Se trata de Lilián Mariana Villalba y María Carmen Villalba, que fueron ejecutadas en el marco de un operativo ilegal del ejército paraguayo en 2020.
Por Julián Pilatti para ARG Medios
A más de un año del asesinato de dos niñas argentinas en un operativo militar en Paraguay, los gobiernos de ambos países acordarían la conformación de una Comisión Relatora Internacional para esclarecer las muertes de Lilián Mariana Villalba (11) y María Carmen Villalba (11), e investigar también la desaparición forzada de Elizabeth Obiedo Villalba (14), conocida como “Lichita”.
Hasta ahora, el Estado paraguayo se había negado a avanzar en una investigación, pero la presión de organismos de derechos humanos condujo a un canal de diálogo que finalmente prosperó.
Una masacre no investigada
Se trata de una verdadera masacre que ocurrió el pasado 2 de septiembre en la localidad de Yby Yaú a manos de la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC), una célula del ejército paraguayo que se dedica particularmente a controlar y combatir al diseminado grupo guerrillero Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).
Sin embargo, ese día los militares paraguayos asesinaron a dos niñas, Lilián y María Carmen, mientras se cree que también secuestraron a “Lichita”. De las pocas pruebas que pudieron recolectarse, se determinó que las dos menores fueron ejecutadas por la espalda y se sospecha que previamente habían sido secuestradas.
Ambas vivían en la provincia de Misiones, Argentina, junto a su abuela. A principios de septiembre, viajaron hacia Paraguay para visitar a sus padres, integrantes del EPP, pero no pudieron regresar a tiempo por el cierre de las fronteras que decretaron ambos países durante la pandemia.
Como si fuera poco, ese día el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, catalogó el operativo ilegal del FTC como “exitoso”, informando que “dos integrantes del grupo armado habían sido abatidos”. Se trataba en realidad de las dos niñas.
El acuerdo
El pasado 15 de octubre, el canciller de Paraguay, Euclides Acevedo Candia, y su par argentino, Santiago Cafiero, se reunieron en la capital de Buenos Aires para diseñar la paulatina apertura de fronteras y remarcaron “la necesidad del trabajo común contra el crimen organizado y el narcotráfico”. También acordaron “profundizar la cooperación para el intercambio en el uso de tecnología y experiencias que refuercen la agenda de seguridad compartida”.
En ese marco, se anunció la conformación de la Comisión Relatora Internacional que estará integrada por científicos forenses de diversos países, como España, Portugal y Paraguay; mientras que del lado argentino se incorporó el pedido para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) forme parte del caso.
“Con el canciller del Paraguay trabajamos unidos para fortalecer el Mercosur y potenciar nuestra agenda bilateral. Gracias por tu cordial visita a la Argentina. Espero próximamente poder hacer lo propio”, expresó Santiago Cafiero.
A todo esto, la familia de las dos menores asesinadas y de la niña desaparecida desestimó cualquier versión oficial del Ejército paraguayo y del gobierno de ese país, asegurando que se “destruyeron pruebas”, mientras que organismos de derechos humanos puntualizan que la fuerza de ese país “violó cualquier protocolo de investigación independiente”.
Uno de los organismos que impulsa el caso es la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), que presentó una denuncia penal contra agentes innominados de la FTC en relación al operativo realizado en Yby Yaú. “Realizamos una denuncia penal, pero hasta ahora no tenemos información precisa de la causa por la naturaleza penal de este país, en donde solo pueden acceder la fiscal, familiares y querellantes”, explicó a ARG Medios el abogado Oscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la CODEHUPY.
Ayala agregó que, desde 2013, el Estado paraguayo impulsó una modificación de las leyes nacionales para que las fuerzas militares puedan participar de asuntos internos. Desde entonces, los casos de violaciones a los derechos humanos vienen aumentando a un ritmo preocupante. “Desde esta modificación, venimos denunciando violaciones de derechos humanos muy graves. Lo de las niñas no es lo único que ha sucedido, lamentablemente”, expresó el titular de la CODEHUPY.
Más pruebas
En tanto, desde Human Right Watch (HRW) aseguraron que las autoridades de Paraguay “destruyeron pruebas fundamentales y violaron tanto sus propios protocolos de investigación como normas internacionales de derechos humanos”. Pidieron que el gobierno de ese país garantice “una investigación de esas muertes de forma independiente, imparcial, transparente y sin demoras”.
Este punto es clave, porque podría comprobarse la responsabilidad de las fuerzas militares del Estado paraguayo. Cristian Ferreira, uno de los peritos forenses que examinó los cuerpos que habían sido enterrados irregularmente, dijo a los medios nacionales que “la posición en que quedaron los cuerpos indica que evidentemente estaban huyendo” de las balas de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Además, el especialista consideró que las víctimas se enterraron “sin esperar a una autopsia” y, como si fuera poco, la ropa de las niñas “fue quemada”.
Al cumplirse un año del operativo, cancillería recordó que el gobierno argentino “ha solicitado que, en el marco de la permanente y estrecha relación bilateral entre ambos países, se realicen las gestiones necesarias para investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a los familiares de las víctimas”.
Además, se insistió con el pedido para que el gobierno paraguayo “facilite el acceso de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para colaborar con la investigación de los hechos y para realizar una autopsia, así como que se permita el acceso a las actuaciones administrativas y judiciales a los/as familiares de las niñas y representantes del Estado argentino”.
*Por Julián Pilatti para ARG Medios / Foto de portada: Agustina Salinas
