Por Redacción La tinta
El Poder Judicial de Córdoba rechazó este jueves el amparo presentado por Aurelio García Elorrio, ex legislador, actual candidato a gobernador por Encuentro Vecinal Córdoba y referente de la organización Portal de Belén, que pretendía obstaculizar la aplicación de la Ley 27.610 en la provincia.
En conversación con La tinta, Mayca Balaguer, coordinadora de Asuntos Legales de Fundeps, explicó que se trató de una acción interpuesta en abril del 2021, poco tiempo después de la entrada en vigencia de la ley en todo el país, solicitando que se suspenda la aplicación en la provincia de Córdoba por considerarla inconstitucional. “Se demandaba a la provincia de Córdoba por las políticas y los programas que ha implementado para garantizar la ley”, indicó.
Activistas y organizaciones se convocaron desde las 12 en Tribunales I de la ciudad de Córdoba, en un pañuelazo a la espera de la sentencia judicial.
Los antecedentes no eran prometedores: en Córdoba la judicialización de la guía local de abortos no punibles por parte de Portal de Belén, generó obstáculos para el acceso a ese derecho desde el 2012 y hasta que se dictó y quedó firme la sentencia, recién en 2019.
“El Poder Judicial de la provincia ha sido un escenario en el que los mismos actores ya lograron una regresión en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos”, señaló Balaguer.
La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Cordoba, Católicas por el Derecho a Decidir, FUNDEPS y Clip, intervinieron en la causa como terceras interesadas, aportando argumentos para despejar confusiones y defender “una norma clave que representa un avance innegable en la garantía del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la salud, autonomía, libertad e igualdad de miles de mujeres y personas con capacidad de gestar en nuestra provincia” , expresaron en el comunicado.
Desde la sanción de la Ley 27.610 en 2020, organizaciones antiderechos buscaron obstaculizar su plena implementación en todo el país, con estrategias judiciales “que, sin fundamento y mediante judicializaciones abusivas, operan para impedir el pleno acceso de las personas gestantes a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”, afirmaron desde la convocatoria, y afirmaron que en la mayoría de los casos fueron rechazadas por improcedentes.
“Fueron dos votos contra uno, es decir, que un vocal le hizo lugar, pero finalmente se rechazó el amparo -expresó Balaguer después de recibir la sentencia-. Es un buen antecedente, se confirman otros rechazos que se hicieron a lo largo del país, así que estamos muy contentas”, concluyó.
Por Redacción La tinta
