El presidente ecuatoriano disolvió el Parlamento, lo militarizó y ahora dirigirá el país durante seis meses por decreto, hasta que se realicen elecciones generales.
Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso -que se encontraba al borde de la destitución-, el pasado 17 de mayo, decidió utilizar un mecanismo constitucional denominado “muerte cruzada” en su favor para disolver la Asamblea Nacional, convocar a elecciones legislativas y ejecutivas anticipadas, y gobernar por decreto, en una especie de estado de excepción, durante seis meses. Por supuesto, para esto, contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía.
El mandato de Lasso debía extenderse hasta 2025, pero debido a su impopularidad e inminente destitución por parte del Poder Legislativo, el Ejecutivo entendió que terminarlo ya sería imposible, por lo que decidió -antes de irse- hacer todas las reformas que considera necesarias para liberalizar aún más la economía del país.
En estos seis meses, Lasso impondrá por decreto una reforma laboral, administrativa y tributaria que no pudo pasar por el Congreso debido a que no contaba con los y las legisladoras necesarias para su aprobación. En ese contexto, desde la oposición, alertaron respecto a una ola de privatizaciones por decreto que el gobierno puede impulsar, ya que no debe rendir cuentas a los otros poderes.
En la oposición, también se habla de “autogolpe” y la situación genera incertidumbre respecto de cuáles serán los próximos pasos. La ampliación de las fronteras petrolera y minera en territorios pertenecientes a pueblos indígenas, las distintas reformas económicas y la privatización de empresas públicas, sumado a cambios en las estructuras de educación y salud, son las que más preocupan.
El primer decreto que Lasso envió a la Corte Constitucional, la cual reemplaza a la Asamblea Nacional, fue el de reforma tributaria, cuyo objetivo es reducir los impuestos a los sectores de mayores ingresos. Otro decreto es el de urgencia económica, que busca acelerar las privatizaciones de las empresas públicas del sector energético, además de incentivar las inversiones extranjeras. En el caso de la reforma laboral, aún no se conoce el texto de la norma propuesta por el gobierno, pero las organizaciones sindicales ya se muestran en estado de alerta y movilización en caso de que vaya en contra de derechos adquiridos por los y las trabajadoras, lo que, teniendo en cuenta las otras medidas, es más que probable.
Durante abril pasado, Lasso anunció un despliegue de las Fuerzas Armadas con la intención de sofocar y controlar la violencia y la inseguridad a lo largo y ancho del país. Se espera que, a su vez, aproveche esta situación para reprimir todo tipo de protesta contra las medidas que, se espera, serán impopulares y generarán resistencia masiva en amplios sectores de la población, especialmente en los sindicatos y en las organizaciones indigenistas, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que directamente acusó al actual mandatario de optar por un “modelo dictatorial de gobierno”. En ese sentido, los dirigentes indígenas emitieron un comunicado en el cual advirtieron al Ejecutivo de “que se abstenga de emitir medidas que vayan a afectar los derechos humanos, los bolsillos del pueblo ecuatoriano y temas sensibles que pueden convulsionar el país”.
El presidente ecuatoriano defendió la invocación de la medida de la muerte cruzada en una entrevista con The Washington Post, al afirmar que era “fundamental dar una salida a esta crisis política”, mediante “un acto de generosidad para el país de acortar un mandato presidencial para lograr el interés común de los ecuatorianos… y no ver este bochornoso espectáculo de peleas entre políticos”.
Las elecciones se celebrarán el próximo 20 de agosto, con una eventual segunda vuelta en octubre. Lasso aseguró que su partido nominará a un candidato, pero que no le interesa realmente quién lo suceda. No se sabe, por ahora, qué rol desempeñará el expresidente Rafael Correa, fortalecido a partir de las últimas elecciones regionales y legislativas, pero aún impedido de regresar a su país por varias causas judiciales que pesan en su contra. Correa, por ahora, tuiteó el mismo día del anuncio presidencial: “¿Sabes qué? A pesar de sus mentiras y contradicciones, Lasso tiene razón: estamos viviendo una conmoción interna. Vamos a esas elecciones y barrámoslas en las urnas”.
🇪🇨| #GuillermoLasso disolvió la Asamblea Nacional en Ecuador, mientras se desarrollaba el juicio político en su contra pic.twitter.com/CPXAh6c6Ge
— ALAI (@ALAIinfo) May 17, 2023
Lo cierto es que Lasso, por su parte, ya anunció que no será candidato, algo que lo deja “liberado” para tomar medidas de gran coste político, que le exige un sector importante del empresariado. El costo social podría ser enorme y la gran pregunta reside en qué tan efectiva será la resistencia popular para frenar las medidas.
Lo que se viene durante los próximos meses en Ecuador, sin dudas, es un período de convulsiones y protestas. Los pueblos siempre están a la altura; habrá que esperar para ver cuál es la reacción de sus dirigentes. El mismo Lasso aseguró que, con esta medida, decidió “gobernar seis meses en el purgatorio en lugar de dos años en el infierno”. La cuestión es si, efectivamente, no se convierte en algo bastante similar para el grueso de los y las ecuatorianas.
*Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta / Foto de portada: A/D.
