«Enseñamos cómo se recupera la dignidad»
La inundación de 2003 en la ciudad de Santa Fe dejó 158 víctimas fatales, responsables políticos impunes y un movimiento que lucha por mantener viva la memoria. Una obra inconclusa, la falta de un plan de evacuación y de políticas de acompañamiento a quienes sobrevivieron al agua del Salado entrando a toda velocidad a la trama urbana: las responsabilidades que convirtieron esa creciente en un crimen hídrico.
Por Mariángeles Guerrero para Enredando
En la ciudad de Santa Fe, hablar de la inundación de 2003 es tocar una herida abierta, sentir sus bordes, la sangre que aún emana, las cascaritas que se volvieron carne con el tiempo. Graciela García sube al escenario del acto del 29 de abril pasado en la ciudad de Santa Fe, en la Plaza 25 de Mayo, frente a los Tribunales provinciales y a la Casa de Gobierno. El cielo se encapota gris plomo y trae recuerdos de aquella noche, 19 años atrás.
Esa mañana del 29 de abril de 2003, muchos santafesinos y santafesinas se levantaron como un día más. Salieron al trabajo o a hacer la changa. En algún momento, alguien dijo “tu barrio se está inundando” y esos seres desprevenidos llegaron -si pudieron llegar- a ver su casa con el agua fría del Salado tapando puertas y ventanas.
Hubo responsabilidades que convirtieron esa creciente en un crimen: una obra inconclusa, la falta de un plan de evacuación y de políticas de acompañamiento a quienes sobrevivieron al agua del Salado entrando a toda velocidad a la trama urbana.
Seis años antes
En 1997, el entonces gobernador Obeid inauguró la obra de Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe, que tiene una función de defensa ante crecidas del río Salado y otra vial, para descomprimir el tránsito. El acto de inauguración se realizó en agosto, dos meses y medio antes de las elecciones de medio término.
La obra había sido planificada en tres tramos. El primero se concluyó, el tercero aún no estaba hecho en 2003. Pero al segundo -presentado como terminado- le faltaban 1.500 metros sin terraplén, a la altura del campo del Jockey Club. Ese segmento dejaba a la ciudad sin protección ante una eventual crecida de la cuenca del río que bordea la capital por el poniente. El gobierno provincial afirmaba entonces: «Se construyó un terraplén cohesivo para darle una solución definitiva a las inundaciones provocadas por las aguas del río Salado en épocas de creciente».
Seis años más tarde, el gobernador era Reutemann: un corredor de autos impulsado por Carlos Menem y Eduardo Duhalde, uno de los primeros outsiders de la política argentina. En 2003, el Lole estaba enfrascado en la contienda electoral de 2003 cuando, entre marzo y abril de ese año, vecinos del cordón oeste empezaron a denunciar que el río avanzaba impiadoso contra los terraplenes y que sus casas -muchas de ellas, casillas de chapa- estaban siendo destruidas por el agua. Las autoridades provinciales decían a través de los medios de comunicación que Santa Fe estaba preparada para una inundación por las obras inauguradas en el 97.
Los planos de aquella defensa señalaban que, en casos de crecientes extraordinarias, la misma debía cerrarse con una construcción provisoria en el segmento del segundo tramo que había quedado abierto. Desde octubre de 2002, empezaron a registrarse lluvias intensas en la cuenca del Salado, pero esa obra de emergencia nunca se hizo.
El 30 de diciembre de 2002, Edgardo Berli, ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, decía a los medios: «El tema defensas, más allá de algunas cuestiones puntuales que evidentemente toman estado público y preocupan a la gente, en términos generales, está controlada y las defensas responden perfectamente a un potencial evento hídrico. De todas maneras, la Dirección de Hidráulica está atenta a esto y, justamente en estos momentos, está llamándose a licitación para encarar algunas tareas de mantenimiento, yo diría menores, ninguna de gran importancia, pero que, de todas formas, va a contribuir a que no tengamos problemas”.
2003
El 10 de marzo de 2003, se produjo un socavón en la obra de Circunvalación, a la altura del barrio Santa Rosa de Lima, en el oeste de la ciudad. Los medios informaban que los camalotes destruían la defensa por no tener el mantenimiento adecuado. Los vecinos venían alertando de esto desde hacía tiempo. El 11 de marzo, hicieron una protesta ante la inacción del Estado. Pidieron arena, palas y bolsas para tapar el socavón. Ese mismo día, las defensas desbordaron en el norte de la ciudad y muchos vecinos perdieron sus casas.
El 28 de abril a la noche, el agua empezó a entrar por el tramo descubierto. Por la impericia de no cerrar el terraplén, se generó un río paralelo dentro de ciudad, con ingreso por el segmento inconcluso, pero sin salida hacia el sur. El agua quedó represada entre el terraplén de defensa y las cotas naturales del borde oeste.
La solución era dinamitar la misma defensa para que el agua vuelva a su cauce, pero Reutemann demoró la decisión 24 horas. Fueron horas claves, porque la mayor cantidad de muertes se registraron durante la noche del 29 y la madrugada del 30 de abril en los barrios del sudoeste. A esos vecinos, el intendente Marcelo Álvarez les había dicho el 29 por la mañana que «no iban a tener inconvenientes» con el Salado. A ellos, el agua los encontró durmiendo: muchos murieron por asfixia por inmersión.
Es importante recordar que aquel era un año electoral porque eso explica no solo la falta de contención del río a través de los terraplenes, sino también la falta de un plan de evacuación que salvara la vida de las personas que viven en el cordón más pobre de la ciudad. El 27 de abril de ese año, Carlos Menem y Néstor Kirchner se enfrentaron en primera vuelta. Reutemann estaba más abocado a bancar al riojano, su padrino político, que a ejercer sus deberes de prevención e información sobre el desastre que se avecinaba.
El 27 de abril por la mañana, bajo una llovizna interminable y con el río con 7 metros de altura, el gobernador decía ante las cámaras de televisión: «Es un día que está signado por todo lo que está pasando en meteorología, tenemos una provincia con enormes dificultades climáticas y siete departamentos con serias dificultades. Tenemos un desastre en la provincia, es una catástrofe lo que nos está pasando». También agregaba: «Nuestra preocupación es el tiempo que nos va a tocar recuperar toda la destrucción que hay, tenemos enorme cantidad de gente con todas sus casas, sus cosas personales afectadas por el agua, gente que jamás ha tenido su propiedad bajo el agua, así que nuestra cabeza está en el tema de la provincia». Esa misma noche ya había un centenar de personas con agua en sus casas en la ciudad, pero aún no se había declarado la emergencia en la localidad. Nadie avisó a la población.
Durante varias semanas, la gente deambuló por los centros de evacuados o por casas prestadas, porque el agua podrida se estancó en las viviendas y era imposible volver a ellas. No hubo entonces, ni después, atención médica ni psicológica para las víctimas. El saldo fue 130 mil inundadas e inundados, 158 muertes registradas entre el 29 de abril de 2003 y agosto de 2004. Las causas de los decesos van desde la asfixia por inmersión, infartos y accidentes cerebrovasculares a suicidios. Las personas fallecidas fueron contabilizadas por la Casa de los Derechos Humanos, pero la Provincia solo reconoció 18.
Las personas que sobrevivieron solo recibieron por parte del Estado más violencia: primero, a través del Ente de la Reconstrucción, que de reconstrucción solo tenía el nombre y que dio migajas a quienes se inundaron para reponer las pérdidas materiales. Luego: la impunidad. Dieciséis años se tomó el Poder Judicial santafesino en establecer una sentencia en la Causa Inundación: solo dos funcionarios (el mencionado Berli y Ricardo Fratti, director de Hidráulica) fueron condenados a tres años de prisión en suspenso. Reutemann y Obeid jamás fueron imputados y el primero -por su cargo de senador nacional- tuvo el privilegio de testificar por escrito. Siempre dijo lo mismo: que él desconocía lo que estaba pasando en la provincia porque nadie le había avisado. El Estado provincial nunca reconoció su responsabilidad en la violación a los derechos humanos que significó la inundación de 2003.
En 2021, Fratti y la provincia apelaron el fallo, que hoy está a la espera de ratificación en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Diecinueve años después
Graciela García está otra vez en la Plaza, bajo el cielo que amenaza con una nueva llovizna. Es imposible mirar las nubes, sentir el viento frío y no acordarse de aquellos días, de los gritos, de las lágrimas, de la desesperación. De estar sentada en tu casa y que el río aparezca con fuerza tremebunda y destroce todo a su paso. De intentar avanzar por tu barrio y que el agua te congele el pecho, que los ojos se te humedezcan de bronca y que aceptes que no hay forma de salvar nada. De los perros en las terrazas, del hambre en los primeros pisos, de la tristeza en las canoas.
Graciela dice que acá no vale la autorreferencia, que esta es una lucha colectiva. Y se acomoda para hablar sobre el escenario. Antes, dice que primero se van a leer los nombres de las víctimas fatales, como en cada acto del 29 de abril. La mujer integra desde los inicios la Marcha de las Antorchas, que el 29 de julio de 2003 comenzó su ronda de velas encendidas alrededor de la Plaza, bordeada por las sedes del Poder Ejecutivo y Judicial.
Con el eco de aquellos nombres, de aquellas vidas, todavía resonando en el aire, Graciela les grita a los poderes que garantizaron la impunidad durante dos décadas: «Nos quisieron pisotear, pero les enseñamos cómo se recupera la dignidad. Nos quisieron muertos, en el olvido, despojados, a la intemperie. Para el poder político, éramos ‘los nadie’. Pero nosotros continuamos la lucha porque era lo único que nos quedaba, lo único que le podíamos devolver a nuestros viejos y a nuestros hijos».
Graciela García y María Claudia Albornoz en la Plaza 25 de Mayo en el año 2015, junto a las cruces que recuerdan las 158 muertes por la inundación de 2003. Foto: Olivia Gutiérrez.
María Claudia Albornoz, militante de La Poderosa y vecina de barrio Chalet, es otra de las personas que durante estos años sostuvo la memoria. En 2003, junto a otros vecinos y vecinas del oeste santafesino, impulsó la Carpa Negra por la Dignidad y la Justicia, que se armó frente a la Casa de Gobierno y a los Tribunales a la espera de una justicia que llegó mal y tarde. En diálogo con este medio, afirmó que “pasan los años y a la Justicia la esconden los que siempre nos pusieron la traba”. Al respecto, agrega: «Hubo una sentencia con gusto a nada, porque Fratti y Berli fueron condenados; Berli murió y ahora Fratti apela a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Venimos luchando hace 19 años, aportando pruebas».
Sostener la memoria es un acto de persistencia, la herida abierta sangra y también habla. “El pueblo inundado sigue en la calle con muchísima dignidad. Dignidad es tener una lucha, sostenerla y cuidarla; no quedar entrampados en sellos partidarios. La verdad es la verdad, más allá del espacio donde estés. La Corte Suprema sigue siendo adicta al poder de un Reutemann que ya no está y el crimen hídrico no puede quedar impune”, afirma Albornoz. El exgobernador del Partido Justicialista murió el 7 de julio de 2021 y una sociedad con amnesia selectiva, medios de comunicación incluidos, despidieron con laureles al corredor de autos, al gobernador de las privatizaciones de los 90, al responsable político de la muerte del Pocho Lepratti y de la inundación de la capital provincial.
Jorge Castro es uno de los querellantes de la Causa Inundación. «La herida que se abrió el 29 de abril de 2003 en el pueblo santafesino no se cerró. Es imborrable. Son 158 santafesinos muertos, más de 25 mil familias evacuadas, 130 mil personas afectadas», repasa.
Castro recuerda que hoy la causa judicial está en manos de la Corte Suprema de Santa Fe por un recurso de queja de Fatti, que fue acompañado por la provincia. “Contamos con el fallo de Primera y de Segunda Instancia. Hay que ver si la Corte tiene la suficiente dignidad para ratificar esa sentencia”, plantea el entrevistado. Asegura que “la inundación fue producto de la incapacidad de los gobernantes. Estaban enfrascados en la contienda electoral; sabían perfectamente lo que iba a pasar y dejaron que la gente quede librada a su suerte”. Dignidad es una palabra que se repite porque es la fuerza que sostiene año a año a quienes eligen no olvidar.
Así como hubo responsabilidades que convirtieron una creciente en un crimen, hay omisiones que dejan heridas abiertas, preguntas sin respuestas. Esta periodista comparte uno de esos interrogantes con su entrevistado:
—¿Por qué no dieron la orden de evacuación?
—Porque, si lo hacían, se condenaban solos.
Se condenaban solos porque hubieran revelado que hacía tiempo que sabían que el río estaba llegando a la ciudad como una sombra de muerte. Aún sabiendo, no construyeron el kilómetro y medio de defensa con piedras y tierra necesario para frenarlo. Pero casi 20 años después, quienes se abrazaron a la dignidad para vivir siguen de pie y en la lucha.
Graciela García lo sintetiza de este modo: «Lo que nos queda hoy es dejar la simiente para quienes vienen detrás nuestro. Esta no es cualquier lucha: esto es por una memoria que es imprescindible. Muerto el perro, no se acabó la lucha. No olvidamos, no perdonamos y vamos por el Nunca más en Santa Fe: nunca más la muerte y la tristeza. Se trata de tener justicia en todos y para todos».
*Por Mariángeles Guerrero para Enredando / Imagen de portada: José Almeida.
