Zaffaroni: “Algún día le vamos a poder cobrar a los colonizadores lo que nos hicieron”
El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en el Juicio por la Verdad de la masacre de Napalpí para dar un marco jurídico e histórico a la investigación. Eugenio Raúl Zaffaroni cuenta a Perycia y a Litigio que un proceso como este puede, quizás, abrir el camino para que “algún día le cobremos a los colonizadores lo que nos hicieron: no penalmente, pero sí en el plano civil”.
Por Bernardita Castearena para Perycia
Diez días antes de declarar en el Juicio por la Verdad de la masacre de Napalpí, Eugenio Raúl Zaffaroni todavía no sabía si iba a llegar. Como ex juez de la Corte Interamericana de DD. HH. y por sus antecedentes como investigador de temas relacionados al colonialismo, los derechos de los pueblos originarios y los derechos humanos, acomodó su agenda para estar en la sexta audiencia del juicio que hace más de veinte días empezó en Chaco y ahora se trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“En la historia de toda América Latina, hay exterminios de grupos originarios a patadas. Nuestras independencias no alteraron la estructura clasista de las sociedades y el racismo quedó vivo sin lugar a dudas. El neocolonialismo dio lugar a una serie de crímenes de lesa humanidad de esta naturaleza: Roca en la Patagonia, Piero en el Perú, Saavedra que mató indios como quiso en Chile”, explica Zaffaroni.
En abril, comenzó el Juicio por la Verdad de la masacre de Napalpí. En este caso, lo que importa no es que alguien termine en la cárcel —algo imposible porque todos los imputados están muertos—, sino que la matanza indígena se reconozca como un crimen de lesa humanidad, dejando en claro que hubo violaciones de derechos humanos y que esa matanza tuvo consecuencias en una comunidad que, desde hace más de cien años, vive sus costumbres con miedo.
Zaffaroni no tiene colgado su currículum en ninguna red social ni página web propia: la versión más actualizada es un pdf de cuatro páginas que facilita el sitio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue autoridad máxima desde 2016 hasta el 2021. Antes, fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, director del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de las Naciones Unidas y acaba de presentar su último libro: Colonialismo y Derechos Humanos. Apuntes para una historia criminal del mundo.
Los Códigos racistas, base del sistema jurídico
El único expediente judicial que se abrió el año de la masacre es el N° 910/24, que fue titulado “Sublevación Indígena en la Reducción Napalpí” y está bajo resguardo del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. El contenido: la versión policial de los hechos, sin voces que los pongan en cuestión.
“El derecho del siglo XX se encontró con una realidad que fue montada después de haber puesto fin al colonialismo originario cuando todas las minorías oligárquicas de América Latina se hicieron cargo de una ideología racista, materialista, reduccionista biológica, bajo la ideología oficial del imperialismo británico. Un discurso de inferioridad racial que se materializó en muchos Códigos”, dice Zaffaroni en un conversatorio sobre los genocidios indígenas de Napalpí y Rincón Bomba, que se organizó a fines de 2020.
Según el abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, ese ordenamiento sigue reglamentando el sistema penal hasta el día de hoy: “Frente a un programa de criminalización primaria que es tan inmenso y realizable, las agencias de criminalización secundaria, como policías y tribunales, seleccionan a una minoría que resume todos los prejuicios discriminatorios que hay en toda sociedad. Se seleccionan estereotipos cargados de clasismo y de racismo. Eso no solo implica que se va a criminalizar a algunas personas, sino también que se van a seleccionar a otros que van a quedar impunes. Agarrando a los más vulnerables, garantizan la impunidad de los invulnerables”.
De la misma manera que los medios de comunicación fueron claves para ocultar o visibilizar la versión oficial de la masacre en 1924, 98 años después, sigue siendo fundamental poner el tema en agenda: “Darle visibilidad mediática a un crimen de lesa humanidad es muy importante. Se puede discutir lo que hizo Alfonsín con los crímenes de la dictadura—las leyes de Punto Final y Obediencia Debida—, pero si no se hubiese hecho el Juicio a las Juntas, después no se hubiese podido juzgar a los otros porque no se le hubiese dado visibilidad”, dice Zaffaroni.
—¿Qué precedente puede marcar este juicio por la Verdad?
—Primero, es fundamental recuperar la memoria histórica. Eso es algo que restituye dignidad y subjetividad a los pueblos. En el plano nacional, hay que reconocer la diversidad cultural y respetar la cultura de las comunidades. Llegado el momento, se tendría que evaluar la posibilidad de que cada comunidad pueda resolver los conflictos que se generan hacia adentro. En segundo término, deja abierta la posibilidad de que, en algún momento a nivel nacional e internacional, reclamemos reparaciones: es una lucha que vamos a tener que seguir llevando adelante todos los colonizados que hemos sufrido consecuencias.
Hay que pensar que a la esclavitud, no hace mucho que se la consideró un crimen internacional. Pese a eso, EE. UU. no ratificó la declaración y las Cortes y tribunales dijeron que no está probado el daño actual en los sucesores de este trato esclavista.
«Es una lucha jurídica en la que reconozcamos que todos estos han sido crímenes contra la humanidad, sin mirar cosas técnicas del tipo de genocidio, porque, al ser de lesa humanidad, son imprescriptibles».
«Creo que esta es una posición que hay que sostener de cualquier manera porque, aunque se murieron todos y no se puede condenar a nadie, tiene mucha importancia desde el punto de vista del pensamiento descolonizante. Quizás, en el plano internacional, algún día le vamos a poder cobrar a los colonizadores lo que nos hicieron. No penalmente, pero sí en el plano civil».
Discriminación de norte a sur
Cuando habló del esclavismo en EE. UU., Zaffaroni se refería a las repercusiones que generó en 2019 la propuesta de crear una comisión encargada de estudiar y desarrollar propuestas de reparación para los descendientes de esclavos, entendiendo que aproximadamente cuatro millones de africanos fueron esclavizados en las colonias y en el país —cuando ya era independiente— entre 1619 y 1865. «No queda ninguna persona viva que sea responsable por eso», dijo entonces el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Hasta ahora, la ciudad de Illinois fue la primera en ofrecer medidas reparatorias a descendientes directos de personas que vivieron entre 1919 y 1969, y sufrieron discriminación por las políticas de Estado del momento.
A miles de kilómetros de distancia, dos comunidades eran violentadas por un colonialismo que marcó generaciones: “La invisibilidad de nuestros grupos originarios es un gran problema. Se quiso instalar que, como no hay indio y no hay negro, no hay discriminación. Eso es mentira: y es muy importante que esas afirmaciones se revisen culturalmente”, concluye Zaffaroni.
*Por Bernardita Castearena para Perycia / Imagen de portada: Nicolás Freda.
*Cobertura conjunta con Revista Litigio.
