Desarrollistas urbanos levantan muros para tapar la pobreza
Vecines de barrio Policial, Nueva Esperanza, 12 de Julio, Villa Cornú Anexo y Sol Naciente denuncian “el corral de cemento y chapa” que construye ilegalmente la empresa GAMA S.A. profundizando la segregación, el estigma y cortando la libre circulación de las personas. Exigen que se lleven “sus lápidas” y que el gobierno tome cartas en el asunto para revertir la situación.
Por Anabella Antonelli para La tinta
“Nosotras hicimos un barrio”, dijo Mary hace unos meses contando sobre los comienzos de 12 de Julio, allá por el año 2014. No hicieron una casa o abrieron una calle. Hicieron su barrio. En tiempos de desintegración social y con el individualismo como una pesada herencia noventera que se actualiza, en ese pedacito de zona norte, les vecines apostaron a lo común. Hoy, vuelvo a escuchar a Mary, educadora popular integrante de la Asamblea de vecinas de barrio 12 de Julio y la Zonal Noroeste. La esperanza no se agota en su voz, pero un cansancio que suena triste aparece al otro lado de la línea.
“Nunca nos dejan soñar, cuando vemos que estamos más o menos tranquilos, tenemos que salir a pelear por algo distinto. ¿Hasta cuándo?” -pregunta- “Nos vamos a pasar la vida sin poder disfrutar lo que hacemos. Te quiebran la poetización, el arte, todo lo lindo que hacemos cuando estamos juntas, porque tenemos que estar siempre en guardia, siempre alertas, siempre en guerra”.
Una preocupación agita las cabezas de las vecinas: ¿qué les van a responder a las infancias el sábado, cuando se reúnan en el salón comunitario a jugar? ¿Cómo se les explica sobre la exclusión, la segregación y el estigma cuando pregunten por los muros? “Nosotros sabemos cómo vienen construyendo los de arriba, pero nos hacemos problema por los peques, la desigualdad se planta y esa grieta, que ellos tanto dicen que no debería existir, la profundizan mucho más”, expresa.
El paisaje de la exclusión
Detrás de las grandes urbanizaciones latinoamericanas, hay un proceso contínuo de acumulación capitalista. Unos pocos van tragando la riqueza social a través del saqueo, la explotación y el disciplinamiento. La ciudad, abandonada por los Estados a la planificación privada, es un espacio de lucha territorial y simbólica.
Camila Iglesias es parte de la Universidad Trashumante. En conversación con La tinta, cuenta que, un día, simplemente, llegó al barrio 12 de Julio y no pudo ingresar. Donde antes había una calle, ahora se levanta un muro de cemento. Otro de los accesos estaba cerrado con un portón. Un hombre se encarga de abrirlo y cerrarlo para el ingreso de les trabajadores del lugar. La empresa desarrollista GAMA S.A. decidió cerrar sus dos loteos, Barrio Norte 1 y Barrio Norte 2, con un criterio paisajístico de exclusión: para todos los costados, cerraron con alambrado, pero hacia los barrios populares, delimitaron con placas de hormigón.
La empresa es una organización privada de loteo abierto, explica Camila, es decir que no cuentan con permisos para hacer un barrio cerrado. Si el gobierno no asume la gestión de la ciudad, los desarrollistas urbanos avanzan guiados por las oportunidades de negocios, esquivando las regulaciones existentes. El art. 147 de la ordenanza municipal 12.729 establece que el propietario de los terrenos a urbanizar debe donar al dominio público las superficies destinadas a espacios verdes y calles. “Eso da la pauta de que no puede ser cerrado ni amurallado porque les vecines deberían poder jugar y tomar mate en esa plaza que es pública, pero, si tenés un muro, es imposible”, señala Camila.
De lo material y lo simbólico
Las vecinas vieron nacer y crecer los barrios que hoy la empresa encierra. Los construyeron, transformando basurales en tierra para vivir, disfrutar y seguir trabajando comunitariamente. “No logramos entender que, con tanta impunidad, poder y falta de sensibilidad, al igual que alguna vez encapsularon y abandonaron a su suerte a los barrios-ciudades, hoy nos pretenden imponer lápidas de cemento y de chapa para no vernos la cara”, expresaron en un comunicado público.
El avance privatizador se apropia y destruye el espacio común, y los derechos de acceso y goce de la ciudad quedan restringidos al disfrute de una minoría. “Estas murallas tienen una fuerte cuestión simbólica de segregación y exclusión. No ponen un tejido de alambre, como no los quieren ver, entonces ponen un muro. Es la estigmatización del que vive del otro lado del muro, la falta de empatía para convivir e integrarse”, explica Camila.
El amurallamiento deja a les vecines de barrio Policial, Nueva Esperanza, 12 de Julio, Villa Cornú Anexo y Sol Naciente con restricciones importantes en los accesos a las instituciones y al tránsito entre las comunidades. “Esto implica una mecánica más de exclusión, vulnerando nuestros derechos de libre circulación y de integración social”, señalan las vecinas.
La división que genera el cerramiento de las calles amplía la distancia entre barrios que, históricamente y por atravesar problemáticas similares, se reúnen y comparten estrategias para el buen vivir. Por otro lado, producto del hacinamiento, sus familiares fueron a vivir a barrios colindantes, constituyendo una gran comunidad de apoyo mutuo. En el caso de 12 de Julio, además, la comisaría, el dispensario abierto 24 horas y algunos colegios quedaron del otro lado, teniendo que tomar uno o dos colectivos, o andar grandes distancias, cuando, sin los muros, podían llegar caminando.
Mary es vendedora ambulante, una actividad que se ve seriamente afectada por el cerramiento de calles. “Cortaron la circulación para el lado de Villa Allende y del IPV Argüello, donde llegábamos caminando para vender y podíamos cuidarnos entre todas, porque las frecuencias cortas nos daban la posibilidad de salir juntas a la calle entre mujeres, coordinando horarios”, explica. Esta nueva disposición del espacio exige que las personas que trabajan en barrios residenciales tomen dos colectivos.
Finalmente, sigue Mary, el amurallamiento no tuvo en cuenta tampoco la infraestructura de sus barrios, como los desagües que ahora dan a los muros. “Esto va a ocasionar que los vecinos del costado queden inundados cuando haya lluvias fuertes y que se acumule agua y basura, trayendo muchos problemas de salud”.
La ciudad como escenario de lucha
Esta situación es, para Camila, “fruto de que hace muchos años ni desde el gobierno provincial ni desde el gobierno municipal, que es el que hace ciudad, hay políticas públicas habitacionales serias para resolver el problema de la tierra y la vivienda”. En las últimas décadas en Córdoba, como parte de una tendencia regional, se avanzó en la privatización de la ciudad: barrios privados, cerrados o countries, centros comerciales, clubes exclusivos y escuelas privadas en los alrededores. La ciudad no se piensa en términos de justicia y derecho, pero sí se imponen tecnologías de disciplinamiento y seguridad que eviten el conflicto social.
Esto no es nuevo y de ejemplo basta un botón. El plan de erradicación de villas y traslado compulsivo de sus habitantes a “barrios ciudades” en la periferia, desde 2003, llamado paradójicamente “Mi Casa Mi Vida”, fue la “última política pública en este sentido y fue muy agresiva”, señala Camila. “Con eso, nos mostraron lo que se venía, generar bolsones de pobreza en la periferia de la periferia, encerrados con muros, con sus propias instituciones y ahí que vean qué hacen”. No hay integración ni en el discurso, es la exclusión en todas sus dimensiones: laborales, educativas, sociales, de interacción entre personas.
“Después de eso, asumió Schiaretti y hubo una fuerte propulsión a tomar tierras ociosas, fiscales y privadas, por la misma necesidad. Empiezan a crecer los hijos de quienes ya eran dueños de sus casas en los barrios populares, arman nuevas familias y necesitan espacio donde vivir. Al no haber políticas de acceso a tierra y a vivienda, resurgen las tomas en distintos puntos de la ciudad, pero siempre en la periferia, siempre detrás de la circunvalación”, explica Camila.
En paralelo, en los sectores de mayores ingresos, comienza la aspiración de vivir lejos del ajetreo de la vida urbana. Así, crecen con fuerza los emprendimientos de barrios cerrados, countries o loteos urbanos privados, también en la periferia. “Se empiezan a disputar los mismos territorios, primero en zona norte, ahora también en el sur, aprobados por la municipalidad. Empieza a haber roces porque no hay planificación para que suceda de modo orgánico a nivel urbano”, sigue Camila.
¿Y el Estado?
La política de vivienda del gobierno de Schiaretti en los barrios populares se centra mayormente en los planes de mejoramiento barrial: “La gente ya está viviendo ahí, ya hizo sus casas, ya trazó sus calles, ya hizo su red agua, EPEC ya les puso la luz. Lo hicieron autogestiva y comunitariamente. Lo que hace el gobierno es ofrecerles alumbrado público, que ya lo tenían, agua para que empiecen a pagar, cordón cuneta y mejoramiento de calles. A eso, llaman integración urbana”, explica Camila.
Ante el amurallamiento de su barrio, las vecinas comenzaron a contactar al gobierno provincial y municipal. “No nos quisieron atender y vimos que, mientras más llamamos, más rápido levantaban los muros” -cuenta Mary- “Nosotros no tenemos problemas con GAMA, ellos tienen problema con nosotros porque quieren tapar la pobreza con sus cercos y el Estado es cómplice, dicen querer integrarnos y, al mismo tiempo, nos están amurallando”.
Con muros no se tapa la pobreza
“¿Qué hubiera pasado si hubiésemos sido nosotras las que quisiéramos levantar una tapia? Hubiéramos tenido a toda la policía y la municipalidad encima, pero como son ellos, nadie dice nada, todos miran para otro lado, se hacen los que no entienden, pero los muros siguen avanzando y nos siguen tapiando”, dice Mary.
Las vecinas saben que la salida es con la fuerza de la comunidad. Por eso, se pusieron al hombro la tarea de tocar cada puerta, hablar con cada vecine y explicar lo que significan esos muros y lo que se va a perder con las calles cerradas. Es una acción para contrarrestar la resignación de algunes vecines, la desinformación y la fragmentación.
“Señores empresarios y funcionarios del Estado: con muros no se tapa la pobreza. Se tapa con acciones y políticas públicas que sirvan de bien común, con una distribución más regular y justa de los recursos que atesoran nuestras ciudades. Congeniamos con que cada cual haga política en lo que crea conveniente, nosotras no nos postulamos a nada ni lo deseamos, solo deseamos que no nos amurallen”, concluyen en el comunicado las vecinas.
*Por Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: Asamblea de vecinas.
