fuentes –como el Banco Mundial, el FMI, el INDEC, la Asociación Meteorológica Mundial y los ministerios de Economía y de Desarrollo Social–, el informe da cuenta de cómo los costos que generan los eventos extremos provocados por la crisis climática inducen a los gobiernos en los que faltan fondos a tomar más deuda, en las que muchas veces, incluso, cuanto mayor afectación tiene el riesgo climático, mayor es el interés que terminan pagando.
Al mismo tiempo, los organismos que otorgan préstamos y el FMI en particular (al que consideran como un organismo “catalizador”, puesto que, desde los años 80, actúa como una suerte de auditor o vocero de los acreedores y dice qué es lo que estos esperan) sugieren qué medidas deberían tomar los países deudores e impiden que estos puedan destinar recursos para mitigar o enfrentar el cambio climático.
“Las recomendaciones siempre se inclinan por la austeridad fiscal, es decir, por el ajuste, y a forzar un modelo de crecimiento basado en la apertura y el extractivismo, que vulnera distintos tipos de derechos humanos”, advierte Cantamutto. Como la deuda se toma principalmente en moneda extranjera, “los acreedores inducen a un patrón de desarrollo que no tiene que ver con adaptarse al cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o estar más preparados ante posibles eventos extremos, sino que está pensado para incrementar las exportaciones, en pos de generar divisas para pagar esa deuda”, explica el investigador.
“En la periferia latinoamericana y en la Argentina, esto refuerza el extractivismo: el negocio de Vaca Muerta, el del litio o el del cobre, que están pensados para generar divisas para realizar pagos de deudas”, considera el especialista. Según refiere el documento, se estima que el pago de la deuda pública en América Latina y el Caribe representa alrededor del 91% del gasto social total (educación, salud y protección social).
“En los próximos años, esto va a empeorar y por eso es necesario tomar cartas en el asunto, pensando no solo en discutir el pasado, sino de cara hacia el futuro. La Argentina no está sola lidiando con esto, es una realidad global y es necesario actuar en consecuencia. Eso significa tejer alianzas a escala global para modificar esta situación”, dice Cantamutto.
Cuestión de prioridades
Tanto deudores como acreedores están obligados por el derecho internacional a actuar con celeridad y ofrecer los reparos necesarios para poder garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, entre los cuales se incluyen el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Al respecto, a nivel internacional, se han ido construyendo consensos en torno a la necesidad de lidiar con el cambio climático y sus consecuencias.
Ya en 1994, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se reconoció el origen antropogénico de este fenómeno global y se estableció la obligación de que los países desarrollados aporten fondos y tecnologías para alcanzar las metas comunes y evitar que los países con menos recursos tengan que comprometer su desarrollo y puedan abordar un proceso de transición socioenergética.
A partir de entonces, los países desarrollados han reiterado ese compromiso. En la 15° Conferencia de las Partes (COP15) de la CMNUCC, que se realizó en Copenhague en 2009, por ejemplo, se comprometieron a alcanzar una meta colectiva de financiamiento climático de 100.000 millones de dólares por año, desde 2020. Esas obligaciones se consolidaron en 2015, en la COP21 realizada en París. Sin embargo, al día de hoy, esa meta está lejos de alcanzarse. Según el informe, se calcula que se han aportado menos de un cuarto de los fondos comprometidos y que casi tres cuartos del financiamiento para acciones climáticas llegaron en la forma de crédito, es decir, incrementando la deuda.
“De la mano de las revisiones del FMI, no solamente se está acrecentando el peso del pago de los servicios de la deuda, que ha consumido un tercio del excedente comercial generado en la Argentina, sino que, al mismo tiempo, ese organismo exige aumentar la ganancia en los sectores extractivos y, específicamente, impulsar las exportaciones de litio, de gas en yacimientos no convencionales y del complejo oleaginoso cerealero, que aporta dos tercios del superávit fiscal total”, ejemplifica Cantamutto. Y detalla que, en la actualidad, los pagos de deuda argentina (que en total supera los 360.000 millones de dólares, entre los cuales se incluyen los más de 44.000 millones de dólares adeudados al FMI), equivalen a 38 veces el presupuesto total del Ministerio de Ambiente.
Esto genera un círculo vicioso que mantiene a los países endeudados: la necesidad de pagar la deuda empuja a incentivar el desarrollo de actividades que van en contra de sus compromisos en materia climática. Y como los recursos obtenidos son destinados a pagar deuda, luego se ven obligados a buscar nuevos financiamientos para invertir en adaptación y mitigación ante posibles eventos climáticos. En el caso argentino, por ejemplo, se elaboró un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que propone 250 medidas. Entre ellas, se estimó el costo de 169, que, tal como figura en el informe, alcanza un total de 296.594 millones de dólares, equivalentes al 75% de la deuda pública total a finales de 2022.
Ante esta situación, el informe también aporta algunas recomendaciones para la elaboración de políticas públicas. Entre ellas, advierte sobre el rol de los países acreedores y su responsabilidad en apoyar a la mitigación y la prevención de posibles impactos del cambio climático en los países más afectados. “En el primer trimestre del año, la Bolsa de Cereales de Rosario había mostrado que íbamos a perder casi 20.000 millones de dólares de exportaciones debido a la sequía y era evidente que iban a faltar dólares. Sin embargo, hubo que esperar nueve meses para que el FMI, que ya había reconocido los efectos de la sequía, accediera a adelantar los desembolsos para que el país no estuviera sujeto a la inestabilidad”, dice Cantamutto y advierte que el organismo podría haber suspendido los pagos de deuda hasta que el problema se resolviera. En ese sentido, considera que el FMI actuó forzando la inestabilidad macroeconómica que atravesó el país.
“Se ve una responsabilidad compartida”, advierte Cantamutto y considera que los acreedores deberían ofrecer alivios y condonaciones de deuda por distintos motivos. Uno de ellos son las operaciones ilegales e ilegítimas que le dan origen a la deuda. Otro, contemplar a las deudas en un marco más amplio de derechos, en el que el derecho de los acreedores de cobrar una obligación de pago está en relación con un conjunto de derechos más amplios.
“No es la obligación de pagar la deuda frente al deseo de mejorar la vida de quienes habitan en el país, no es primero pago la deuda y, si me sobra, extiendo la red de agua potable, son un conjunto de derechos que están en un pie de igualdad”, afirma el especialista y agrega que la Organización de Naciones Unidas, a través de la Comisión Internacional Derechos Humanos, no pone al derecho de propiedad en primer lugar.
“No se puede pagar la deuda a costa de deteriorar la garantía de derechos humanos de la población del país deudor”, dice Cantamutto. “Eso significaría que, en lugar de pagar, el país podría usar esos recursos para poner paneles solares, hacer un sistema de tratamiento de aguas servidas o cualquier tipo de acción que sirva para adaptarse o mitigar el cambio climático”, agrega. Y concluye: “Estas son algunas de las salidas que ponemos sobre la mesa, a las cuales todos los acreedores, incluyendo especialmente al FMI, están de alguna manera obligados a considerar, no por una declaración de deseo o voluntad, sino porque es el marco legal internacional en el que se manejan los Estados”.
*Por Vanina Lombardi para Agencia TSS / Imagen de portada: Brigada Forestal Chiviquín.
