Por Huerquen
Entre el 1° y 2 de junio, funcionó en Buenos Aires la 2da reunión presencial del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar “José Luis Livolti” después de la pandemia. Durante esos dos días, delegados y delegadas de la casi totalidad de las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena analizaron el estado de situación de un sector clave que, a contramano de los discursos hegemónicos, produce la enorme mayoría de los alimentos que llegan a nuestras mesas. Para eso, trabajaron en cuatro comisiones: Tierra y Territorio, Semillas y Agroecología, Comercialización y Agregado de Valor, y Arraigo, cuyas conclusiones fueron leídas en la mañana de la segunda jornada en el Centro Cultural Kirchner.
Toda la reunión del Consejo estuvo teñida por la noticia de la demorada reglamentación de la Ley de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, por una Nueva Ruralidad en la Argentina”, nro. 27.188. Sancionada en diciembre de 2014, la reglamentación llevaba más de 8 años pendiente y, con ella, la correspondiente asignación de recursos. Este era un reclamo sostenido por el conjunto de las organizaciones, ya que en su articulado son abordadas cuestiones clave para la defensa y consolidación del sector, sobre todo, el acceso a la tierra.
El anuncio generó una gran emoción en el conjunto de representantes de las organizaciones, que tomaron la palabra compartiendo reflexiones y sentires, muchos de los cuales coincidían en lo “histórico” del momento. Frente a ese auditorio colmado, el anuncio de la reglamentación estuvo a cargo del presidente Alberto Fernández, que reconoció que “una ley sin reglamentar es como un auto sin nafta” y que la cuestión de los recursos es central. Acto seguido, anunció que, para la misma, se destinarán 100 millones de dólares de los fondos que la Argentina recibe del Banco Mundial.
Después del anuncio y los festejos, conversamos brevemente con Miguel Gómez, titular de la SAFCI y con una larga trayectoria militante en el sector:
—Te pedimos una breve valoración de lo que acaba de suceder.
—Este es un momento en todo el proceso de luchas de mucho tiempo: desde las Ligas Agrarias, las luchas en los 80 y los 90, contra los desalojos del movimiento campesino y del nuevo sujeto que surgió a partir del 2000, de los movimientos de productores hortícolas. Es fruto de todo ese proceso.
Hoy, fue un hecho muy importante para la Secretaría y para el sector porque nos va a permitir avanzar en el fortalecimiento de las políticas que venimos impulsando. Se va a constituir el Consejo de Políticas Públicas coordinado por Jefatura de Gabinete, donde se va a convocar a todos los Ministerios que tienen que ver algo con el sector de la AFCI para trabajar de forma en común (…). Otra de las cuestiones básicas es crear el Banco de Tierras, que es una herramienta que va a permitir que toda la tierra que tiene el Estado nacional en condiciones de ser producida pueda estar en manos de productores y productoras, y también de nuevas familias que quieran empezar a producir la tierra. Hoy, muchas familias productoras están alquilando de forma usurera. Soñamos con crear un Instituto Nacional de Tierras.
—El Presidente habló de la agricultura familiar y de la economía popular…
—Es muy importante que se empiece a reconocer la enorme potencialidad del sector. Hoy, decíamos que el 93% de nuestra población vive en grandes ciudades y tenemos un territorio enorme en nuestro país. Es realmente una locura que tantas familias vivan al borde de las grandes ciudades en condiciones de enorme precariedad, casi sin un proyecto de vida. La agricultura familiar, la producción de alimentos, puede ser un faro que nos permita soñar una nueva territorialidad en nuestro país. Nuestra tierra, como la producción de alimentos, sufre un flagelo enorme que es la concentración. Nosotros tenemos que desconcentrar nuestra economía, tenemos que desconcentrar los medios de producción, tenemos que desconcentrar los espacios de comercialización. La comercialización tiene que permitir que realmente el que produce cobre dignamente su producción y el que la consume paga un precio justo. Este es el gran aporte que va traer esta ley, obviamente que en un proceso.
Luces y sombras
El presidente realizó el anuncio flanqueado por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el secretario Miguel Gómez, Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Mercedes Taboada (MNCI-VC). A pesar de la alegría de los y las presentes, las palabras del presidente y el ministro, una vez más, navegaron en la ambivalencia, insinuando el imposible equilibrio entre los intereses del capital concentrado y la garantía de derechos básicos para el conjunto de la población.
El presidente Alberto Fernández reconoció que “los seres humanos nos hemos dado cuenta de que estamos destruyendo el planeta y que, en busca de producir más alimentos, no estamos produciendo los alimentos más sanos”; mientras su gestión acaba de aprobar la liberación comercial del primer trigo transgénico del mundo (HB4 de Bioceres) resistente al glufosinato de amonio, 15 veces más tóxico que el glifosato y prohibido para uso agrícola en la UE, cuyos restos llegarán a nuestro pan y derivados. Una decisión que contrasta con otra manifestación presidencial: “Hay un mercado enorme en el mundo para vender productos ecológicos, una enorme oportunidad para la Argentina”.
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez (defensor “a capa y espada” del trigo HB4), reconoció que “tenemos otro campo que se llevó todo puesto. Estos 20 años, se llevó puesto los árboles, los colegios rurales… Se llevó puesto todo el modelo de desarrollo. Hay que reconocerlo”, aunque insistió: “Yo defiendo la producción argentina, lo que significa el campo para la Argentina, si no, no sería ministro. Pero a esta pata le falta la pata social que el presidente viene a restablecer”. Incluso en este anuncio, el discurso del ministro vuelve a escamotear la potencia productiva de la agricultura familiar.
Tras repasar su historia personal, el ministro Domínguez resaltó el “coraje” del presidente reivindicando la política de género del gobierno, poniendo énfasis en las “injusticias invisibilizadas con nuestras mujeres, nuestras madres y más con nuestras mujeres campesinas”, mientras Mercedes Taboada no tomó la palabra en ningún momento.
Un gran paso adelante
Aunque aún falta conocer los detalles del decreto reglamentario, sin dudas, el anuncio y el compromiso de fondos son una gran noticia para miles de familias productoras a lo largo y ancho de país; comunidades sin acceso a recursos esenciales, que sostienen una vida con enormes postergaciones o son hostigadas por empresas para apropiarse de sus territorios; por organizaciones de productores que, con el acompañamiento del Estado, están en condiciones de consolidar y escalar en la producción de alimentos y otros productos para el mercado interno y externo; por la demanda de alimentos sanos a precios justos de millones de personas en las grandes ciudades. Por la necesidad de construir una Argentina distinta a la que moldea el capital concentrado.
La reglamentación de la Ley 27.118 no puede disociarse del reclamo histórico de las organizaciones y comunidades campesinas, y, por lo tanto, es un hecho político de envergadura. Un logro de la lucha de muchos y muchas en el marco de un país en disputa.
Buenos Aires, 3 de junio de 2022
*Por Huerquen / Imagen de portada: Huerquen.
