«Pretenden hacer de nuestra transformación una oportunidad de negocio para unos pocos»
Las organizaciones e instituciones que conforman la Mesa Agroalimentaria Regional Córdoba emitieron un duro comunicado ante la iniciativa conjunta de productores privados y el Gobierno de Córdoba de oficializar un Programa Provincial de Certificación Agroecológica. «Las certificaciones serán participativas y autogestivas, o no serán», señalaron.
Por Redacción La tinta
Las organizaciones e instituciones que conforman la Mesa Agroalimentaria Regional Córdoba emitieron un duro comunicado ante la iniciativa conjunta de productores privados y el Gobierno de Córdoba de oficializar un Programa Provincial de Certificación Agroecológica.
Hace unas semanas, el ministerio de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, firmó una carta de intención con agrónomos nucleados en la Asociación Civil Tiere -con vinculaciones con la Sociedad Rural de Jesús María y la Municipalidad de Colonia Caroya- para avanzar en el desarrollo de un Plan Piloto que promueva «modelos de producción agroecológica mediante el incentivo de certificaciones que otorguen un sello de trazabilidad a los emprendimientos agropecuarios».
“La agroecología es para nosotros un camino muy virtuoso, que busca equilibrios en la forma de producir, logrando siempre los tres objetivos que guían la mayoría de las intervenciones del Ministerio y que están vinculados al logro de una rentabilidad económica, que no descuide el cuidado del ambiente y el compromiso social (…) Esta iniciativa del grupo Tiere nos ayudará a trabajar en el desarrollo de una política pública que la fomente”, destacó en esa ocasión el ministro Busso.
Si bien es positivo que desde el Gobierno provincial quieran fomentar la producción agroecológica y promover la certificación de los procesos, el Ejecutivo está desconociendo con esta decisión el trabajo que desde hace décadas llevan adelante productorxs, asociaciones e instituciones que optan por una alternativa comunitaria a los requerimientos de certificación de producciones agroecológicas.
Cada vez es más común la utilización de certificaciones de tercera parte para cuidar que los alimentos vendidos como agroecológicos sean lo que dicen que son. Pero hay dos modos de hacerlo: a través de un privado, que haga de la certificación un servicio y un negocio; o se puede lograr por medio de un Sistema de Garantía Participativa (SGP), que propone un sistema diverso de entidades de la sociedad civil, multidisciplinario y con diferentes enfoques.
Precisamente en torno a esto último es que se viene organizando la Mesa Agroalimentaria Regional Córdoba, ante el temor de que poner en manos de unos pocos la potestad de decir qué es agroecológico y qué no se transforme en un lucrativo negocio.
«Sabemos que algunos actores pretenden hacer de nuestra transformación una oportunidad de negocio para unos pocos. Asumimos y entendemos la importancia de ofrecer garantías a nuestros consumidores. Eso tiene que quedar claro. Pero nos oponemos a que estos procesos de certificación sean apropiados de manera exclusiva por privados que solo ven en nuestra transformación una oportunidad para generar rentas. Las certificaciones serán participativas y autogestivas, o no serán», sostienen desde la Mesa Agroalimentaria.
El mensaje hacia el ministro Sergio Busso es contundente: «Nos negamos a privatizar y comercializar nuestros saberes a manos de terceros que nuevamente querrán decirnos qué hacer y cómo, y encima cobrándonos por ello (…) A quienes quieren transformar las certificaciones en un negocio: no cuenten con nosotros«.
Para que no hagan de la bandera un negocio
Tanto la producción orgánica como la agroecológica se alzan como alternativas a la agricultura hegemónica que plantean una producción limpia de sustancias químicas y un uso responsable de los recursos del ambiente, pero técnicamente no son lo mismo.
Lo orgánico contempla la transición de la tierra, la selección de semillas y materiales vegetales; el método de mejoramiento de las plantas; el mantenimiento de la fertilidad del suelo; la conservación del agua y los métodos para el control de plagas, enfermedades y malezas.
Lo agroecológico, por su parte, asume la práctica biológica definida anteriormente, pero además incorpora un enfoque socio-económico, el político y el medioambiental. Por eso, los Sistema de Garantía Participativa (SGP) evalúan que los sistemas productivos sean biodiversos, haya una adecuada nutrición del suelo, se demuestre equidad de géneros en el desarrollo de la tarea y en la toma de decisiones, que no utilicen trabajo infantil y que ese agroecosistema se integre a la naturaleza, al entorno ambiental, entre otros elementos.
«La agroecología es una ciencia, una técnica, un modo de producir. Pero también es un movimiento social, una manera de habitar el territorio, de dialogar con el ambiente y con la sociedad. La agroecología es compromiso con un mundo más sano. Es una manera de frenar la sobreexplotación de nuestro ambiente a la que el capitalismo salvaje y especulativo nos ha llevado, incluso por encima de los límites de regeneración de la tierra».
«La agroecología es responsabilidad para con el otro. Con su labor. Es economía justa. Es valorar cada eslabón. Es un proceso en donde importa el esfuerzo del chacarero que sembró y cosechó. Del trabajador que embaló. De quien transportó. De quien vendió y quien compró«, afirman desde la Mesa Agroalimentaria Córdoba.
Los Sistemas de Garantía Participativa se afianzan precisamente en la confianza entre diferentes actores de la cadena productiva y, en Argentina, están integrados, en general, por miembros de las asociaciones de productorxs y consumidorxs, ONG, el Estado a través del INTA, las Universidades, el INTI y, en algunos casos, partidos políticos.
Javier Souza Casadinho es integrante de la Asociación Civil Be.Pe y viene desde hace muchos años trabajando en este tipo de sistemas de garantías. Consultado al respecto de la propuesta planteada por el Gobierno de Córdoba, Souza Casadinho remarcó que es fundamental que los sistemas sean multi-institucionales, que tengan la mirada de los productores y sus asociaciones, y que haya mirada del tercer sector; y que además sean transdisciplinarias, que tengan en cuenta aspectos ambientales, sociales, comerciales y del entorno.
Por eso es que no se certifica un producto, sino un sistema productivo. «Me llama la atención que ya planteen la realización de auditorías cuando se trata de procesos que llevan tiempo. Hay que construir reglamentos, consensuarlo, construir algo que efectivamente podamos verificar, no al revés, haciendo una planilla para después forzar que cuadre», apuntó contra el anuncio del grupo Tiere y la Provincia.
* Por Redacción La tinta.
