«En el mejor de los casos, la Justicia es fordista, cuando no medieval o jurásica»
En el marco del Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional, Lucas Crisafulli y Victoria Chabrando dialogaron con Adrián Martín, abogado, investigador y docente en la Universidad de José C. Paz y la UBA, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Procesos Penales y vocal del Tribunal Oral en lo Criminal de Capital Federal.
Por Alfilo
Superar el punitivismo como única salida a la conflictividad a través de políticas de seguridad y sociales integrales. Esa era la propuesta y el desafío que Lucas Crisafulli, abogado y docente del Seminario de “Introducción a los derechos humanos” de la Facultad de Derecho, y Victoria Chabrando, directora del Programa de Derechos Humanos de la FFyH, le plantearon a uno de los que más sabe del tema a nivel nacional, por formación académica e intelectual, y experiencia de trabajo en el kafkiano sistema judicial argentino.
Adrián Martín, abogado, investigador y docente en la Universidad de José C. Paz y la UBA, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Procesos Penales y vocal del Tribunal Oral en lo Criminal de Capital Federal, aceptó el convite y, en un diálogo a fondo, reflexionó sobre discursos, protocolos, formación policial y procedimientos judiciales que casi nunca están para resolver los problemas de la gente de a pie, sí para alimentar una fenomenal burocracia estatal, y que solo en ocasiones abordan las problemáticas desde una perspectiva de derechos humanos.
—VC-LC: Luego de cuatro años muy duros de políticas de seguridad durante el macrismo y pensando puntualmente en el protocolo autorizado por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde se autorizaba a fuerzas de seguridad a disparar cuando una persona se escapaba a la voz de alto, legitimando casos de violencia institucional graves, ¿cómo ves hoy la situación en materia de seguridad, la formación policial y el discurso social?
—AM: Pensemos al problema de la violencia institucional de la policía o de situaciones carcelarias para pensarlo de manera más amplio, como la fuerza del río. Pensemos que el río va para un lado, por eso, no hace falta hacer demasiado para que un protocolo como el de Bullrich sea legitimado, un protocolo empuja más, pero el río empuja, digo, hay una cultura y tradición en la policía que es claro. Necesitás muchas acciones para contener el río, un poco la mirada de Zaffaroni respecto a la contención del poder punitivo, si vos lo dejás ir, va.
Pensando en el hostigamiento policial, más allá de las detenciones formalizadas y siguiendo otros estudios, puedo afirmar que no hay olfato policial sin olfato social, hay algo que transita la formación policial con el pulso de lo social. También creo que tenemos que definir qué entendemos por formación, por ejemplo, en el ámbito de lo judicial, piensan que alguien tiene que pararse frente a una clase y contar lo que sabe, pero hoy capacitarse debe significar otra cosa, porque la información está; en todo caso, hay que discriminar qué es válido y que no, pero la cuestión es qué capacitación debe desarrollar aptitudes y actitudes, y la capacitación policial debe poder mirar más allá de los programas de estudios. Es decir, hay que poner atención en cómo se plasman esos programas. Puntualmente, estoy pensando en la formación de la policía metropolitana, ahí se veía que el programa estaba muy bien, que se hablaba y se evaluaba sobre derechos humanos, pero las prácticas más allá de las materias, como los rituales de graduación y las prácticas cotidianas, tenían otras lógicas muy distintas.
Participé en una licenciatura de tratamiento penitenciario en la Universidad de Lomas de Zamora, con el objetivo de formar oficiales del servicio penitenciario. El cuerpo docente tenía una mirada de derechos humanos. Los estudiantes decían: “Nosotros nos tenemos que preparar para una guerra”, claro, lo decían quienes se estaban formando para la urgencia de tener que resolver un motín a las 7 de la mañana. Entonces, teníamos que desandar esa idea, porque médicos y médicas de guardia también tienen que tomar decisiones de urgencia, pero no hablan de “guerra”, no piensan la lógica de la guerra. El gran trabajo fue desandar estas nociones, porque lo que se dice y lo que se hace es muy distinto. Los estudiantes contaban un ejercicio fuera de los horarios de clase: en medio de la noche, les prenden la luz y tienen que vestirse en 3 minutos. La pregunta es: ¿por qué, de golpe, te obligan a eso? ¿Por qué la lógica de la guerra? En definitiva, lo que te pasa por el cuerpo son lógicas de guerra y lo importante es poder abordar lo que ocurre realmente más allá de programas y discursos. Por eso, vuelvo a la importancia del olfato social. En las maneras de gestionar las conflictividades desde otras lógicas por fuera del punitivismo, creo que podemos aprender de los feminismos.
—Actualmente, observamos que existen propuestas políticas de aumento indiscriminado de las penas para resolver problemas sociales con un gran aval de parte de la sociedad. ¿Qué problemas presenta esta lógica?
—Esto viene hace ya casi 40 años con el derrocamiento de los Estados de Bienestar y apogeo de políticas neoliberales en los que, por un lado, el Estado aumentó en lo punitivo (más cárceles, más policías, más tribunales y más penas) y también cedió terreno para la privatización de la seguridad. Desde lo discursivo, en términos mediáticos, es eficaz la lógica antipolítica de menos Estado en lo social y más Estado en lo penal.
Lo cierto es que los conflictos sociales se resuelven de manera integral, poder pensar las políticas de seguridad implica tener la capacidad de poder gestionar los conflictos y eso no se resuelve de un momento para otro, no todo es para ya, aunque estamos en una sociedad que quiere todo para ya. Pensar que la política de seguridad tiene que ver con políticas de inclusión social, pero también con políticas de resolución de conflictos que muchos no se resuelven con plata, sino con tiempo. Es decir, las políticas de inclusión son fundamentales, pero los resultados no son inmediatos. Un ejemplo de esto es la universidad donde yo trabajo, la Universidad de José C. Paz, donde tenemos la primera generación de universitarios. Esa matrícula cayó estrepitosamente en 2016 con el gobierno de Macri, ahora volvió a repuntar un poco.
Pensemos el siguiente caso: es común que la policía detenga a un pibito que roba vehículos de alta gama o ruedas de esos autos, y que ello constituya un caso en la justicia penal. ¿Colecciona vehículos de alta gama ese joven? No. Hay un enorme mercado ilegal de autopartes que genera jugosa ganancia y no precisamente para quien más se expone al sistema penal. La Justicia, que en el mejor de los casos es fordista, cuando no medieval o, peor aún, jurásica. Como toda burocracia, la Justicia termina tratando los casos fáciles, que es encarcelar al pibe que roba y no a quienes participan del mercado ilegal. Nadie está mirando el mercado porque lo que hay que investigar va más allá del pibito que robó con un arma un auto, pero para eso necesitás una política integral del Ministerio Público Fiscal que decida investigar mercados ilegales. Esto es justamente lo que se desarticuló apartándola a Alejandra Gils Carbó. La ex Procuradora General de la Nación había creado unidades especializadas para investigar mercados ilegales complejos: drogas, delitos económicos, violencia institucional, delitos de lesa humanidad. Esas unidades se llamaron Procuraciones, que rompían con la lógica de investigar única y exclusivamente lo que trae la policía. Bueno, se desarticuló esa política y ahora solo se tramitan los casos que trae la policía.
Esto implica transformar lo que se entiende por eficiencia. Pensemos lo que decía Bullrich con el procedimiento de flagrancia, en la que funcionarios de la Justicia se peleaban para ver quién condenaba más rápido para llamar a periodistas y salir en los medios. Llegaron casos de juicios en 30 horas, como si eso fuera sinónimo de eficiencia. La cuestión era poner un cronómetro y ver en cuántas horas se condenaba a alguien, generalmente pobre. Aparecían notas con titulares tales como “la ciudad condena en 24 horas”.
—¿Existen otros modos de resolver conflictos?
—No existen recetas, hay que construir esos modos de resolver. Pensemos desde la lógica del conflicto. ¿Quién resuelve un conflicto en 17 horas? Veamos un caso: alguien te robó el celular, por lo menos, los próximos tres días, si ves a quien te robó el celular, no vas a querer tener una charla con esa persona. Es decir, necesitamos lógicas distintas. Existen experiencias, por ejemplo, en Salta, en la que las fiscalías pueden derivar los casos a un equipo de mediación. No terminás con la burocracia, pero encontrás una vuelta interesante, más piola. En mi último trabajo “El lado de los nudos: Punitivismo, burocracias y conciliación penal”, planteo la necesidad de generar prioridades en políticas públicas en pos de crear salidas para la resolución de conflictos con mecanismos conciliatorios, es decir, el objetivo es arribar a determinadas soluciones con propuestas y respuestas saliendo de las lógicas punitivas del sistema penal. En definitiva, que prime la lógica de la política, que es el diálogo.
*Por Alfilo / Imagen de portada: Camilo Ratti.
