Por Rodolfo Koé Gutiérrez para Rebelión
Los pagos de deuda externa argentina se ubicaron esta semana en 692 millones de dólares, vinculados a la reestructuración de bonos de 2020. Se trata de un monto importante si se tiene en cuenta las dificultades en el frente externo y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para los próximos meses.
En el primer trimestre del año, el país debería pagarle al FMI unos 3.976 millones de dólares entre capital e interés, de los cuales 1.100 millones vencen entre fin de este mes y comienzos de febrero.
Por ello, el presidente Alberto Fernández ratificó su rechazo a la pretensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de imponer un programa de choque a cambio de refinanciar los 44.000 millones de dólares de la deuda contraída por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.
Aseguró que la deuda con el FMI no puede ser pagada en las condiciones actuales y se debe renegociar antes de marzo. Pero la prioridad de esta negociación es que el programa del acuerdo no implique una austeridad fiscal que lesione la recuperación interna.
No hay dudas de que Argentina no tiene condiciones de pagar las deudas contraídas en nombre del Estado. También está claro que sus pretensiones de pagarla con reducción de la deuda, mayores plazos, menores intereses y menos presión para reducir el déficit fiscal tienen pocas posibilidades de ser aceptadas por el FMI en las condiciones planteadas por el país.
Alberto Fernández quiere mostrarle al FMI que tiene aval de gobernadores, del Parlamento, de empresarios, partidos políticos y algunas centrales sindicales. Su aspiración es que todas estas superestructuras se sumen al criterio de aceptar el acuerdo con la supuesta condición de que el acuerdo deje crecer al país.
En estas negociaciones con la superestructura, hubo una posición notoriamente diferente, la del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, quien señaló a sus pares que “negociar con el Fondo, con la catástrofe que significa para los próximos años y la condena a las futuras generaciones, y no denunciar esa deuda como odiosa, como una estafa, es un camino equivocado que no comparto. Disculpen, sé que es una verdad incómoda”.
En esta misma línea del mandatario argentino se manifestó este lunes el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, cuando aseguró que el Fondo Monetario cometería un error si le pide a la Argentina que avance en un nuevo programa de ajuste que frene el crecimiento del PIB de los últimos meses.
“El FMI ha ganado un nuevo respeto por respuestas efectivas a las crisis globales, desde la pandemia y el cambio climático hasta la desigualdad y la deuda. Si se invirtiera este rumbo con anticuados requisitos de austeridad a la Argentina, las consecuencias para el propio Fondo serían graves”, dijo el economista internacional estadounidense, mentor del ministro argentino de Economía, Martín Guzmán.
Los resultados fueron deplorables para el crédito más cuantioso otorgado en la historia del organismo, que presuntamente permitiría restablecer la confianza, reducir la balanza de pagos y los desequilibrios fiscales, y reducir la inflación.
En realidad, la estrategia implementada por el macrismo por recomendación del FMI fue justamente el ajuste fiscal y monetario, combinado con reformas estructurales específicas para catalizar nuevos flujos de capital.
Por ende, lo menos que puede hacer hoy el organismo es reconocer la inviabilidad de sus políticas, el dolor provocado por las mismas y su absoluta contradicción con los derechos humanos de las poblaciones sobre las que se aplican, y, en consecuencia, presentar a los argentinos un plan de pagos acorde con la realidad.
En marzo pasado, Fernández había calificado de impagables los vencimientos por 19.000 millones de dólares para este año y 20.000 millones para el próximo, y desde entonces se sostienen conversaciones con el FMI para dar con una fórmula que permita liquidar la deuda sin sacrificar el crecimiento y sin olvidar al 40 por ciento de la población argentina, que sobrevive por debajo de la pobreza.
Para el actual gobierno, el crédito concedido al macrismo resulta incalificable en términos técnicos y respondió al único propósito de sostener a un régimen ultraneoliberal que se encontraba en su último tramo en el poder y ya se había demostrado tan inepto como destructivo sobre la economía argentina.
Pese al inédito préstamo, con depreciación brutal de la moneda, inflación de 56 por ciento, tarifazos en energía eléctrica, gas y gasolinas; despidos masivos en los sectores público y privado, cierre masivo de empresas de todos los tamaños y, como resultado de todo ello, una precarización de las mayorías de las que el país está lejos de haberse recuperado.
El FMI reconoció en su propio informe de evaluación del préstamo que el programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas en el país: el tipo de cambio se siguió depreciando, aumentó la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y se debilitaron los ingresos reales, en especial, de los pobres.
De persistir en su intransigencia, el FMI será responsable de otro ciclo de crisis económica y social en Argentina, una de las naciones más castigadas por sus fallidas intervenciones, ante un gobierno que aún no se anima a dejar de pagar la deuda y sigue negociando y negociando.
*Por Rodolfo Koé Gutiérrez para Rebelión / Imagen de portada: REUTERS / Johannes P. Christo.
