Las muertes de inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos creció de forma exponencial. El gobierno de Joe Biden, pese a sus promesas de campaña, continúa con la política de represión y deportaciones masivas.
Por Redacción La tinta
La vida (y la muerte) de les inmigrantes que intentan ingresar a Estados Unidos no es un camino cubierto de pétalos de rosas. Es, simplemente, todo lo contrario. Una muestra clara de esta situación se conoció la semana pasada. El propio Departamento de Seguridad Nacional (DSN) estadounidense reconoció que, durante el último año, más de 740 inmigrantes murieron mientras intentaban llegar desde México al país del gran sueño americano. El número revelado supera en más de 200 la cifra del año precedente.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que los datos difundidos se calcularon desde el inicio del calendario fiscal, con fecha del 1 de octubre de 2021, hasta el presente. En total, se contabilizaron 748 decesos, lo que implica un nuevo récord frente a los 557 fallecimientos reportados durante los 12 meses anteriores en la frontera suroeste.
Un reporte de la cadena CNN estimó que las cifras oficiales podrían ser aún mayores, ya que otras agencias estatales y locales pueden recuperar cuerpos sin vida sin la participación de la Patrulla Fronteriza, la fuerza encargada de controlar las fronteras y reprimir a les inmigrantes.
El informe gubernamental agregó que, solo en julio de este año, la Patrulla Fronteriza realizó más de 181.000 arrestos en la parte limítrofe con México. Sumado a esto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos advirtió en un comunicado que los grupos criminales ponen en peligro las vidas de las personas traficadas para su propio beneficio económico.
En la declaración, la institución gubernamental reconoció que “las organizaciones de contrabando abandonan a los migrantes en zonas remotas y peligrosas, lo que provoca un aumento en el número de rescates, pero también, trágicamente, un aumento en el número de muertes. El terreno a lo largo de la frontera es extremo, el calor del verano es severo y los kilómetros de desierto que los migrantes deben caminar después de cruzar la frontera son implacables”.
Fernando García, director ejecutivo de la organización Border Network for Human Rights, declaró a CNN que “los migrantes, refugiados y familias enteras están utilizando rutas más remotas y peligrosas para llegar a Estados Unidos”.
En su investigación, el DSN también puntualizó que el número de búsquedas y operaciones de rescate, casi 19.000, creció exponencialmente durante el último año, frente a las más de 12.800 notificadas el año anterior.
Por otra parte, a finales de agosto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó que las deportaciones de niñes y adolescentes desde Estados Unidos al denominado Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) se elevaron más del 10.400 por ciento durante el primer semestre de 2022.
El informe de la agencia detalló que los tres países centroamericanos registraron, en conjunto, 11.361 deportaciones de menores de edad en los primeros seis meses del año, frente a las 108 computadas en el mismo lapso de 2021. En el caso de México, los retornos de niñes y adolescentes se elevaron un 46,1 por ciento durante el primer semestre del año, pasando de 5.795 casos en 2021 a 8.467 en la actualidad.
En total, desde Estados Unidos, fueron deportadas 109.624 personas hacia el Triángulo Norte de Centroamérica, con un incremento del 104,7 por ciento respecto a 2021, cuando el registro fue de 53.554.
Cada año, más de 500.000 personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, incluyendo miles de menores de edad.
En un informe reciente, el portal DEF explicó: “Cada 24 horas, cerca de 8.000 personas son detenidas por intentar ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Desesperados y escondidos en camiones, o peregrinando durante la noche profunda, cientos de miles buscan cruzar una de las zonas más vigiladas de todo el mundo”.
En julio, el gobierno del presidente Joe Biden pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos avalar su política migratoria que prioriza la deportación de personas indocumentadas. La solicitud de la Casa Blanca se produce luego de decisiones contradictorias de tribunales federales, basadas en una norma emitida en septiembre del año pasado por el Departamento de Seguridad Nacional.
Esa directriz suspendió las deportaciones, a menos que les inmigrantes cometieran actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces” a la seguridad pública. Sin embargo, un juez federal en Texas ordenó retomar la expulsión de indocumentades y eso generó el litigio legal.
En la misma semana, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva que autoriza a las fuerzas estatales a detener a les inmigrantes y devolverles a la frontera con México. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa de la administración Biden, Karine Jean-Pierre, señaló que “la aplicación de la ley de inmigración” es facultad de la autoridad federal y, por lo tanto, “los estados no deberían exigirla ni entrometerse en ella”.
Durante su campaña presidencial, Biden prometió un trato más humano a quienes llegan a su país, pero, en la práctica, mantiene las expulsiones selectivas mientras aumenta el número de cruces fronterizos. A su vez, las fuerzas encargadas de controlar las fronteras despliegan una represión sistemática contra quienes intentan cruzar el Río Bravo. Muchos de estos hechos fueron denunciados en los principales organismos internacionales, aunque esta práctica continúa.
La frontera entre México y Estados Unidos, de unos 1.123 kilómetros, es una zona altamente vigilada, con barreras de contención, iluminación de alta intensidad, detectores de movimiento y vigilancia permanente con camionetas todoterreno y helicópteros, que la transforma casi en un escenario de guerra.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: EFE.
