Sudáfrica: la comunidad en el centro de la lucha contra el hambre
Los huertos comunales y los proyectos agrícolas son el punto de partida de una soberanía alimentaria sostenible en una de las principales potencias mundiales.
Por Por Anna Majavu y Nomfundo Xolo para Red Global
En un país en el que 10 millones de personas se acuestan con hambre cada noche, el subsidio social de socorro COVID-19 del gobierno resultó un salvavidas. Un pequeño salvavidas para una fracción de los 28,4 millones de desempleados e “inactivos económicos” del país, según el investigador Siyabulela Mama. Pero un salvavidas, al fin y al cabo.
Por eso, cuando el gobierno puso fin a la subvención después de solo nueve meses, como parte de sus medidas de austeridad económica, cortó a más de cinco millones de personas una paga mensual de 350 rands (unos 23,50 dólares). Aunque solo alcanzaba para comprar una barra de pan de las más baratas cada día y poco más -y aunque excluía a las mujeres cuyos hijos menores ya recibían una subvención de manutención de 470 rands al mes-, evitaba que los trabajadores eventuales y precarios, los trabajadores de la restauración, los comerciantes ambulantes, los artistas y otras personas que habían perdido sus empleos durante la pandemia, pasaran hambre.
Los disturbios generalizados desencadenados por una facción descontenta del CNA (Congreso Nacional Africano), que atacó violentamente los camiones de reparto en julio pasado, no tardaron en poner en primer plano el hambre en el país, ya que miles de sudafricanos hambrientos aprovecharon el caos para saquear supermercados y almacenes de alimentos en las provincias de KwaZulu-Natal y Gauteng.
En respuesta al caos, el gobierno reintrodujo el subsidio de ayuda social de emergencia, con su ampliación hasta marzo de 2022. Muchos esperan que se convierta en un subsidio de renta básica.
Mama, que trabaja en el Centro de Educación y Formación Postescolar Integrada de la Universidad Nelson Mandela, es portavoz de la campaña #PayTheGrants, que quiere una subvención de renta básica de 1.268 rands al mes para quienes tengan entre 19 y 59 años. Sudáfrica no tiene un sistema de seguro de desempleo y este grupo de edad queda fuera de las pensiones de vejez y las ayudas a la infancia que ofrece el gobierno.
Los noticieros lo llaman con frecuencia para hablar de la subvención de la renta básica y dice que “más de 10 millones de personas se acuestan con hambre cada noche mientras viven cerca de tiendas con mucha comida que no pueden pagar. Eso creó una crisis. Pero, esta vez, la crisis puso de manifiesto que el sistema alimentario sudafricano es muy injusto y debe ser revisado”.
Los activistas propusieron por primera vez una renta básica hace 20 años. El gobierno lleva “contemplándolo” desde 2002. Una nueva generación de activistas, como Mama, está llevando adelante esta campaña y combinándola con proyectos de base de soberanía alimentaria, basados en huertos comunales y avicultura. Mama trabaja con este tipo de proyectos en la ciudad costera de Gqeberha, en la provincia del Cabo Oriental.
Más ocupaciones de tierras
Las mujeres que viven en el asentamiento de eKhenana, en la ciudad costera de Durban (KwaZulu-Natal), forman parte de una tendencia nacional creciente de ocupación de tierras no utilizadas y su uso para la producción comunitaria de alimentos.
Nokuthula Mabaso, de 38 años, afirma que el huerto comunitario que crearon los miembros del movimiento de asentamientos Abahlali base Mjondolo les permitió generar suficientes ingresos para complementar sus ahorros de 3.000 rands y crear una granja avícola comunitaria.
“Cuando se anunció el cierre por la COVID-19, todos teníamos problemas económicos. Nos dimos cuenta de que nuestros trabajos a destajo (informal) ya no podían ayudarnos a nosotros y a nuestras familias a sobrevivir. Convocamos una reunión y debatimos formas de crear ingresos sostenibles para la comunidad. Hicimos un juramento de no permitir nunca que nadie aquí se muera de hambre mientras haya comida o dinero de los proyectos alimentarios en la comunidad”, explica Mabaso.
Los residentes tienen unos 300 pollos Rhode Island Red, comúnmente conocidos como pollos rojos o zulúes, y una granja de verduras. “La granja avícola ayuda ahora a todas las familias con dificultades, porque somos una comunidad unida. Ningún niño de eKhenana va a la escuela o a la cama con el estómago vacío”, añade.
No es poca cosa en un país en el que 2,2 millones de personas perdieron sus empleos en el cierre por la pandemia el año pasado, con el resultado de que, en junio de 2021, las estadísticas sudafricanas situaron la tasa de desempleo ampliada en un récord del 43,2 por ciento. Incluso la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (CIP), una escala acordada por organizaciones que van desde Oxfam hasta USAID, concluyó recientemente que “9,34 millones de personas en Sudáfrica (el 16 por ciento de la población analizada) se enfrentaban a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda y requerían una acción urgente para reducir las carencias alimentarias y proteger los medios de vida”. La CIP señaló que esta cifra aumentaría a casi 12 millones en junio de 2021.
En Sudáfrica, la persistencia de los asentamientos refleja la falta de opciones de alojamiento asequibles disponibles para las familias empobrecidas en zonas bien situadas cerca de los servicios públicos. Las 109 familias de eKhenana ocuparon dos hectáreas de tierra en 2018, tras ser desalojadas de casillas alquiladas, y llamaron a su nueva aldea eKhenana, porque en isiZulú significa Canaán. Los residentes dicen que el nombre representa sus aspiraciones de transformar eKhenana en un lugar apto para los seres humanos, con todas las necesidades de los residentes atendidas colectivamente.
“Las ocupaciones de tierras permiten a la gente vivir en terrenos bien ubicados, cerca de las oportunidades de sustento y educación, y participar en la planificación urbana y otras formas de dar forma a las ciudades, desde abajo. Por supuesto, las ocupaciones de tierras también permiten a la gente construir casas, salones comunitarios, guarderías y escuelas políticas. Pero las ocupaciones de tierras suelen ser también espacios que permiten la jardinería y la agricultura urbanas”, afirma el presidente de Abahlali baseMjondolo, S’bu Zikode.
El movimiento lleva 13 años estableciendo proyectos de agricultura colectiva, el primero en Motala Heights, en 2008. Se trata de un proyecto de huertos comunitarios orgánicos de mujeres, que luego apoyó el desarrollo de un grupo de huertos similares en el cercano asentamiento de eMmaus. “Este proyecto no solo garantizó que las familias tuvieran alimentos, sino que también dio a las mujeres cierta autonomía frente a formas de trabajo explotadoras y racializadas”, afirma Zikode.
Combatir la pobreza multidimensional
El Cabo Oriental es la segunda provincia más empobrecida de Sudáfrica. Recientemente, se descubrió que el 78,7 por ciento de los niños que viven aquí se encuentran en situación de “pobreza multidimensional”. Esto significa que no solo los adultos están desempleados y sin ingresos, sino que la familia en su conjunto carece de vehículo, no tiene forma de obtener alimentos, combustible para cocinar, electricidad o agua potable, y vive en un hogar que no es resistente a la intemperie, carece de electrodomésticos básicos y no tiene saneamiento.
La pandemia de la COVID-19 y el bloqueo marcaron un resurgimiento de los esfuerzos de la clase trabajadora por producir alimentos en tierras no utilizadas en la provincia. En Gqeberha, 10 huertos alimentarios activistas se han puesto en marcha en tierras recuperadas y en los terrenos de las escuelas y clínicas públicas. Bajo el colonialismo y el apartheid, las tierras más fértiles y bien situadas se reservaron para los blancos. Los municipios negros se establecieron en tierras difíciles de cultivar.
“Se necesita un enorme esfuerzo para que la gente cree un suelo sano a partir de tierras marginales. Es un trabajo muy duro”, dice Mama. Trabaja en estrecha colaboración con Sibanye Eco-Gang, un grupo de activistas y antiguos sindicalistas que está recuperando tierras marginales en KwaZakhele, un municipio creado a finales de la década de 1950 para acoger a sudafricanos negros expulsados a la fuerza de Korsten, cerca del centro de la ciudad.
Roger Mafu, de 45 años, fue despedido de General Motors hace dos años. Desde entonces, es un activista comunitario a tiempo completo y no remunerado en KwaZakhele, y es miembro activo de Sibanye Eco-Gang.
“Trabajar en un lugar así es, de todos modos, esclavitud moderna. Así que no me decepcionó mi despido -dice Mafu-. Políticamente, son zonas desfavorecidas. Hay un alto índice de desempleo y pobreza. Así que, durante el encierro, me pregunté por qué no nos movilizábamos y creábamos huertos. La gente educada lo llama soberanía alimentaria”.
Sibanye Eco-Gang ha organizado algunos de los huertos en pequeñas plazas de tierra vacía que solían albergar los “grifos de brecha”, favorecidos por el régimen del apartheid. Estos grifos individuales daban servicio a 36 familias negras que no tenían agua corriente en sus casas y tenían que hacer cola para recoger agua en cubos.
Mama dice que el uso de los grifos de brecha terminó cuando se construyeron viviendas de bajo costo, tras el fin del apartheid, y los terrenos en los que se encontraban se convirtieron en vertederos informales y peligrosos: “Cuando llegó el cierre, vimos la oportunidad de convertir esos vertederos en jardines comunitarios. Esto se hizo mediante una serie de reuniones comunitarias con todos los habitantes de la zona. Los interesados se reúnen ahora todos los días de la semana a las 8 de la mañana para ver qué hay que hacer en cada huerto”.
En estos huertos se proporciona comida a todo el mundo, tanto si puede pagarla como si no. “Es una comprensión que solo pueden tener los mercados sociales, que la gente puede no tener dinero inmediatamente. Los alimentos son, en primer lugar, una fuente de nutrición y, solo en segundo lugar, un artículo de comercio”, dice Mama. Los distintos huertos celebran asambleas cada dos meses para reunir a sus miembros y compartir y proteger los conocimientos tradicionales sobre la producción de alimentos. Cuando se obtienen cultivos valiosos, como los esquejes de batata, es en las asambleas donde se decide democráticamente cómo compartirlos.
Como están recuperando tierras marginales con fines políticos, los activistas no se consideran jardineros.
“Hemos llegado a ver este trabajo no como jardinería, una palabra en inglés asociada con el ocio de la clase media, sino con el duro trabajo que suelen realizar los hombres de la clase trabajadora, cuyo trabajo ha sido marginado y racializado en nuestra sociedad. Esta palabra, jardinero, nos gustaría sugerir que borra el trabajo socialmente útil de la producción de alimentos de subsistencia. Es el término isiXhosa ukulima (cultivar) y abalimi (agricultores) con el que las personas implicadas en la agricultura comunitaria se refieren a sí mismas y a su trabajo”, afirma Vuyokazi Made, de 35 años, agricultor del colectivo Amandla en Kwadwesi Extension, a pocos kilómetros de KwaZakhele.
Organización política con soberanía alimentaria
Al otro lado de la ciudad, el asentamiento de Zweledinga, de apenas 400 personas, combina la organización política con proyectos de soberanía alimentaria.
Cuando comenzó la pandemia de la COVID-19, los residentes sabían que el desarrollo de su zona, prometido desde hace tiempo, quedaría en suspenso, por lo que aprovecharon el suministro eléctrico del acomodado suburbio vecino de Seaview. Cuando el municipio de Bahía Nelson Mandela les desconectó el suministro unos meses después, derribaron un enorme árbol para bloquear la carretera, cortando el acceso a los residentes ricos. Esto hizo que la electricidad de Zweledinga fuera reconectada.
El asentamiento ha estado muy organizado durante los últimos 30 años, desde que sus residentes ocuparon terrenos públicos. Un comité de ciudadanos elegido democráticamente organiza las huelgas. El comité incluye a tres representantes del subcomité de huertos, que supervisa seis huertos en el asentamiento, que proporcionan espinacas, zanahorias, remolachas y coles para todos los residentes, y alberga cabras.
“Desde el punto de vista político, abogamos por más grifos. Solo tenemos tres grifos comunitarios para que todas las familias puedan tomar agua y a veces los tres grifos no tienen agua. Entonces, básicamente experimentamos una sequía”, dice Welile Gonqoba, miembro del subcomité de jardines.
“También estamos planeando otra acción política para exigir casas. Vamos a cerrar la carretera como hicimos la última vez. Gracias a esa acción política, el ayuntamiento nos proporcionó electricidad“, añade.
La socialista Ntsika Mateta, de 31 años, espera ampliar el movimiento con la puesta en marcha de huertos de permacultura comunitarios y de traspatio en las aldeas rurales, y con el apoyo a proyectos urbanos para crear bancos de semillas, y proteger y cultivar plantas medicinales autóctonas. Mateta es el coordinador del Eastern Cape Water Caucus, una organización que agrupa a unas 40 comunidades afectadas por la escasez de agua y alimentos, y por las elevadas facturas del agua.
Hace poco, dio el inusual paso de trasladarse a una remota aldea de apenas 200 familias, Elundini, a unos 30 kilómetros de la ciudad universitaria de Alice, en el Cabo Oriental. Elundini, construido en una ladera escarpada y rocosa, se fundó en 1986, después de que el gobierno del apartheid expulsara por la fuerza a cientos de negros de unas tierras mucho mejores, situadas a unos 20 kilómetros, que luego se convirtieron en una presa. “El gobierno del apartheid se limitó a meter a la gente en bungalows y la dejó aquí sin agua”, dice Mateta.
Le han ofrecido 10 hectáreas de tierra, propiedad del eco-hostel Elundini Backpackers, para cultivarlas y ha empezado por establecer un jardín experimental de permacultura con más de 50 tipos diferentes de verduras, hierbas, plantas medicinales autóctonas y bayas. En este huerto, Mateta prueba técnicas agrícolas útiles que no requieren mucho dinero, como la agricultura sin excavación y sin agua. Este huerto sin pesticidas produce semillas orgánicas que se convierten en plántulas en un invernadero construido con materiales reciclados.
“Vimos la necesidad de crear más resistencia alimentaria cuando se produjo la pandemia de la COVID-19. La ayuda alimentaria del gobierno (principalmente, pequeñas cestas de carbohidratos blancos procesados, con pocas proteínas o verduras) falló a nuestra gente. Lo más importante era formar un patrimonio colectivo para que la gente pudiera hacerse cargo de su bienestar. Intentamos hacer una economía circular localizada aquí, porque estamos lejos de la ciudad, y no queremos que la gente desperdicie dinero en desplazamientos para comprar alimentos”.
Al igual que los grupos de soberanía alimentaria de Gqeberha, a 250 kilómetros de distancia, Mateta consulta a los comités de las aldeas y realiza talleres con los habitantes para motivarlos a ampliar el proyecto.
“Aquí la gente solo cultiva miel y patatas, así que no ven en el cultivo de hortalizas una forma fiable de alimentarse. La gente está acostumbrada a usar pesticidas”. Pero ahora, en el huerto experimental, los aldeanos pueden cosechar hortalizas sin pesticidas y otros alimentos más raros, como el diente de león, las bayas, el trébol y otras plantas silvestres, que ofrecen nutrición en forma de ensaladas.
“Hay muchas cosas que pueden prosperar aquí. Solo tenemos que experimentar primero y ver qué funciona. Mi filosofía aquí es que, si te doy cinco semillas esta temporada, la próxima debes darme 50 semillas. Es una buena forma de ampliar nuestro movimiento”.
Mateta afirma que el proyecto agrícola se ha convertido en una importante herramienta de organización, ya que “la gente aquí está despolitizada y alienada de lo que ocurre tanto a nivel nacional como en el continente y en el resto del mundo. El sistema político que lleva las riendas es un sistema antihumano que no respeta el medio ambiente ni a las personas”.
Un objetivo a largo plazo expresado por estos grupos agrícolas urbanos y rurales es establecer asambleas democráticas de agricultores de base que se reúnan regularmente y se conecten con el movimiento obrero, llevando la soberanía alimentaria a la organización cotidiana de la clase trabajadora.
Sin embargo, los proyectos colectivos de soberanía alimentaria no son la norma y tardarán en extenderse a otras zonas empobrecidas. Mientras tanto, la subvención de la renta básica parece ser la única forma de evitar el hambre masiva en Sudáfrica.
Pero Mama advierte que, para que el subsidio tenga éxito, es esencial que sea ideado por “los desempleados, las mujeres y los trabajadores precarios“. El gobierno debe consultar y hablar con las personas a las que va dirigido. No puede ser el producto de las discusiones con las ONG (organizaciones no gubernamentales) y los tecnócratas”.
*Por Anna Majavu y Nomfundo Xolo para Red Global / Foto de portada: Mlungisi Mbele
