La agonía de la Ley de Alquileres
La Ley de Alquileres sancionada por el Congreso en junio de 2020 transita sus últimos días. ¿Por qué el oficialismo se vio atrapado entre las garras del mercado inmobiliario y cómo sería la nueva normativa?
Por Sebastián Furlong para El Grito del Sur
Luego de generar un amplio consenso entre las dos principales coaliciones políticas del país, la Ley de Alquileres sancionada por el Congreso Nacional en junio de 2020 transita su período de agonía. Dos días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó que el Congreso tratará una nueva normativa que cambie las reglas de juego entre inquilinos y propietarios. «Lo vemos con mucha preocupación, sobre todo por el diagnóstico en el cual se habla de fracaso y se plantea la necesidad de una suspensión o derogación. En las mismas palabras de Massa, se dice que la ley afectó la posibilidad de hacer negocios y que el sector inmobiliario debe desarrollar libremente esa actividad», explicó Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y miembro de la Federación de Inquilinos Nacional (FEN), en diálogo con El Grito del Sur.
Ya en plena campaña porteña rumbo a las legislativas, una de las pocas coincidencias entre Leandro Santoro y María Eugenia Vidal era la modificación de la Ley de Alquileres. Ambos candidatos se hicieron presentes en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), principal lobbysta contra la ley, para dar su guiño en este tema. En principio, el mercado inmobiliario venía exigiendo la modificación de dos artículos de la Ley 27.551: el que establece un plazo mínimo de alquiler de tres años, para llevarlo a dos; y, en segundo lugar, que se derogue el artículo 14, que introduce la obligatoriedad de una actualización anual de los contratos según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central.
Sin embargo, la aparición mediática de diferentes voceros oficialistas rechazando la ley envalentonó aún más a las entidades inmobiliarias, que ahora buscan desregular todo lo que se hizo hasta el momento. Luego de que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, se refiriera al «fracaso de una ley del PRO» -haciendo alusión a su autor, el ex diputado Daniel Lipovetsky-, la diputada electa Marcela Passo (massista en el Frente de Todos) salió a plantear a través de medios oficialistas que «vamos a proponer una nueva Ley de Alquileres para generar certeza a los propietarios y también sostener las garantías a los inquilinos». «Advertimos la necesidad de modificar la ley con un nuevo consenso que brinde soluciones. Para conseguir la mejor ley posible, planteamos convocar a todos los sectores para escuchar su experiencia de implementación y revisar la norma vigente», agregó Passo, quien en la lista de Provincia de Buenos Aires fue tercera detrás de Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.
«Lo que fracasó en nuestro país no fue la Ley de Alquileres, sino el acceso a la vivienda que hoy sigue en manos del mercado. El Estado no hizo cumplir de manera plena la ley porque tiene miedo de enfrentarse al mercado inmobiliario y al sector especulativo», advirtió Artola. ¿Qué consecuencias tendría la búsqueda de modificar la actual normativa? «Volver a una desregulación total del mercado inmobiliario tendría como correlato la profundización de la crisis habitacional. Cuando en el mundo se está discutiendo cómo avanzar en mecanismos de regulación, como vimos en Alemania, España y Francia, en nuestro país se busca retroceder. Es un pedido del mercado inmobiliario y nos preocupa que este reclamo haya tenido cabida en el Gobierno nacional», señaló el referente rosarino de Inquilinos Agrupados.
Los otros puntos de la ley que podrían derogarse también implican ataques a los derechos de los inquilinos e inquilinas. Se pretende que el propietario no tenga la obligación de inscribir los contratos de alquiler ante la AFIP, lo cual fomentaría comportamientos de evasión fiscal ante el organismo recaudador. Además, se busca restablecer los dos meses de depósito para incrementar el precio de «entrada» a una propiedad y, finalmente, que el inquilino/a vuelva a pagar ABL y reparaciones vinculadas al deterioro del inmueble.
«Queda claro que la ley tocó los intereses del mercado inmobiliario. Si la ley desamparara a los inquilinos, no estarían pidiendo su derogación. Hay pocos antecedentes de un lobby tan fuerte contra una ley y ese mismo hecho nos debería hacer pensar efectivamente que algo bueno tiene, más allá de que es un punto de partida y, por supuesto, es perfectible. Lo que hoy están padeciendo los inquilinos no es por la ley, sino por lo que falta regular«, agregó Artola.
Desde la Federación de Inquilinos Nacional, presidida por Gervasio Muñoz, repudiaron mediante un comunicado las declaraciones del ministro Jorge Ferraresi y el diputado Sergio Massa. Asimismo, argumentaron que «el acceso a la vivienda digna a través del alquiler debe ser política de Estado». En ese marco, no descartan acciones de protesta y también salir a las calles para defender los intereses de un sector que representa a 9 millones de personas en Argentina.
*Por Sebastián Furlong para El Grito del Sur / Imagen de portada: El Grito del Sur.
