Con esta consigna, les trabajadores sexuales siguen instalando el debate sobre el reconocimiento de su trabajo. Ante la invisibilización y la criminalización, accionan de forma articulada para mejorar las condiciones del sector. Conversamos con Eugenia Aravena sobre la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, sus propuestas y las principales problemáticas que atraviesan.
Por Redacción La tinta
La Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual (RRTS) nació en Cordoba en el año 2012, reuniendo a trabajadores sexuales, equipos de investigación académicos, activistas, artistas, personas independientes y organizaciones sociales. Actualmente, la integran unos veinte espacios de diferentes provincias del país.
Inicialmente, fue creada como respuesta a la Ley provincial de Trata de Personas, Prostitución, Oferta de Trabajo Sexual N° 10.060. La norma “prohíbe la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción de oferta sexual ostensible o encubierta”. Promovida por el delasotismo, esta ley profundizó la criminalización, persecución y precarización de les compañeres. Si bien el discurso oficial hablaba de cercar a organizaciones que trafican con mujeres para combatir la explotación sexual y la trata de personas, lo cierto es que amplió el estigma igualando el trabajo sexual con la trata.
Por esos años, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) de Córdoba impulsó el espacio que hoy reúne a personas “pertenecientes y habitantes de distintos cuerpos, identidades y realidades”, según sus palabras. Son migrantes, negres, travestis, trans, no binaries, marikas, tortas, lesbianas, seropositives, neuroatípiques, villeres y de pueblos originarios. La Red nuclea, además, a activistas aliades de diferentes sectores, con quienes construyen su línea política para el fortalecimiento de las organizaciones de base y de otra mirada sobre el trabajo sexual y quienes lo ejercen.
En un Manifiesto político publicado el pasado 2 de junio, Día Internacional del Trabajo Sexual, se expresaron en defensa de la autonomía de sus cuerpos, de la libre vivencia de los deseos y las elecciones. “Repudiamos que el feminismo anti-derechos hable por nosotres y que el Estado abolicionista, que se niega a reconocernos, nos empuje cada vez más a la clandestinidad con las políticas punitivistas impulsadas históricamente por los gobiernos argentinos”, indicaron.
En conversación con La tinta, Eugenia Aravena, integrante de RRTS, contó que “los principales ejes de trabajo en la actualidad están dirigidos a la salud, los derechos humanos, la inclusión laboral de les trabajadores sexuales, el resarcimiento histórico a las compañeras más grandes. También estamos impulsando formación y capacitación para la conformación de emprendimientos colectivos”, explicó.
Desde la Comisión de Salud de la Red, el miércoles 8 de septiembre, realizaron el primer encuentro del ciclo de Capacitaciones Salud y Gestión de Recursos para Trabajadorxs Sexuales y Aliades de la RRTS. Fue coordinado con la Dirección de Respuesta al VIH, ETS, Hepatitis y TBC de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y acompañada por autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y de la plataforma Latinoamérica PLAPERTS.
Esta iniciativa se desarrolló en el Marco de la Escuela de Formación Política de Argentina con la intención de colectivizar los saberes y herramientas, esta vez, para la formación de promotores territoriales para la prevención del VIH/SIDA en tiempos de pandemia de COVID-19.
“La capacitación fue importante para acercar el tema, charlarlo, tomar conocimiento de la problemática hoy en Argentina, para luego realizar y concretar la articulación frente al Estado en cada lugar, haciendo capacitaciones en cada provincia con los agentes de salud locales, apostado a abrir cada hospitalito y sala a las trabajadoras sexuales desde un lugar de prevención”, señala Eugenia.
En la mayoría de las provincias donde está la Red, no existe acompañamiento a trabajadores sexuales en la prevención o adherencia a tratamiento de VIH y ETS, por eso, explica que resulta urgente avanzar en herramientas de formación “para multiplicar entre pares y charlar de esto que es tabú”, agrega.
Estas iniciativas se dan en un contexto que golpea con fuerza al sector. La crisis económica profundizada por la pandemia de COVID-19 precariza aún más las vidas de les trabajadores sexuales: “Nos vemos aún más vulnerades, ya que nos niegan los derechos básicos y ni siquiera nos contemplan en planes de emergencia habitacional, alimentaria y de salud, exponiendo al colectivo a una realidad cada vez más hostil. A las compañeras más grandes, nos obligan a vivir una vejez sin jubilación y tampoco se contempla la vejez trans-travesti”, manifestaron desde la Red.
La criminalización y precarización de este trabajo “cercena el derecho a la vivienda generando condiciones habitacionales cada vez más vulnerables e inestables”, señalan. La mayoría alquila o vive de prestado sin contar con ningún tipo de demostración de ingresos o monotributos, viéndose obligades a pagar precios más altos.
En materia de salud, lidian cotidianamente con la entrega de preservativos en centros de salud y hospitales. En el caso de la comunidad trans-travesti, exigen la aplicación del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género donde se detalla la importancia de la salud integral, las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos hormonales gratuitos.
“Padecemos sistemáticamente la discriminación social y política de nuestros derechos humanos y el respeto de nuestras vidas. Normativas como la Ley de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas (Ley Nacional N° 26.842), los códigos contravencionales provinciales y/o las ordenanzas municipales configuran un contexto de criminalización estructural en el que las personas, las actividades y los espacios vinculados al trabajo sexual son sometidos a la órbita del control represivo del Estado, exponiéndonos a la discrecionalidad policial y la constante violencia institucional”, denunciaron.
Los gobiernos saben que hay una deuda y el silencio es una decisión. El 8 de junio del 2020, “en cuestión de horas, tuvimos y dejamos de tener un derecho”, expresaron. El Ministerio de Desarrollo Social de Nación incluyó al trabajo sexual como una modalidad laboral dentro del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP). Este reconocimiento les permitiría, entre otras cosas, acceder a programas de empleo, seguridad social y capacitación. Menos de un día después, y en medio de la polémica, el gobierno hizo marcha atrás con el ofrecimiento y se comprometió a realizar una mesa de trabajo “con representantes de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y a organizaciones sociales y diversos colectivos para analizar las distintas perspectivas”. Algo que jamás se hizo.
El 31 de agosto pasado, en el marco de los 21 años de la Ley de Paridad de Género, la Red acercó un pedido de audiencia a la ministra del Ministerio de Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, donde expresaron la necesidad de discutir las urgencias y el difícil momento que atraviesan, para pensar en políticas públicas e integrales para el sector. Siguen a la espera de respuestas.
“Desde el gobierno, no quieren que se vea nuestro trabajo, no nos quieren escuchar, no quieren hablar del trabajo sexual en Argentina. Esa es la realidad, quieren seguir haciendo de cuenta que el sector no existe, pero, aunque no nos nombren, seguimos existiendo”, cierra Eugenia.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
