En la última semana, se produjeron dos estremecedores femicidios en la provincia de Córdoba. Ambos coincidieron en el horror: tanto Carlos Suárez como Ezequiel Seia asesinaron a sus parejas con sus armas reglamentarias de la Policía Provincial. ¿Qué particularidad muestran los femicidios a manos de agentes de las fuerzas represivas del Estado?
Por Redacción La tinta
En la madrugada del domingo 10 de octubre, el agente Carlos Suárez mató a su pareja Carolina Figueroa, también integrante de la Policía de Córdoba, en la vivienda que compartían en Alta Gracia. Luego, se suicidó. Seis días antes, en Silvio Pellico, una pequeña localidad al sudeste de la capital cordobesa, el sargento primero Ezequiel Seia asesinó a su pareja Romina Depetris y también se quitó la vida más tarde. Ambos usaron sus armas reglamentarias.
En lo que va de 2021, cuatro mujeres fueron asesinadas en Córdoba por la violencia machista a manos de efectivos de las fuerzas represivas del Estado.
El 19 de febrero pasado, Javier Galván, piloto de la Fuerza Aérea Argentina, confesó dónde había escondido el cuerpo de Ivana Módica, desaparecida en La Falda ocho días antes. El 14 del mismo mes, Miriam Beatriz Farías de Saldán ingresó al Instituto del Quemado de Córdoba con quemaduras en el 40% de su cuerpo y con las vías respiratorias muy afectadas. El responsable era su pareja Jorge Juárez, suboficial de la Policía Federal y chofer de jueces federales. Miriam murió cuatro días después, a horas de la multitudinaria marcha contra la violencia machista, motivada a partir del femicidio de Úrsula Bahillo en Rojas a manos de Matías Martínez, también efectivo policial.
Según el Registro Nacional de Femicidios Mumala, desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, se perpetraron 160 femicidios, 245 intentos de femicidio, 37 muertes violentas asociadas al género, 11 suicidios femicidas y 38 muertes violentas de mujeres que están en proceso de investigación.
El 9% de estos femicidios fue cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad y en el 23% de los asesinatos con armas de fuego, se utilizó el arma reglamentaria. Los femicidios cometidos por los agentes de las fuerzas representan una parte importante de las muertes de mujeres en hechos de violencia institucional.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “la portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el ‘estado policial’, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista, él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar”.
Si bien en algunas policías se restringe la portación de arma si el agente fue denunciado por violencia machista, muchas veces no existe una denuncia previa formal. A esto, se suman las dificultades para que la persona en situación de violencia curse sin riesgos una denuncia contra integrantes de la misma fuerza policial que, en muchos casos, intentan cubrir a sus miembros con un manto de impunidad.
Como ocurre en la mayoría de los casos de violencia institucional, ante un femicidio dentro de una fuerza, se activan dispositivos de encubrimiento. La misma Policía es la que controla la escena del crimen en un primer momento, pudiendo así alterarla para hacerla coincidir con su versión, como se denuncia reiteradamente y se ha podido probar en varias oportunidades.
“En muchos casos, las mujeres víctimas también son integrantes de las fuerzas de seguridad, lo que muestra un traslado hacia la vida privada de los patrones de discriminación, acoso laboral y violencia de género que están extendidos al interior de las policías”, explican desde el CELS.
A partir de la elaboración del Archivo anual de casos de personas asesinadas por el Estado, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) evidencia que, desde el año 1992, hubo 389 femicidios por parte de las fuerzas represivas, sobre un total de 671 víctimas mujeres de violencia institucional. La cifra convierte a los “femicidios de uniforme” en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal, demostrando que no se trata de casos aislados.
La organización estima que, tomando como base los registros existentes a nivel nacional hasta diciembre de 2020, “una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria”, dando cuenta de cómo se potencian la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal, resguardados por la impunidad y complicidad policial.
Mientras escribimos esto, en Antillas, un pueblo ubicado en el sur salteño, buscan al agente Jorge Nicolás García, prófugo y acusado del femicidio de su pareja, la cabo policial Gladys Paz, asesinada con arma de fuego el jueves último.
* Por Redacción La tinta / Imagen de tapa: Eloísa Molina para La tinta.
