No es una reforma, es la profundización del modelo ecocida cordobesista
El pasado martes 17 de agosto y «con un tratamiento exprés y sin participación ciudadana”», la Legislatura cordobesa aprobó modificaciones al régimen ambiental de la provincia, con la firma del gobernador y su secretario de Ambiente. Ante esto, una carta abierta con múltiples adhesiones y un artículo de abogados litigantes ambientales explican la situación y dan detalles de lo que realmente significa la llamada «reforma» de la Ley 10.208 de Política Ambiental Provincial.
Por Redacción La tinta
Entre gallos y medianoches, con la firma de Schiaretti y Scotto, su ministro de Ambiente
Los abogados Darío Ávila y Carlos González Quintana, litigantes ambientales e integrantes del Centro de Estudios “Osvaldo Bayer”, explican en un artículo publicado la semana pasada que la “reforma” no configura una mera adecuación, revisión, mejora ni nada que se le parezca a los Anexos, sino, más bien, una modificación sustancial sobre la nómina de los supuestos de obras y/o actividades que podrán ser presentadas. “A partir de esta reforma propiciada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, aparecerán decenas de proyectos que escaparán a la aplicación de la ley (loteos y planes de vivienda menores a 25 lotes y demás casos contemplados). Todas estas actividades, que agravan la situación de extrema crisis ambiental existente en nuestra provincia y que mantienen en riesgo a los bienes comunes que resultan vitales para la existencia de la vida en el planeta y que contribuyen a la profundización del cambio climático global, fueron aprobadas por la Legislatura provincial sin participación ciudadana y violando los principios de congruencia legislativa, de progresividad y de no regresión, además de equidad intergeneracional. Las reformas practicadas comulgan con el inocultable interés del Gobierno provincial de profundizar el crecimiento económico, apoyándose en una falsa idea de progreso o desarrollo, mediante el incentivo y la facilitación de obras y/o actividades degradantes del ambiente (desarrollo inmobiliario, modelo de agronegocio, obras viales, etc.), desatendiendo de manera absoluta y manifiesta las dimensiones ambientales y sociales propias del desarrollo sustentable”.
Para ellos, “de nada sirve tener una muy buena regulación ambiental, que describa detalladamente el procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), si los proponentes de los proyectos y las autoridades de aplicación de esa ley pueden burlar o eludir su aplicación, simplemente,desarrollando una obra o actividad no contemplada en los Anexos”.
Ávila y González Quintana afirman que -literalmente- se flexibilizan y disminuyen las herramientas de protección legal y que la reforma de los Anexos puede transformarse en la llave que abra o cierre la posibilidad de aplicar la ley 10.208 a casos concretos y, con ello, de someter el proyecto al estudio interdisciplinario y al debate técnico y ciudadano.
Como Ud. sabe, señor gobernador
Por su parte, la semana pasada, diferentes organizaciones ambientales y sociales hicieron una carta abierta a Schiaretti para la que aún están sumando adhesiones. Celeste Rumie vive en Luyaba, Traslasierra, es parte del Colectivo por el Monte y Agua, y formó parte de esta iniciativa. En diálogo con La tinta, expresó que ven con mucha preocupación el atropello del Poder Ejecutivo y Legislativo que significa esta reforma y su contracara: la inacción y parálisis social ante lo que está pasando.
En la carta, le recuerdan al gobernador que la ley que reformó “fue sancionada en 2014 luego de muchos años de debate y participación de amplios sectores de la sociedad, con el aporte de equipos técnicos, de investigadores y organizaciones sociales. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la modificación permite desarrollar actividades destructivas, sin mediar estudio ni evaluación de impacto ambiental, social, cultural y arqueológico. Y el proceso de modificación no contó con la información y participación exigidas por el Acuerdo de Escazú y otras normativas provinciales y nacionales vigentes; este punto convierte a esta maniobra en un proceso antidemocrático, inconstitucional y abusivo”, y le exigen, en el pleno ejercicio de sus derechos colectivos, que el gobernador “vete las modificaciones a la Ley Provincial 10.208 perpetradas el pasado 17 de agosto por la Unicameral y proceda a reafirmar la mencionada normativa sancionada en 2014 con amplia participación social”.
Explican que esta iniciativa surge como una reacción, “como una forma de sacudirnos a nivel general, decidimos usar este recurso que tenemos les habitantes de a pie para denunciar esta reforma que fue hecha a espaldas del pueblo y en tiempo récord, como viene siendo su costumbre en materia de políticas ecocidas. Cuando, en 2016, se pretendió modificar la Ley N° 9.814 de Protección de Bosques Nativos, algunos legisladores de movimientos y partidos dieron a conocer que había ingresado a la Comisión de Ambiente un proyecto para modificarla. Algo que nos alarma es que esta vez hubo un absoluto silencio de esos mismos actores”, expresó Rumie.
La carta abierta como un puntapié se nutre y, a la vez, alimenta otras iniciativas de fundaciones ambientales y de abogades que presentarán la inconstitucionalidad de la reforma. Así como diferentes actividades en el espacio público para informar, debatir y movilizar colectivamente en distintos puntos de la provincia. “Es tiempo de despabilar, esta reforma es la expresión legislativa del ecocidio: la autovía, los incendios, loteos, el avasallamiento de la agroindustria, el agua del San Roque, los biocidas, la empresa de agrocombustibles Porta en barrio San Antonio, la empresa de agrocombustible Bío 4 en Río Cuarto, el parque solar en Cura Brochero y tanto más. Esto no es solo por la 10.208, es por el territorio, la indiferencia colectiva embadurna de poder a unos pocos”, concluyeron desde el Colectivo por el Monte y el Agua.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
