Córdoba: el reclamo de justicia tras el suicidio de Luana apunta a la violencia machista
Familiares y amigos de Luana Ludueña movilizaron por las calles de Pilar, en Córdoba, para exigir justicia por la bombera que el 21 de enero se suicidó luego de haber denunciado por abuso sexual a Diego Concha, jefe de Defensa Civil de la provincia: quién era. La movilización partió desde la Casa de la Mujer de la localidad y reunió a más de 800 personas, convocada por el Colectivo de Mujeres y Disidencias local. La familia plantea que el crimen sea investigado como un «femicidio indirecto»: cuáles son los antecedentes.
Por Bernardina Rosini para Lavaca
El caso de Luana conmovió a toda la provincia. El 26 de noviembre, un día después de haber renunciado como Director de Protección Civil, Concha fue detenido por haberle puesto un arma de fuego en la cabeza a su ex pareja y amenazar con quemarle el auto. Con el ex funcionario imputado y detenido por «lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción”, Luana, bombera voluntaria de 26 años, se sintió a salvo y, acompañada de su madre, se animó a denunciar que el pasado 14 de noviembre, domingo de elecciones legislativas, Concha, con la promesa de facilitarle el ingreso al exclusivo Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), coordinó un encuentro en el cual abusó sexualmente de ella.
Tras la denuncia, la familia de Luana asegura que comenzaron las persecuciones por parte de allegados al ex funcionario. La propia madre de la joven había denunciado que el funcionario “le arruinó la vida” y que, tras la tras la denuncia, cada día de Luana “fue un calvario”.
Según su familia y sus amigues, Luana tenía clara vocación de servicio. Enfermera y bombera voluntaria, entrenó a su propio perro como animal de búsqueda y rescate, y logró que sea reconocido por el Ministerio de Seguridad nacional. En una entrevista a fines de diciembre, Luana contó que tuvo dos intentos de suicidio, que estuvo más de 20 días internada en una clínica psiquiátrica: “Estoy con tratamiento y de carpeta médica en mi trabajo. Mi vida ya no es mi vida. No puedo volver a ejercer como bombero, escucho una sirena y lloro. No paro de llorar”. Así transitaba los días Luana, con un compañero bombero que tras su denuncia la buscó en varias ocasiones para hostigarla y exigirle que la retire. La buscó en la clínica psiquiátrica donde estuvo internada, en otra ocasión la encerró en un auto y por último la enfrentó en el centro vacunatorio donde Luana estaba trabajando. El abogado de la familia, Carlos Nayi, adelantó a CB24 que la fiscalía ya está investigando al hombre, que fue imputado por “privación ilegal de la libertad calificada”.
Luana estaba con botón antipánico producto de las amenazas de su compañero, con medicamentos. Días después, en terapia intensiva tras un tercer intento de quitarse la vida, le pidió a la familia que la deje ir. El 21 de enero, Luana murió.
“Yo sé que hay más chicas, porque él me lo dijo: varias chicas ingresaron de la misma manera y no le dijeron que no”, había declarado en una entrevista televisiva. «No se callen porque todo lo que nosotros no hablamos y no decimos se transforma en nudos, en tristeza y en algún momento explota. Eso no se muere nunca”.
El estanque
A 44 kilométros de Córdoba capital, se encuentra la ciudad de Pilar. “Tranquila como agua de estanque”, la suelen definir, aunque la situación que señalan en la Casa de la Mujer es otra. Pilar es el primer municipio del país en declarar Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en junio del 2020. Desde entonces, las consultas crecieron en un 200% y contabilizan unas 500 denuncias anuales. Para una localidad de 15 mil habitantes. A modo de referencia, el municipio de San Martín, en provincia de Buenos Aires, atiende unas 600 mujeres anualmente y cuenta con una población de más de 400 mil habitantes.
Laura Reuter es de la Campaña por la Emergencia Nacional por Violencia de Género y cuenta que la ordenanza que declara la emergencia le permitió a esta localidad abrir la Casa de la Mujer, contar con promotoras territoriales con sueldo y montar un refugio. Aún así, con las dimensiones de la demanda, no es suficiente. “Necesitamos mayores recursos y servicios que se presten en calidad para poder incidir, avanzar, sobre todo en materia de salud mental”, apunta. “Luana tenía asignado un encuentro al mes. En diciembre, tuvimos otra joven de la zona que se quitó la vida en un contexto de abuso sexual. Hay mucho dolor que atender”.
La causa
Diego Concha (52) creció entre cuarteles: es hijo, hermano y padre de bomberos. Hace 25 años es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Icho Cruz. Con 35 años de experiencia, es el mayor referente en manejo del fuego en una provincia que cuenta con casi 5.000 bomberas y bomberos voluntarios. Incluso, el año pasado, se presentó un proyecto en la Legislatura unicameral para que el Cuartel que encabeza lleve su nombre.
Los últimos 10 años ocupó el cargo de Director Provincial de Protección Civil. Fue designado por el exgobernador José Manuel de la Sota en su tercer mandato y sostenido luego por el actual gobernador Juan Schiaretti. Firme en su rol, coordinó acciones desde entonces con la cúpula de la policía provincial. Discutido por los militantes por la defensa del medio ambiente de la zona, fue señalado como rostro cómplice de un gobierno sospechado de dejar avanzar múltiples incendios a los que, señalan los vecinos, siempre acudió a destiempo. También Concha desde Defensa Civil estuvo a cargo de la búsqueda de personas, entre ellas, Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa, quienes finalmente aparecieron muertas. En ambos casos, se criticó su lentitud y escaso accionar.
Además de ambas denuncias en contra de Concha, hoy también empiezan a analizarse supuestas irregularidades en el manejo de fondos en Defensa Civil.
La primera denunciante de Concha fue su expareja, integrante del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y parte del cuerpo de Bomberos, que depende de la Policía de Córdoba. El fiscal Raymundo Barrera, de Cruz del Eje y subrogante de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, indicó que se analizaron indicios de peligrosidad procesal o de entorpecimiento de la investigación debido a “que (Concha) era un funcionario público que trabajaba en un área cercana a la de esta señora resultando jefe de su ex pareja».
Bajo este fundamento, lograron que Diego Concha quede detenido inmediatamente en la cárcel de Bouwer después de radicada esta primera denuncia. En el allanamiento en su casa, la Justicia secuestró una pistola Bersa nueve milímetros y un Fusil Automático Liviano (FAL).
El abogado defensor Luciano Mayer solicitó la liberación del ex funcionario, al aducir que, tras la renuncia al cargo, se elimina el presunto peligro de intervención en las pruebas. Pero la situación se complicó rápidamente, ya que, a cuatro días de su detención, se sumó una nueva imputación por “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado, por violencia de género y por el desempeño de sus funciones”. Luana había logrado hablar. Tras sumarse esta nueva denuncia, Mayer renunció como representante del denunciado.
“Luana no pudo superar las secuelas psicológicas que le produjo este asalto sexual», aseguró Carlos Nayi, representante legal de la víctima, quien tras la muerte de la bombera solicitó que la causa cambie de carátula y sea investigada como «homicidio en ocasión de abuso sexual y perpetua, una sanción ejemplar para este hombre”, asegurando que la decisión está directamente relacionada con la violencia que sufrió. También pidió que se investigue como un “femicidio indirecto”.
Nayi, al solicitar el cambio de carátula, cita como antecedente el caso Sathya Aldana, en el cual se dictó una sentencia ejemplar en julio del año pasado. Sathya se quitó la vida a los 19 años, luego de haber sido sometida sexualmente durante varios años por su padre biológico. La Cámara 3ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dictó la máxima pena para Walter Insaurralde al encontrarlo «autor penalmente responsable de homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia preexistente, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores de 18 años, doblemente agravado por el vínculo y por el medio intimidatorio». Fue la primera vez a nivel nacional que se condenó por homicidio a un violador responsabilizándolo por el suicidio de su víctima.
En los movimientos feministas latinoamericanos, se lo empieza a señalar como “suicidio femicida” y se reconocen tres inductores: el abuso sexual, la violencia de género extrema y la inducción a la prostitución o trata de personas.
El único país que hasta ahora lo incluyó en el Código Penal como delito es El Salvador.
“Quiero que se pudra en la cárcel», dijo Cristina, mamá de Luana, en declaraciones a Canal 12. «A mi hija no me la devuelven más. Mi alma está rota en mil pedazos, pero ella me da fuerzas. No tengo miedo”.
*Por Bernardina Rosini para Lavaca / Imagen de portada: Lavaca.
