El periodista español Pablo González lleva 15 meses detenido en Polonia, acusado sin pruebas fehacientes de ser un espía ruso y sin poder comunicarse con regularidad con sus allegados.
Por Jayro Sánchez para La tinta
El próximo 24 de mayo, el corresponsal español Pablo González se enfrentará a una nueva vista judicial en la que un magistrado polaco decidirá si se prorroga, por quinta vez, la sentencia que lo mantiene en prisión preventiva y bajo régimen de aislamiento, en un módulo de máxima seguridad del centro penitenciario de la ciudad de Radom.
El reportero fue detenido el 28 de febrero de 2022 en la localidad de Przemyśl, cerca de la frontera con Ucrania, por los servicios secretos polacos bajo la acusación de ser un espía a sueldo de la inteligencia rusa. Un año y tres meses después, la fiscalía del gobierno del primer ministro, Mateusz Morawiecki, sigue sin fijar una fecha exacta para celebrar un juicio formal contra González. Tampoco detalla los delitos que quiere imputarle.
¿Seguirá intentando recopilar pruebas? Porque parece que lo que busca son pretextos inconcretos con los que acallar a un periodista independiente y eso es ilegal. Lo dice el artículo 11.2. de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), que obliga a sus Estados-miembros a respetar y proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.
Los artículos 47 y 48 de este mismo documento también garantizan a los acusados de un delito que “su causa sea oída equitativa y públicamente, y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial”, así como el cumplimiento del principio jurídico de la presunción de inocencia, básico en un Estado de derecho. Pero González sigue sin poder declarar su versión de los hechos ante un tribunal a más de un año de su detención.
Los líderes polacos están mostrando, de nuevo, su faz más hipócrita. Defienden la aplicación de la legalidad internacional y la prohibición del uso de la fuerza en sus discursos sobre Ucrania, pero no parece importarles garantizar los derechos de un periodista extranjero al que han encarcelado recurriendo a lamentables “estratagemas” jurídicas.
El gobierno estadounidense, que tanto ha protestado por la detención ilegal del reportero Evan Gershkovich en Rusia, calla. Incluso, sonríe a los ultraconservadores polacos cuando estos deciden exhibir su delirante ideología rusófoba. Y se proclama paladín de la libertad contra los regímenes autoritarios de Vladimir Putin y de Xi Jinping mientras deja, e incluso promueve, que sus aliados “demócratas” pisoteen las libertades de prensa e información.
Quizá hace la vista gorda con Polonia por su apoyo en la guerra de Ucrania. Para la administración de Joe Biden, esta representa una oportunidad de contener a Rusia y de fortalecer su influencia en Europa. Con la creciente “amenaza” de China en el Pacífico, está claro que tiene que reorientar a sus fuerzas y dejar a otros para que se preocupen por la agenda de Putin.
Y sus “vasallos” europeos le obedecen sin mostrar ningún tipo de resistencia. Entre ellos, el propio gobierno español, que tiene serias responsabilidades en cuanto al asunto González. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se han retirado a una discreta y abrigada trinchera secundaria de la comunidad internacional.
Deben estar demasiado ocupados hasta para reclamar al Ejecutivo polaco que organice visitas y llamadas telefónicas regulares entre Pablo González y su familia, lo cual supone otra negligencia más por parte de Morawiecki y sus ministros en cuanto al cumplimiento de los derechos del preso.
Por cierto, ¿dónde están los compañeros de profesión del corresponsal? Muchos parecen haberse escondido durante estos 15 meses, salvo para afirmar que Putin no es un tipo muy demócrata, lo cual ya le constaba a la mayoría de la población global desde hace tiempo. ¿De qué o a quién tienen miedo? Porque los siguientes podrían ser ellos.
*Por Jayro Sánchez para La tinta / Foto de portada: Oihana Goirinea.
