La resistencia de las comunidades originarias durante el Operativo Independencia

Supervivencia histórica

Un colectivo que intentó ser aniquilado durante más de 500 años desde la llegada de los españoles. Más de cinco siglos afrontando el sometimiento de los extranjeros, pretensores de sus riquezas y explotadores de sus suelos y recursos. Aun cuando gran parte de las comunidades originarias fueron exterminadas durante la colonización y las campañas militares del siglo XIX, supieron defender con la tenacidad de las más indomables manadas lo suyo: las tierras, los ritos ancestrales, la lengua, su autonomía y hoy sus descendientes continúan reclamando deudas históricas.

Ya desde la Cédula Real entregada a los Amaichas en 1716 por el Rey de España, se mencionaba que los españoles le “donaban” al pueblo una porción de tierras en los Valles Calchaquíes, que luego sería reconocido por el Estado en 1916 tanto para los Amaichas como para los Quilmes. Sin embargo, los terratenientes que fueron llegando a los pueblos, entre los más conocidos, los de apellido Aramburu, Grachieri, Cano, Cisneros y Chico Zossi, fueron apropiándose de los territorios de las comunidades con la complicidad estatal.

Ya en el siglo XX, para la década de los 70 y en un clima de crisis económica y convulsión social a nivel país, los reclamos de las comunidades comenzaron a tener más fuerza que antes. De esa manera, a través de distintos encuentros, desplegaron su lucha de manera más articulada. El Primer Parlamento Indígena de los Valles “Juan Calchaquí” fue realizado en 1973 en Amaicha del Valle, Tucumán. Así fue que se reunieron miembros de diversas comunidades de la provincia y del norte argentino para impulsar con más energía y clamor sus reivindicaciones y la protesta histórica por sus tierras. “Ese era el mayor reclamo, claro y concreto, el de los territorios. De hecho, el documento oficial que produjeron esa vez exclamaba ‘el patrón ya no comerá más tu pobreza’. Fue una declamación de reivindicación de la lucha y también la identidad de los pueblos”, señala Cynthia Ovejero, coordinadora del área Derechos de los Pueblos Indígenas de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y miembro de la comunidad Indio Colalao.

El parlamento dio origen a la Federación Indígena, cuyos brotes de protesta fueron esparciéndose por los Valles, a modo de tejer redes sobre las demandas colectivas del pueblo.

Operativo Independencia: efectos y organización de las comunidades

Recién había emprendido el Operativo Independencia sus objetivos siniestros, cuando alcanzó a los miembros de la Federación, incluido su presidente, el líder indígena Pedro Santana Campos. El miedo se esparció más rápido que las ganas de enfrentar a aquellos verdugos armados, por lo que muchos pobladores bajaron la guardia y la Federación se disolvió.

El 5 de febrero de 1975, María Estela Martínez de Perón ponía su firma en el decreto que instaba al Ejército a “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán” (Decreto N° 261).

No fue un desquicio humano ni un delirio o exaltación temporal de un conjunto de hombres violentos. Nada tenía que ver con la locura, todo formaba parte de una política institucional con los fines, profundamente racionales, de perseguir, matar y desaparecer al enemigo subversivo. Todas las fuerzas públicas y las instituciones del Estado puestas al servicio de un plan macabro, con el consenso ideológico de la sociedad civil. Un operativo militar tan malintencionado como este no podía darse de manera abrupta y, aparentemente, accidentada: su implementación venía gestándose dentro de un contexto de crisis económica y creciente conflictividad social en todo el país. Entonces, ¿por qué en Tucumán? Allí estaba apostada la guerrilla rural, los miembros de la llamada subversión que se pretendía combatir y eliminar.

---

El Operativo Independencia implicó para la provincia la particularidad de vivir el proceso de exterminio en el marco de un país en democracia. En ese contexto ‘democrático’, se persiguió, secuestró y asesinó a sindicalistas, miembros de partidos políticos, militantes, estudiantes, intelectuales y, entre esas grupalidades organizadas, también a las comunidades originarias, cuya historia de lucha y resistencia fue más imperceptible o, quizás, más invisibilizada que la de los sectores urbanos. 

---

Los militares arribaron a la provincia y tomaron el control de los espacios públicos ejecutando, con ley y orden, el nuevo modelo social y político añorado por muchas élites económicas. Entre los escenarios del disciplinamiento y el terror social se encontraban también los Valles Calchaquíes, específicamente El Mollar y La Angostura, zonas habitadas por comunidades originarias. La Ley 20.840 penalizaba cualquier tipo de actividad o manifestación considerada subversiva. “Es decir que le daban formalidad a la persecución política. A las comunidades indígenas les tocó la persecución porque justamente venían llevando adelante un proceso organizativo y eso es lo que querían aniquilar. Les iniciaban causas a los líderes indígenas”, relata la referente de ANDHES.

“A través de relatos, pudimos saber que tanto en una escuela como en la Hostería del Mollar se encontraba gente detenida, que después era trasladada a otros Centros Clandestinos de Detención (CCD) como la Escuelita de Famaillá, Jefatura y la cárcel de Villa Urquiza, cumpliendo así un circuito represivo”, afirma.

La excusa de buscar a los guerrilleros le servía a los militares para implementar todo tipo de amedrentamientos a los pobladores, con razias, persecuciones y acusaciones engañosas. Se los culpaba de ofrendar alimentos a los “subversivos” que, según decían, se encontraban escondidos y planificando ataques.

Y aunque los militares no convivían con los comuneros y comuneras indígenas, realizaban encuentros con sus miembros para recibir sus reclamos, tomarlos, en el mejor de los casos, reconocerlos y presentarlos al Ministerio de Bienestar Social con la promesa de volver con soluciones para la gente. “Mantenían cierta responsabilidad social porque los militares tenían la lógica de que algunos reclamos debían ser atendidos para que la gente no se subleve”, comenta Cynthia. Los mismos trataban sobre falta de agua para el riego y también la falta de recursos. Sin embargo, el requerimiento más sobresaliente y recurrente tenía que ver con los conflictos que mantenían con los terratenientes que les habían quitado sus tierras. Reclamos de los que nunca se ocupaban. “Lo que finalmente hacían los militares era llegar a las comunidades en camiones y les entregaban comida y zapatillas: esa era la única política social que tuvieron en los lugares del interior”, dice con pasmo Ovejero.

Volviendo a las agresiones contra las comunidades, la referente de ANDHES reflexiona que no se trataba de algo étnico racial, sino más bien que perseguía fines político-ideológicos. “Sin duda, se ha perseguido a las comunidades por ser indias, pero no con el componente del nazismo. Pero sí existe un racismo estructural que hoy continúa vigente”.

A pesar de los innegables atentados hacia las comunidades, pocas personas se atrevieron a denunciar, por lo cual el acceso a la justicia no pudo consolidarse como sí en la ciudad. Según Ovejero, se trata de un retraso organizativo que tuvieron las comunidades luego de la dictadura, ya que las estructuras de poder -es decir, las clases dominantes- siguieron ejerciendo su influencia en democracia gracias al apoyo del Estado. “Entonces, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia para los indígenas es más reciente, de los últimos años. En cambio, las organizaciones que estaban radicadas en la ciudad han podido reorganizarse rápidamente y denunciar la violación sistemática de derechos humanos”.

Finalizada la dictadura, y con ello la imposibilidad de reunirse con fines políticos, los comuneros reanudaron sus parlamentos y, con ello, la lucha colectiva. Esto permitió que, en el 94, la Constitución Nacional reconociera su preexistencia étnica y cultural, y estableciera el respeto a su identidad.

Además, en 2005, en Tucumán, se conformó la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) que reúne a las comunidades diaguitas con el propósito de perseguir objetivos comunes e impedir el saqueo de sus territorios y recursos naturales.

Otro avance es el del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas dispuesto por la Ley N° 26.160, en 2006, para demarcar sus territorios y reconocer la posesión y propiedad comunitaria de los mismos, además de frenar los desalojos, algo que, en rigor, no se cumple, lo que implica para las comunidades una continua disputa por sus tierras.

Aún falta transitar un largo camino hacia la justicia por los hechos sufridos durante el terrorismo de Estado en Tucumán, que, en este caso, ocurrieron desde 1975 hasta 1983. Pero las voces de los indígenas llegaron, con la frente en alto, a uno de los juicios más importantes del norte argentino.

Juicio Operativo Independencia: contar la verdad por primera vez

Tuvieron que pasar 41 años para que se desarrolle la instancia que juzgara por primera vez los hechos ocurridos durante el Operativo Independencia. El juicio transcurrió desde mayo de 2016 hasta septiembre de 2017 y en Tucumán se celebraron audiencias públicas donde, por primera vez, muchos hombres y mujeres testimoniaron lo vivido.

Era el doceavo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia y, sin embargo, era la primera vez que muchas víctimas y testigos del interior provincial llegaban a un escenario como ese: donde podían denunciar y señalar públicamente a sus captores, torturadores o asesinos de sus familiares. Personas que, en ocasiones, no habían narrado lo sucedido ni siquiera a sus propias familias, por el temor, trauma o simplemente por no haber contado con las herramientas suficientes para elaborar lo vivido y reconocer los hechos como delitos, eran las nuevas protagonistas del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

La causa por el secuestro del indígena Pedro Santana Campos y su esposa Felipa Isabel Maita fue la primera y hasta ahora la única en llegar a juicio oral. El hombre murió antes de poder dar testimonio, pero se conoció, gracias al testimonio de compañeros y su familia, que, luego de que lo liberaran de su detención y de mudarse a Salta para protegerse, sería traído de nuevo a la provincia, secuestrado, con un incremento sustancial de torturas: “Lo colgaban de los pies y lo hacían morder por perros. Le pegaban con palos en la espalda, lo que le causó desviación en la columna vertebral además de problemas de riñón”, contaba su hija Marìa Elena ante el Tribunal Oral Federal durante el juicio. Su mujer había sido liberada luego de diversos interrogatorios junto a su pequeña hija.

Casi al final del proceso judicial, se incluyó el testimonio de otro sobreviviente indígena, Héctor Raúl Cruz, quien contó su secuestro y detención seguido de torturas, por su pertenencia a la Federación Indígena.

Se sabe que son más víctimas de las comunidades de Tucumán las que sufrieron la violencia militar, pero muchas de ellas -como la reconocida coplera Felisa Balderrama, ya fallecida- nunca denunciaron y otras murieron antes de poder hacerlo, ya que pasaron demasiados años de cometidos los hechos. “No han podido denunciar por las influencias de poder que aún siguen presentes en las comunidades. En segundo lugar, por la distancia: trasladarse sí o sí a San Miguel de Tucumán porque es el único lugar donde se reciben este tipo de denuncias lo hace inviable y, en tercer lugar, la imposibilidad de las comunidades para definirse como un grupo al cual también se hostigó. Hay muchos abuelos y abuelas a los que les cuesta identificar que han sido víctimas de lesa humanidad. Pero estas personas se están muriendo y todavía no acceden a la justicia. Hay que revertir eso”.

Durante el juicio Operativo Independencia algo quedó claro: las comunidades también fueron castigadas, disciplinadas y profundamente violentadas por los reclamos sobre sus tierras, por su capacidad organizativa. Aquel fue un capítulo más en su historia de supervivencia y resiliencia.

Hoy en día, continúan la lucha histórica para defender y/o recuperar sus territorios y sostener su autonomía en un sistema que resignifica los estigmas y niega impunemente aquello que les pertenece ancestralmente.

“Reivindico la capacidad de resistencia de las comunidades porque, a pesar de todo lo que venimos atravesando, incluida la dictadura, el proceso organizativo jamás se detuvo. Y eso fue porque hubo mujeres y hombres que lo sostuvieron y generaron los cimientos para que la gente como yo hoy pueda estar aquí y ser parte de este gran proceso de reivindicación”, finaliza Cynthia.