Como cada año, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su Informe de casos de muertes en manos del Estado. Este año, lleva por título “La Deuda es con el Pueblo” y revela que, en los once meses de 2021, la principal causa de muerte es estar en un calabozo.
Por Redacción La tinta
Desde 1996, la CORREPI recoge información sobre las víctimas de gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías, femicidios de uniforme y muertes en protestas sociales. Después de un periodo de profundización represiva durante la gestión macrista, la pandemia por COVID-19 y las medidas adoptadas ponen el foco en el sistema carcelario.
“La escalada represiva (2015-2019) fue tan marcada que culminó con los peores números desde el regreso de la democracia”, señalan. “Registramos 1.923 muertes a manos del aparato represivo estatal entre el 10/12/2015 y el 9/12/2019, con lo que el promedio se agravó al récord absoluto de una muerte cada 18 horas”.
Con el cambio de gobierno en 2019, explican que el Frente de Todos impulsó medidas apuntadas a atender la urgencia social, “pero pronto quedaron en evidencia sus limitaciones para avanzar en cambios estructurales y dar respuesta a aquella expectativa de los sectores populares que lo apoyaron”, expresan.
Desde el inicio de la pandemia, se ampliaron las facultades y recursos de las fuerzas represivas para el cumplimiento de las medidas sanitarias. “Se abandonó aquel rumbo inicial marcado por la derogación de los protocolos Bullrich y el resultado de esa decisión política fue un exponencial crecimiento de las muertes en lugares de detención y el sostenimiento de las cifras de fusilamientos por gatillo fácil”, refieren.
“En la actualidad, el Ministerio de Seguridad cuenta, según el presupuesto 2021, con fondos superiores al Ministerio de Transporte, al de Desarrollo Territorial y Hábitat, Ambiente y Desarrollo Sostenible (aún a pesar de los incendios que azotaron a varias provincias), o Mujeres, Género y Diversidad. A la vez, cuenta con una ejecución presupuestaria actual del 10%, superior al del Ministerio de Salud, aún en pandemia”, remarcan.
Destacan además que, tras las elecciones legislativas, la designación de Aníbal Fernández al mando del área de seguridad nacional representa otro retroceso: “Sus primeras medidas están más en línea con su par bonaerense, Sergio Berni, que con los intentos progresivos de su antecesora, Sabina Frederic”, indican, señalando el envío de efectivos federales a Rosario bajo la excusa de combatir el narcotráfico y a Río Negro para apoyar a la gobernadora Arabela Carreras que califica de terrorista al pueblo mapuche.
En esta 26ª actualización del archivo, se incorporaron 585 nuevos casos, totalizando 8.172 hasta mediados de noviembre de 2021. De estos, 417 ocurrieron en el año 2021. El resto corresponde a 140 nuevos hallazgos de 2020; 5 de 2019; 2 de 2017; 16 de 2016; 2 de 2015 y uno de 2010, 1999 y 1997, respectivamente.
“El año 2020 y los primeros once meses de 2021 muestran otro salto importante, debido al crecimiento inusitado de muertes en lugares de detención en pandemia. De los 537 casos de 2020, son muertes en cárceles y comisarías el 71,5% (384), y de los 417 casos de 2021, el 65,5% (273)”, señalan.
20 años atrás, la cifra de muertes en lugares de detención casi igualaba la de gatillo fácil. “El sostenido endurecimiento del sistema penal incrementó enormemente la tasa de encarcelación en Argentina. Entre 2001 y 2021, pasamos de 34.000 personas privadas de libertad en cárceles a más de 100.000 y alrededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos”, indican. Así, sin haber disminuido el número absoluto de víctimas de gatillo fácil, queda reducido a poco más del 21% sobre el total de muertes en manos del Estado.
Por otro lado, destacan que, en marzo de 2020, la entonces Ministra de Seguridad prohibió a los miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria la portación del arma reglamentaria fuera de servicio y que no se registraron fusilamientos a manos de esta fuerza en los últimos dos años. “Es una comprobación empírica de cómo se podría reducir el gatillo fácil significativamente si la misma decisión se tomara respecto de la totalidad de las fuerzas, ya que más de la mitad de los fusilamientos en la vía pública son cometidos por funcionarios de civil, pero que portan y usan el arma reglamentaria”, explican.
El informe remarca además el notable incremento de los casos de femicidio y femicidio relacionado, cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. “Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2021, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria”, destacan.
Finalmente, señalan que la criminalización de la protesta “estuvo a la orden del día, como lo sufrieron lxs Asambleístas contra la mina en Andalgalá o lxs trabajadorxs desocupadxs y de la salud en el Puente Pueyrredón”, señalan. Este año, Elías Garay, comunero mapuche de Río Negro, se convirtió en el primer asesinado en la represión a un conflicto social en esta gestión, “bajo la modalidad de la tercerización, solo que en lugar de ser una patota de la burocracia sindical, como la que mató a Mariano Ferreyra, esta vez fueron sicarios vinculados a la empresa de (de)forestación que pretende las tierras ancestrales del pueblo mapuche”, concluye.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La tinta.
