¿Qué está pasando en Panamá?
La «Dubai» centroamericana ha sido uno de los países más estables de Latinoamérica. Hace 30 años que una imperturbable democracia liberal y muchos indicadores macroeconómicos aceptables hacen de este país un caso excepcional de la región. Sin embargo, a principios de julio, comenzó una huelga nacional que duró casi un mes y continúa su cauce (incierto) de conflictividad en la Mesa Única de Diálogo (MUD) frente al Gobierno nacional, poniendo en evidencia la multi-crisis que atraviesa el país más «próspero».
Por Andrea Ivanna Gigena para La tinta
Panamá es uno de los países más pequeños de Latinoamérica/Abya Yala. Apenas supera los 4 millones de habitantes asentados en un estratégico nodo geopolítico de apenas 75,517 km2. A diferencia de sus vecinos -Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala-, marcados por la pobreza estructural, la violencia social, la expulsión de importantes flujos migratorios, los legados de las guerras y la ausencia de una justicia reparativa, este país ha sido una excepción en la subregión.
La crisis que hoy atraviesa Panamá, sin dudas, trasciende los efectos de la pandemia y el aumento de los precios de combustibles producto de la invasión y la guerra en Ucrania. Por primera vez en muchos años, dejó de ser noticia internacional por ser un eslabón en la cadena de evasión fiscal global, por los Panama Papers, por los escándalos del “Caso Odebrecht”, por sus paradisíacos paisajes tropicales sobre el Pacífico y el Atlántico, o por albergar el pueblo indígena que nos legó el término Abya Yala para nombrarnos contracolonialmente como región.
Luego de la sangrienta invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989 y saldada la etapa final de la “reversión” del Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999 (en cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter que establecía la desaparición del enclave colonial estadounidense mediante la devolución del control sobre el Canal y retirada del ejército estadounidense del territorio nacional), la economía panameña se consolidó sobre la renta canalera y los servicios financieros, comerciales y logísticos asociados a zona de tránsito.
En los últimos años, el turismo y algunas actividades extractivas se suman a la diversificación económica del país. Sin embargo, el canal interoceánico y el centro financiero internacional -que destaca por su “rascacielos”- en la ciudad de Panamá, y la zona libre de comercio en la colindante ciudad de Colón, son los engranajes del principal motor económico de una economía dolarizada desde principios del siglo XX (también como parte de las dinámicas del enclave colonial).
Según indicadores de la CEPAL: “Entre 1990 y 2018, con la excepción de dos años (2001 y 2009), Panamá ha tenido una trayectoria de crecimiento económico per cápita sostenido, aumentando en casi tres veces su PIB per cápita y superando en el año 2011 el promedio de América Latina y el Caribe”. Y frente a un horizonte altamente recesivo para toda la región, la CEPAL también lo marca con la mejor proyección de crecimiento del PBI para el 2022. Pese a todo esto, Panamá es uno de los países más desiguales de la región: “(…) en términos comparados con los otros países de la región, el fuerte crecimiento del PIB per cápita anotado por Panamá no ha tenido una correspondencia similar en la reducción de la desigualdad de la distribución por ingreso”, informa también la CEPAL. Y es aquí donde debemos encontrar las raíces de la crisis social y política de Panamá, recién ahora visible en una conflictividad social en aumento.
Algunos datos
Para el 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas informaba que la pobreza general alcanzaba al 21,5% de la población, de la cual el 10% estaba en condiciones de pobreza extrema. La indigencia, en general, se concentraba entre los sectores indígenas que, para sumar paradojas, son los pocos pueblos en Latinoamérica y el Caribe a los que un Estado les reconoce, desde hace varias décadas, regímenes espaciales de autonomía y autogobierno. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo registraba una tasa global de desempleo del 6,4%; tasa que ascendía el área urbana 7,2% y con una marcada diferencia entre los varones (5,0%) y mujeres (8,2%). La informalidad laboral, en constante aumento, se ubicaba cerca del 45%.
Luego de la pandemia, la tasa de desempleo ascendía al 9,9% en junio del 2022 (mes que comienzan las protestas), el trabajo informal subió al 52,8% y se dio un sostenido descreimiento hacia la dirigencia política de los partidos políticos tradicionales y la pérdida de confianza en el sistema político por un acumulado histórico de casos de corrupción. Según una encuesta virtual del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá (CIEPS), realizada entre el 18 y el 24 de julio, el 63% respondió que las causas de las protestas eran “la corrupción”, lo que condensa el caso Odebrecht que involucró a gobiernos anteriores y una serie de acontecimientos vinculados al gobierno actual como contratos mineros, exoneración de impuestos para inversiones turísticas, beneficios para una rectora de una Universidad provincial y los gastos de la Asamblea Nacional.
Pese a que Panamá ha gozado de estabilidad democrática e institucional, desde el año 2005, se han dado una serie de medidas como: la reforma del sistema de pensiones (2005); la “Ley Chorizo” que limitaba el derecho de huelga y exoneraba al Estado de hacer estudios de impacto ambiental en obras públicas de interés social (2010); la venta de tierras estatales en la Zona del Canal (2012); la construcción de una represa hidroeléctrica en Barro Blanco (extensa batalla del Pueblo Ngäbe-Buglé, que ganó legalmente en el 2018); reformas constitucionales que recortaban el presupuesto a las universidades públicas (2019).
El pueblo panameño tiene, además, una memoria muy reciente de protestas con saldo a su favor sobre conflictos y reclamos focalizados, pero que generaron que diferentes gobiernos dieran marcha atrás con medidas. Entonces, ante este panorama, la pregunta era: ¿por qué Panamá no había estallado? La punta del iceberg de la reciente huelga fue en junio cuando, por el alza en el precio del combustible, el sector transportista bloqueó temporalmente algunas carreteras exigiendo al gobierno medidas de alivio. En breve, la demanda se amplió a la ciudadanía que, junto al precio del combustible (Panamá se encuentra entre 10 los países latinoamericanos con mayor cantidad de vehículos por cada 1.000 habitantes), se sumó el reclamo por el precio de la canasta alimenticia y las medicinas: el “alto costo de la vida”.
Educadores tomaron centralidad y, mediante los gremios magisteriales, convocaron a la huelga a la que se sumaron otros gremios, como el combativo SUNTRACS (Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares) y las enfermeras. También estudiantes secundarios y universitarios (los históricos actores de las grandes gestas populares en Panamá), transportistas y las comarcas indígenas más empobrecidas, privilegiadamente el pueblo Ngäbe-Buglé, protagonistas de los cortes de carreteras en la salida de los productos frescos que consume la mayoría del país.
Lo más significativo ha sido el masivo apoyo social que, inicialmente, tuvieron las protestas, los cortes de las carreteras, las movilizaciones sociales y el llamado al paro nacional. Por primera vez en muchos años, las demandas fueron reconocidas como legítimas y propias por la mayoría de la población. La adhesión y las acciones activas se descentraron de la capital del país y se sostuvieron en todo el territorio nacional. La respuesta del gobierno de Lorentino Cortizo fue bastante rápida (aunque no por ello resolutiva). A diferencia de otros presidentes de la región que negaron o minimizaron el inicio de un estallido social (Piñera en Chile, Moreno y luego Lasso en Ecuador, Duque en Colombia y -con otros matices- Vizcarra en Perú), el presidente convocó a una mesa de diálogo y negociación con mediación de la Arquidiócesis de Panamá, a la que también se sumó de oficio la Defensoría del Pueblo.
Se conformó la Mesa Única de Diálogo con tres grandes grupos sociales: Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (ANADEPO) y grupos del pueblo indígena Ngäbe-Buglé. Es decir: los tradicionales sectores sindicalizados, pequeños productores, sectores indígenas y campesinos del interior del país. Del otro lado, los equipos técnicos y ministerios de las áreas competentes de cada uno de los puntos consensuados para su tratamiento.
El gobierno no decretó medidas de estados de excepción y la represión estuvo focalizada en Veraguas, el bastión combativo de los gremios docentes, y debió ser rápidamente controlada. Una salida represiva iba a agudizar el conflicto social a límites irreconciliables. Congeló el precio del combustible por debajo de la demanda inicial, el precio de 10 productos de la canasta básica, anunció algunas medidas orientadas a reducir el gasto público y derogó el decreto que otorgaba exoneraciones fiscales a las actividades vinculadas con el turismo
Sin embargo, la mecha se había encendido y el pueblo está “cabriao”. Un evento icónico que expresa el malestar popular sucedió en las primeras reuniones de la MUD, cuando un grupo de mujeres de la comarca indígena Ngäbe-Buglé ofrecieron una vianda de comida los equipos técnicos del gobierno nacional, elaborada con los productos de la canasta básica que el gobierno había congelado para la población.
Al día de la fecha, los cortes se han levantado y se ha normalizado la circulación de mercadería y personas, medida que había generado cierto malestar y disputas entre sectores sociales por el desabastecimiento. Después de casi un mes de huelga, se habían retomado las clases presenciales con un nuevo cronograma lectivo.
La MUD está en receso hasta el 11 de agosto, luego de haber acordado 4 puntos iniciales de la lista: la rebaja y congelamiento de la canasta básica en un 30%, sin afectar al productor nacional, la rebaja y congelamiento del precio del combustible para todos los vehículos y maquinarias, la rebaja y abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, estableciendo un mecanismo de compras directas en el mercado internacional (sorteando los oligopolios locales) y el cumplimiento del 6% del PIB, para educación, escalonado hasta el 2024.
Las agrupaciones empresariales y comerciales reniegan de los avances de la MUD e instalan la retórica del “comunismo” o los “sectores ideológicos” no representativos, porque pretenden ser incorporados al diálogo con voz y voto. Este pedido es avalado por el presidente Cortizo, pero altamente resistido por los movimientos sociales que, en los últimos días, se han declarado en estado de alerta por la dilación en la resolución de los restantes puntos acordados y por las dificultades ya manifiestas en la implementación de las medidas acordadas. Se han reanudado las protestas y los cortes de calzadas.
Todo esto sucede junto con el inicio del proceso de inscripción de candidaturas en el Tribunal Electoral para las elecciones generales del 2024, que auguran un récord de postulaciones independientes -la presentación a cargos de elección popular por libre postulación (sin partidos políticos) rige en Panamá desde el año 2011-. Este proceso electoral quedará atravesado por lo que ahora mismo se discute en la MUD que, por cierto, se transmite completamente en vivo y directo a todo el país. Esto ha convertido al escenario de las negociaciones en un proceso de educación popular en los asuntos públicos y fiscales, y un desnudamiento de los mecanismos de injusticia social y el funcionamiento de los oligopolios del país (como bien ha marcado la filósofa y feminista, Urania Ungo), además de una constante rendición de cuentas de las diversas áreas del gobierno.
El saldo hasta ahora es que esta crisis y su (aún incierto) horizonte de acuerdos ha producido un desplazamiento notable en las demandas: desde “el alto costo de la vida” a un cambio de “modelo económico” que subvierta “las desigualdades sociales”. Personalmente, creo que lo que no permite emerger estos temas de agenda -que sí emergieron en los estallidos, por ejemplo, de Chile y Colombia, y fueron centrales para el recambio político electoral- es que el ethos popular panameño está en buena medida prefigurado por el consumo y esto no se ha tambaleado aún. Y posiblemente esto explique aquella incógnita inicial de por qué, hasta ahora, en Panamá no había emergido el conflicto por la profunda crisis social que atraviesa.
*Por Andrea Ivanna Gigena para La tinta / Imagen de portada: AP.
