Chubut: un río de la cordillera al mar
Un pueblo movilizado en rechazo a la megaminería logró torcer el destino de una provincia entera. En medio de estas protestas, el lobby abierto de las grandes compañías y las “lecciones” de federalismo emitidas desde Buenos Aires.
Por Joaquín Gatti para La tinta
El martes 21 de diciembre, la Legislatura de Chubut derogó la Ley de Zonificación Minera, tal vez la más corta de su historia, luego de que miles de manifestantes tomaran las calles de ciudades como Trelew y Rawson. 18 años antes, en Esquel se inauguraba el movimiento contra la megaminería a cielo abierto, marcando un hito fundacional en Latinoamérica: frenar el proyecto de Meridian Gold en las inmediaciones de ese municipio. ¿Qué razones y qué métodos aprendieron los y las chubutenses en estos 18 años? ¿Por qué miles de personas de todas las clases sociales y colores políticos dejaron su cotidiano para oponerse a un proyecto multimillonario en la provincia?
Meridian Gold: un desembarco fallido
El 23 de marzo de 2003 en Esquel, un plebiscito convocado por las autoridades, que contó con más participación que la media de las elecciones generales, echaba por tierra un proyecto multimillonario de la empresa Meridian Gold. Con un 81 por ciento de votos por el “No a la mina”, la ciudad se pronunciaba oficialmente y, a la par de ella, los pueblos de la Comarca Andina del paralelo 42 habían organizado plebiscitos “de hecho” con la ayuda de los juzgados de paz locales. Estos superaban también la participación de los comicios y arrojaban resultados aún más contrarios a la introducción de la megaminería a cielo abierto en la región cordillerana.
Los números que sorprendieron al entonces intendente Rafael Williams y al gobernador José Luis Lizurume eran la consolidación de un proceso de lucha que se había formado en el espíritu todavía vivo de los piquetes y asambleas de 2001: autoconvocados, apartidarios, con decisiones que se tomaban en asambleas populares. Esos métodos asamblearios y democráticos se consolidarían, con el paso del tiempo, como espacios que alcanzaban para gritar masivamente un “No”, pero donde las personas reunidas provenían de diversos lugares políticos e ideológicos, y difícilmente articularan un “Sí”.
Así, el pueblo de Esquel mostraba que las chapas y colchones que repartía la minera no habían tenido más efecto que techar alguna que otra pieza y dormir con la espalda mejor apoyada. “Vecino: acepte todo lo que le ofrezcan y vote No”: la postura de la asamblea del “No” a la mina en Esquel estaba a tono con los tiempos de extrema pobreza y falta de trabajo que se vivían.
La megaminería: ¿desarrollo latente?
Pasaron 18 años desde aquel entonces. Argentina recuperó sus instituciones y la participación política institucional. También recuperó parte de su industria y hasta creció a “tasas chinas”, empujada por el boom de la soja Roundup Ready y la expansión de la frontera agrícola. Chubut, por su parte, tuvo su propio “boom” con la subida del precio del petróleo que aprovechó hasta la estrepitosa caída de 2013. El proyecto de explotación minera a cielo abierto, detenido por la Ley 5.001 que prohíbe la actividad, permanecía en suspenso, pero presente en la agenda de, al menos, todos los gobiernos nacionales. Cada uno de estos gobiernos volvió a plantear su posición más o menos visiblemente: el problema no es si hacer o no megaminería, sino cómo conseguir la licencia para hacerlo. La caja, al menos para las empresas, es muy grande: el yacimiento Navidad, propiedad de Pan American Silver (canadiense), es potencialmente una de las mayores reservas de plata del mundo. La crisis social y parálisis del estado chubutense, que se sucedió en los últimos cuatro años en la provincia, aparecía como la tormenta perfecta para relanzar una solución drástica a las finanzas provinciales: la luz verde a la megaminería.
El “Chubutaguazo”
Cuando la Legislatura de Chubut aprobó la Ley de Zonificación Minera (que establece en qué zonas sí se puede llevar adelante la actividad), las calles de Esquel y la Comarca Andina (en la cordillera), pero también de Rawson, Trelew, Puerto Madryn e incluso Comodoro Rivadavia (en la costa), se llenaron de manifestaciones masivas pidiendo su derogación. La respuesta represiva del Estado provincial solo generó más disturbios y en Rawson, la capital, la Casa de Gobierno junto con otros edificios públicos fueron incendiados. Finalmente, el martes siguiente, la Legislatura derogó por unanimidad la ley que había sancionado hacía menos de una semana y que fue la norma de más corta vida de la provincia. Lo que 18 años antes había sido un hito cordillerano, que dio inicio al “No a la Mina” en el país, ahora llegaba a las ciudades de la costa y se consolidaba como hito provincial y como ejercicio de una democracia u acción directa, que no cabe en las instituciones provinciales.
Y es que los y las chubutenses ya presentaron dos veces un proyecto de ley contra la megaminería, mediante el mecanismo de Iniciativa Popular, una herramienta prevista en la Constitución provincial mediante el cual las firmas de un 3 por ciento del padrón electoral provincial obligan a la Legislatura a tratar una determinada iniciativa. La primera vez que se presentó en la Legislatura, trató el tema al momento de vencerse e introdujo modificaciones que cambiaron totalmente el espíritu de la norma. Aquella vez, incluso se pudo registrar una foto del celular de un legislador donde se veía que los representantes de una empresa minera le indicaban los cambios que eran necesarios. La segunda vez, la Legislatura rechazó el proyecto, que contaba con 31.000 firmas (más del 6 por ciento del padrón) en una sesión de apenas tres horas.
El federalismo como “escollo”
Desde Buenos Aires, la conmoción provincial recibe eco en los medios y son pocos los dirigentes políticos que se le animan al debate. Algunos formadores de opinión, con menos responsabilidades, dicen lo que aquellos no se animan a decir. Señalan que Mariano Arcioni manejó mal el tema, que debería haber dado más confianza a los y las chubutenses, y sobre todo que debería haber logrado la implementación del proyecto minero, una necesidad nacional.
Algunos ponen como ejemplo la “exitosa” gestión de Alicia Kirchner, quien logró sin mucho sobresalto habilitar y promover la actividad minera en Santa Cruz. Hoy por hoy, la provincia es la principal en exportación de metales. Cuando no echan la culpa a Arcioni, llaman a nacionalizar los recursos de soberanía provincial, para así poder pasar por encima de las voluntades locales y consolidar la explotación.
El problema entonces es la llamada licencia social, una palabra que en Argentina se usa casi exclusivamente para hablar de proyectos contaminantes a los que poblaciones locales o provinciales se resisten. La falta de licencia social surgiría de ignorancia, de falta de información. Al menos así es para quienes defienden la megaminería y miran expectantes los cuantiosos dividendos que puede aportar al Estado. Los problemas ambientales pasan a ser problemas de segundo orden. Solo son un problema si hacen que la gente esté en contra de tal o cual proyecto.
Ecología con los pies en la tierra
El riesgo que implica la posibilidad de contaminar fuentes de agua en una provincia que sufre un estrés hídrico constante en varias de sus ciudades, y más aún en la meseta central (donde se pretende habilitar la minería), no es un problema si no hay miles de personas cortando todas las rutas y suspendiendo la “paz social”.
El hecho de que el Instituto Provincial de Aguas sea responsable, por acción u omisión, de que se haya secado el lago Colhué Huapi (más de dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires), por el uso del agua para riego y la extracción desmedida de las petroleras, tampoco parece alertar a nadie. Mucho menos cuando es este mismo instituto el que debe controlar el uso de los recursos acuíferos que pretende utilizar la Pan American Silver. La ciudad de Comodoro Rivadavia, la más grande de la provincia, no solo sufre cortes periódicos de agua en verano, sino también tormentas de arena a causa del nuevo desierto surgido en el lago seco que se ubica a su oeste.
Muchas de estas problemáticas se ubican fuera de la cuenca de la que Pan American Silver promete extraer el agua, pero se encuentran bajo el mismo ente regulador y fueron originadas por actividades como las de productores de cerezas, con mucho menos poder de lobby que la minera canadiense.
Quienes miran las movilizaciones chubutenses como irracionales o extremistas lo hacen desde una concepción donde todo se puede cuantificar y contar en un juego de sumas y restas. El extractivismo en nuestro país es política de Estado y eso ha llevado a que en la actualidad no podamos contar con investigaciones concretas que permitan medir la magnitud económica de exponer, por ejemplo, a 12 millones de personas a contacto directo con el glifosato. ¿Cuál es el costo sanitario? No lo sabemos. Lo mismo sucede con los pasivos ambientales de la minería: cuanto menos se investigue, mejor. El tema se oculta, se omite y sale a la luz cuando la población traicionada por su propio Estado no tiene más armas que la movilización, el piquete y la interrupción de la “paz social”. En la racionalidad de quienes piensan el país desde la metrópolis, el ambiente es algo que se cuantifica como costo, en el mejor de los casos, o simplemente un límite molesto a la expansión económica. Pero existe otra concepción, popular, que postula que “la tierra es un regalo de nuestros padres que tomamos prestada de nuestros hijos”.
La idiosincrasia chubutense es muy variada y no se puede encasillar en uno u otro lugar. Pero el orgullo local de una provincia “joven” y recortada arbitrariamente por dos paralelos al norte y al sur viene, muchas veces, de la valoración de su naturaleza. A su vez, la historia de la Patagonia nos habla de una conquista del desierto en la que el pueblo mapuche-tehuelche fue masacrado y desplazado brutalmente. Los proyectos y las vidas de criollos y galeses que llegaron como pioneros a “domesticar” un lugar inhóspito, las familias mapuche que sufrieron una asimilación cultural violenta y las migraciones más recientes, muchas en busca de una vida más cercana a la naturaleza y otras tras el trabajo petrolero, se conjugan con pocos objetivos comunes, pero uno bien claro: la defensa de las condiciones básicas de vida en la provincia.
¿Nos equivocamos los chubutenses? En un mundo donde cada vez más vemos los efectos de tratar al planeta como simples recursos, ¿es errado priorizar su habitabilidad? Las proyecciones de cambio climático para Argentina indican que toda la Patagonia, donde la temperatura ya subió 1 grado en los últimos 50 años, enfrentará condiciones de mayor aridez y desertificación. ¿Cuánto vale el agua en este contexto? En medio de la peor crisis social que atraviesa la provincia desde 2001, contra toda racionalidad neoliberal, Chubut volvió a decir No es No.
*Por Joaquín Gatti para La tinta / Imagen de portada: Roxana Sposaro.
