Bancas para abusadores: la impunidad de la violencia política
Desde el movimiento de mujeres y organizaciones sociales y derechos humanos, están reclamando para que Héctor Eduardo «Chabay» Ruiz no asuma el 10 de diciembre como diputado provincial en Santiago del Estero. Hoy se espera que la Legislatura emita dictamen sobre el pedido. Electo en los pasados comicios por el Frente Patriótico Laborista, es repudiado por su condena por delito sexual del cual se declaró culpable. Luego de estar prófugo, tuvo un juicio abreviado y, tras cumplir una condena de corto tiempo, siguió su carrera política. Actualmente tiene otra denuncia y causa abierta por violencia sexual.
Por Redacción La tinta
Héctor Eduardo «Chabay» Ruiz fue intendente durante cinco periodos y concejal en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. Su trayectoria política tiene más de 40 años y ha deambulado por varios espacios políticos. Comenzó en la Franja Morada y luego fue Frepasista, Kirchnerista, Massista y Macrista. Dicen que lo más estable en su carrera ha sido la oposición a Gerardo Zamora. En las elecciones pasadas, se presentó como diputado provincial de la Provincia por el Frente Laborista Patriótico y resultó electo. A pesar de que las organizaciones feministas y de derechos humanos locales impugnaron su candidatura, la Justicia no dio curso al pedido. Hoy se espera que la Legislatura emita un dictamen, ya que el 10 de diciembre podría asumir y así obtener impunidad en sus causas por delitos sexuales actuales.
Organizaciones feministas detallaron en un comunicado el gravísimo proceder de este personaje político. Ruiz fue denunciado en 2013 por abuso sexual con acceso carnal. Se escapó de su casa cuando la policía estaba por detenerlo. Para ese entonces, ocupaba una banca en el Concejo Deliberante de su ciudad. Luego de estar prófugo de la justicia, en 2015 lo detuvieron en el conurbano bonaerense, donde estaba escondido para sortear la acción judicial. Tras declararse culpable del delito de abuso sexual, fue destituido por indignidad moral del Concejo Deliberante y en juicio abreviado recibió la condena a 3 años de prisión en suspenso. Estuvo solo unos meses preso, ya que recibió el beneficio de la libertad condicional por declararse culpable. “Logró que jueces diligentes avalaran su candidatura y rechazaran impugnaciones formuladas por mujeres santiagueñas. La impunidad está a punto de sustanciarse en nombre de la democracia. Las organizaciones sociales y políticas, junto al conjunto del movimiento de mujeres y feminista, le preguntamos al conjunto de las fuerzas políticas: ¿vamos a cortar la cadena de impunidad o vamos a seguir mirando para otro lado?”.
Durante el período en que evadió a la justicia, fue denunciado por otras causas de abuso sexual, acoso y juicios de filiación extramatrimonial, afirmaron organizaciones locales. Actualmente, tiene una causa abierta y en curso por otro hecho de violencia sexual. Están en juego, al menos, dos cuestiones centrales: la posibilidad y el escándalo de que un representante político condenado por abuso pueda ocupar un cargo público y los fueros que le garantizarían impunidad.
Ni Una Menos de Santiago del Estero manifestó en un comunicado que “el movimiento feminista santiagueño ha construido, a través de los años, grandes movilizaciones de la comunidad que tuvieron y tienen el eje en acabar con la impunidad con la que se manejan quienes ostentan espacios de poder, quienes cometen delitos contra nosotras, abusan y ejercen violencias sistemáticamente”.
Representantes de la colectiva feminista se reunieron el jueves pasado con funcionarias de la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género de Santiago del Estero. Y el viernes, integrantes de colectivos feministas y de derechos humanos, que están encabezando públicamente la denuncia para que no asuma Ruiz, se reunieron con la titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. La Ministra expresó la preocupación de que asuma como diputado y se comprometió a enviar una carta a la Cámara de Diputados de la provincia santiagueña.
“Saquemos la violencia sexual y política del clóset. La idoneidad ética que exige la Constitución no es un conjunto formal de rituales electoralistas, es un requisito esencial que dota de legalidad y legitimidad el funcionamiento de los poderes del Estado democrático. Exigimos que la Legislatura Provincial haga el control de ética y moralidad que la justicia omitió realizar y rechace el pliego de Chabay. Nos queremos vivas, libres y sin violencias sexuales ni políticas. A la impunidad patriarcal la desarmamos con la urgente y necesaria reforma judicial feminista”, afirmaron mediante un comunicado el conjunto de organizaciones que lleva adelante el repudio. Con contundencia y todo el peso de la bronca que deja la impunidad, un amplio abanico social está movilizándose para visibilizar la gravedad que esto significa para la democracia.
Por su parte, las mujeres del Frente Renovador -espacio político del que formó parte Ruiz- publicaron una carta abierta al respecto: “La asunción de Ruiz serviría para subvertir la finalidad de los fueros parlamentarios. En vez de ser utilizados para el resguardo de la democracia y representación de la sociedad, serían utilizados para suspender e impedir la investigación de delitos contra la integridad sexual. Por lo tanto, resulta incompatible con la vigencia de un Estado protector de Derechos donde debe primar el imperio de la Ley en todas sus dimensiones y respetarse los procedimientos judiciales y las instituciones encargadas de cumplirla. Aprobar la asunción de un hombre violento es sentar precedente de que como sociedad minimizamos su accionar repudiable; es pisotear las luchas feministas que han promovido leyes que hoy visibilizan y condenan todas las formas de violencias machistas, y, fundamentalmente, desconocer el dolor de las personas que fueron sometidas a sus abusos”.
A ver si queda claro: un violador confeso, que estuvo prófugo de la justicia y reincidente en violencias sexuales, según una causa en curso, está por asumir como diputado provincial en Santiago del Estero. Una típica figura que lleva años en política, el arquetipo del caudillismo y un modo de hacer política en las provincias del norte. Si hacemos un rápido repaso, tenemos dos recientes casos con nombre y apellido. El 10 de diciembre, el senador nacional de Tucumán del Frente de Todxs, José Alperovich, se quedará sin fueros parlamentarios y deberá enfrentar la denuncia por abuso sexual, realizada en 2019 por su sobrina segunda y ex asesora. La licencia -aprobada por el Senado- termina el 9 de diciembre. En Jujuy, la semana pasada, el Ministerio Público de la Acusación informó que Marcelo Nasif, diputado por el oficialismo del gobernador Gerardo Morales, fue imputado por una denuncia por violencia sexual y acoso laboral contra una empleada.
La democracia es incompatible con cualquier tipo de violencias, hoy toca mirar y cortar la cadena de impunidad de las violencias sexuales. ¿Qué valores están en juego al momento de ocupar una banca política? Hay algunas iniciativas en las provincias de Mendoza, Salta y Chubut para implementar reformas a la ley de partidos políticos, que permita inhibir la presentación a cargos públicos, provinciales o municipales, entre otras causales, a agresores sexuales. Parece una locura tener que estar, a esta altura, explicitando mediante normativas esas prohibiciones. Quien cometió algún delito no debería formar parte de un órgano de representación política ni ser parte de la toma de decisiones que definen el campo normativo que orienta las formas sociales, políticas y culturales de un país y de las vidas concretas. Menos quienes estén acusados de violencias sexuales, como dicen las compañeras: “Abusadores sexuales sin banca, ‘Chabay’ Ruiz sin fueros. A la impunidad patriarcal la desarmamos con la urgente y necesaria reforma judicial feminista”.
*Por Redacción La tinta.
