Pacto policial en el caso Paredes: por ahora, nadie dice quién mató a Joaquín
Durante los dos primeros días de audiencia, los policías acusados de participar del asesinato de Joaquín Paredes expusieron su versión en los Tribunales de Cruz del Eje. El único que se negó a declarar fue Mikael López, procesado como el autor del disparo que terminó con la vida del joven de 15 años.
El resto de los uniformados que intervinieron en la balacera desplegaron ante el Jurado Popular y los jueces una cuidadosa y coordinada versión de los hechos que pretende absolverlos de responsabilidades, pero que ya muestra contradicciones y que, sobre todo, no explica qué sucedió esa fatídica noche del 25 de octubre de 2020 en la localidad de Paso Viejo.
Al momento en el que se lleva adelante este proceso, sólo Maikel López permanece privado de su libertad. El resto de sus colegas también estuvieron presos por unos meses, pero fueron liberados cuando la Cámara de Villa Dolores les aligeró las imputaciones y los desligó del homicidio, algo que la familia de Joaquín continúa reclamando.
Que hayan llegado al juicio en libertad significa también que se mueven a sus anchas por Tribunales, que caminan entre los familiares y amigos de Joaquín, que se ríen a los gritos con sus abogados en el pasillo o que tienen largas charlas de camaradería con otros policías que están trabajando adicionales en el Poder Judicial.
Con ese clima de fondo es que los policías declararon este lunes y martes, con la expectativa puesta en si el relato de cada uno ayudaría a dilucidar cómo se dieron los hechos y si se iba a romper el pacto policial.
Lamentablemente, tanto Enzo Alvarado como Iván Luna, Ronald Fernández Aliendro y Jorge Luis Gómez, se dedicaron más a expiarse de culpas y ensuciar a las víctimas que a explicar cómo terminó un adolescente muerto en una plaza, con una bala de plomo en la espalda.
Cada uno a su turno, los policías -ahora en pasiva- remarcaron que recibieron la orden de evitar reuniones sociales y que, por eso, se presentaron esa noche primero en la plaza y luego en el dispensario, donde un grupo de jóvenes celebraba un cumpleaños. Esgrimen que algunos de los jóvenes reunidos tenían antecedentes, acusaron un consumo excesivo de alcohol y sugirieron diferentes elementos para construir en el Jurado una imagen de «malas víctimas», un «algo habrán hecho».
Todos los uniformados que declararon contaron que las agresiones de los jóvenes fueron desmedidas y sin provocación; que utilizaron piedras, botellas y palos; y que comenzaron de manera espontánea en el dispensario (donde ocurrió el homicidio) y no como una respuesta al asesinato de Joaquín, como indica la instrucción de la causa.
Durante sus declaraciones, los policías insistieron en pintar un escenario en el cual eran ellos los desprotegidos, que tenían miedo; que no se podían comunicar entre sí (en esto hay contradicciones entre los acusados); que, cuando usaron el arma reglamentaria, lo hicieron de forma disuasiva y sin apuntar a personas; y que se enteraron de la víctima fatal minutos más tarde del hecho.
Alvarado dice que él no fue. Que no escuchó disparos en el dispensario y que «protocolos hay muchos, pero nunca se usan».
Luna dice que él no fue. Que realizó 3 o 4 disparos al aire intimidatorios, y que «el superior de turno debería haber pedido refuerzo de Infantería».
Ronald Fernández Aliendro dice que él tampoco fue. Que había un grupo grande escuchando música y que pidieron «más personal para erradicarlos» -eliminar una cosa de manera completa y definitiva-. También dice que «salió como salió» y que no planearon nada. Cambia su declaración: inicialmente había dicho que no había disparado, pero ahora admite que hizo disparo al aire.
El sargento Gómez, esa noche, era el policía con más alto rango y antigüedad en la fuerza. El resto eran todos agentes de «la última camada». Dice que él no fue. Que siente detonaciones de arma de mano en el dispensario y que López y Luna admiten que hicieron disparos allí. Agrega que no existe protocolo cuando te atacan con piedras y agregó que «no podría haber evitado que algún compañero dispare».
Ante la negativa a declarar de Maikel López, el último en hacerlo fue el subcomisario Alberto Sosa Gallardo, que tiene una imputación diferente al resto. Está acusado de amenazas por, presuntamente, apuntar a los jóvenes con la escopeta, al inicio del conflicto. Sosa dice que él sabía que el arma estaba descargada y que la utilizó porque tenían la orden de «desalentar reuniones públicas» por la pandemia. Dice que no fue, que ni siquiera disparó esa noche. Era el encargado zonal en ese momento y hay contradicciones respecto a su responsabilidad a la hora de escribir el procedimiento de todo el operativo, cuestión que será clave más adelante.
En diálogo con La tinta, el abogado querellante, Claudio Orosz, subrayó que «la táctica de la defensa es hacer aparecer esto como si fueran pobres policías agredidos, que ante el miedo y la inminencia de la muerte, sacaron sus pistolas y mataron a un pibe, y casi matan a otro».
«Ahora que empiezan los testimonios, te empezás a dar cuenta las contradicciones. No explican por qué murió un chico por la espalda cuando se estaba yendo del lugar. Durante toda la pandemia estuvimos tomando testimonios. Fue muy difícil tomar esta causa y los testimonios demostrarán que hubo un homicidio agravado y que casi hubo 14 muertos más. La prueba es muy contundente«, agregó el letrado, quien se mostró confiado en que en el debate oral quede a la luz la responsabilidad que tuvo en el hecho cada uno de los acusados.
* Por Ezequiel Luque para La tinta.
