Dies irae: los condenados arrojados a la llama eterna
Crece la indignación ante el descubrimiento en Canadá de fosas comunes con cuerpos de niños indígenas, que fueron obligados a asistir a escuelas católicas en el marco de un plan del Estado y la iglesia para borrar la forma de vida originaria.
Por María Victoria Núñez y Diego Mauro para La tinta
En 2015, en Canadá, se descubrieron fosas comunes con cuerpos no identificados; se cree que pertenecen a niños que asistieron a escuelas residenciales, que funcionaron desde mediados del siglo XIX hasta 1996. Según cuenta el profesor hispano-canadiense Ernesto Filardi, encontraron, sólo en lo que va de este año, aproximadamente 1.200 cuerpos no identificados. Estas instituciones fueron fundadas por el Estado canadiense para desarticular, atomizar y erradicar las culturas originarias, y fueron, en lo fundamental, administradas por la Iglesia Católica y, minoritariamente, por otras iglesias cristianas. Los cadáveres fueron hallados en Columbia Británica, Saskatchewan y Manitoba, y ya son varias las comunidades que exigen avanzar con otras instituciones.
Las escuelas surgieron como un proyecto político del primer ministro canadiense John MacDonald, en 1883. El incipiente Estado canadiense buscaba consolidarse institucionalmente y homogeneizar en sus habitantes sentimientos de pertenencia a una nación aún por inventarse. Concretamente, estas instituciones estaban pensadas para la educación y formación de niños indígenas quienes, al cumplir los cinco años de edad, eran separados de sus núcleos familiares e internados en establecimientos para “borrar todo lo indígena que existía en ellos”. De hecho, el lema de estas escuelas rezaba: “Kill the indian to save the child”.
A través de las prácticas llevadas a cabo por agentes eclesiásticos y estatales en mancomunado esfuerzo, se intentaba educar a estos niños en el espíritu occidental, obligándolos a aprender inglés y a profesar el cristianismo. La idea inicial era aislar a los pequeños definitivamente de sus familias para “formarlos” en una matriz eurocéntrica.
Existe una inmensa cantidad de testimonios que han puesto en evidencia cómo dentro de estas instituciones se producían todo tipo de abusos -físicos y psicológicos-. Hacia 2008, el gobierno canadiense creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, una suerte de organismo facultado para indagar con mayor profundidad lo que acontecía al interior de las escuelas.
En 2015, y luego de investigar archivos, de reunirse con ex alumnos supervivientes de esas instituciones y con miembros de las principales comunidades indígenas de Canadá (First Nations, Inuit y Métis), la Comisión emitió un informe en donde estipula que el gobierno cometió un genocidio cultural contra sus comunidades indígenas. En el informe, se calcula que aproximadamente unos 150.000 niños amerindios, mestizos y enuit fueron reclutados contra su voluntad hasta bien entrada la década de 1990. El entonces primer ministro Stephen Harper pidió disculpas a las comunidades, en nombre de su gobierno. Las autoridades de las iglesias anglicanas, presbiterianas y de la Iglesia Unida de Canadá lo habían hecho algunos años antes. Sólo la Iglesia Católica evitó pronunciarse al respecto.
Francisco, su proyecto utópico y la situación canadiense
En estos días, tras la aparición de las fosas, el actual primer ministro, Justin Trudeau, cuestionó al Papa y expresó que estaba “decepcionado como católico” por la postura de la iglesia en los últimos años. En la misma línea, la ministra de Relaciones con los Grupos Indígenas, Carolyn Bennett, consideró “insuficientes” las palabras del sumo pontífice.
Efectivamente, las declaraciones de Francisco han sido moderadas y, si bien recientemente, al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano, dijo sentirse “dolido” y “cerca del pueblo canadiense”, no ha hecho público el pedido de perdón exigido por el gobierno canadiense y los representantes de las naciones originarias del país. En lugar de ello, solicitó que “las autoridades políticas y religiosas de Canadá continúen colaborando con determinación para sacar a luz los detalles de esta triste historia y se comprometan humildemente en un camino de reconciliación y sanación”. ¿Por qué Francisco no ha pedido perdón, al menos por el momento? Algo que también le reclaman muchos católicos canadienses.
En primer lugar, es preciso comprender que el catolicismo está muy lejos de ser una institución homogénea y disciplinada. Se trata, por el contrario, de una constelación de actores diversos, atravesados por ideologías, tendencias teológicas, espiritualidades y concepciones sociales y políticas diversas. Es, en definitiva, un campo donde sus participantes luchan y dirimen cotidianamente la definición de las fronteras y los contenidos del propio catolicismo.
El Papa juega en estas condiciones y está muy lejos de tener todas las cartas, ni siquiera las mejores. En principio, una declaración de pedido de perdón debe contar con el apoyo de la conferencia de obispos canadienses, algo con lo que no parece contar por ahora. Tampoco está claro el impacto que una declaración de este tipo tendría en Roma, donde los sectores tradicionalistas, en sus diferentes manifestaciones y tendencias, se oponen a Francisco. Asimismo, es posible que en la decisión del Papa haya influenciado el tono de “exigencia” del primer ministro canadiense que, más allá de la sinceridad de su requerimiento, parece preocupado por desvincular, en pleno conflicto, al Estado de las responsabilidades que obviamente le competen en primer lugar. A fin de cuenta, la política que originó las muertes y el “genocidio cultural”, como señalamos, fue impulsada desde el Estado en coordinación con instituciones de la Iglesia Católica, pero, en todos los casos, como subsidiarias de una política estatal de la que participaron también las iglesias presbiteriana y anglicana.
Asimismo, existen razones mucho más terrenales para la reticencia de Roma y que se hacen evidentes en algunas de las declaraciones oficiales. Como destaca Jean-François Roussel, de la Universidad de Montreal, desde el Vaticano se señala que “la Iglesia católica de Canadá no es una entidad jurídica. Algunas diócesis y congregaciones participaron en los internados, pero el Papa no puede disculparse por todos estos grupos”. Una manera de abrir el paraguas frente a futuras demandas. Como se ha visto en los últimos años, las millonarias cifras de los juicios por los numerosos casos de abuso sexual en Estados Unidos han vuelto aún más reticente a las autoridades eclesiásticas a la hora de formular declaraciones sobre situaciones que pudieran derivar en reparaciones económicas.
Más allá de esto, la escalada de los incidentes ha obligado a Francisco a involucrarse más directamente frente al peligro de que el conflicto hiera de gravedad sus apuestas por relanzar al catolicismo como un nuevo horizonte utópico y fortalecer su presencia en Asia. Además, los Oblatos de María Inmaculada, quienes administraron casi medio centenar de los antiguos internados, anunciaron -sin el acuerdo de Roma- que compartirán todos sus archivos.
El Papa, retomando la iniciativa, ha aceptado reunirse por separado con cada una de las naciones originarias de Canadá durante diciembre en el Vaticano, para luego realizar una audiencia en conjunto. Una decisión que, de momento, le permite a Francisco salir de una de las esquinas del ring y ganar tiempo para analizar más detalladamente la cuestión. En este análisis, resultará una prioridad la evaluación del impacto que el conflicto puede llegar a tener sobre su proyecto de relanzamiento católico en términos geopolíticos globales. También, claro está, se escuchará -y mucho- a los asesores jurídicos y contables del Vaticano, y de la Conferencia de Obispos Canadiense, para tratar de establecer el posible impacto económico de potenciales juicios y demandas.
La ira anticlerical y anticolonialista
En los últimos días, al menos diez edificios eclesiásticos fueron incendiados y algunos monumentos de las reinas Victoria e Isabell II fueron derribados tras el hallazgo de los más de 1.200 cadáveres aún no identificados. ¿Cómo explicar estos actos? Tal como advierte el antropólogo Manuel Delgado -dedicado al estudio de la violencia anticlerical-, en casos como estos, se impone asociar la contingencia de los sucesos con lo recurrente de las estructuras: un acontecimiento es una relación entre algo que pasa y una pauta significadora que subyace. Las agresiones se producen en contra de símbolos que son construidos social e históricamente, y pueden estar representados en un edificio, en una iglesia, en una escuela o en una estatua, pero ¿cuál es el verdadero sentido que tiene destruir esos símbolos? ¿Cuál es el mensaje que se está intentando transmitir con la perpetuación de estos actos? Para dar respuestas a estos interrogantes, hay que poder entender cuál fue y es la función de esos objetos materiales -edificios, estatuas, imágenes- en las coordenadas socioculturales donde se encuentran ubicados. Las iglesias representan, simbólicamente, a la administración de las escuelas donde se produjeron actos aberrantes contra miles de niños -que, por lo demás, ya habían sufrido la separación de sus familias-. Antes en el tiempo, la monarquía británica había establecido un régimen de dominación y de despojo, y devastó a las poblaciones originarias que gobernó.
En definitiva, comprender el ataque a estos símbolos sagrados, o entender qué supone violarlos en tanto instrumentos de orden social y productores de sentidos, implica poder mirar al pasado e inscribir los hechos en las coordenadas adecuadas. La violencia anticlerical es siempre un fenómeno de naturaleza territorial. Esos espacios sagrados, esas iglesias, esos monumentos que se derriban y/o profanan, son puntos de la topografía, nudos en los que se encuentran simbólicamente el pasado y el presente. Hay así una voluntad de suprimir físicamente, de desterrar el significado sacramental del espacio público.
Estos ataques no pueden ser señalados como productos del azar, de la ira o de pasiones colectivas: como dijimos, fueron ataques dirigidos a lugares y a instituciones simbólicamente importantes, elocuentes. Estos embates tienen un claro objetivo: arremeter simbólicamente contra los espacios neurálgicos del poder, que tanto Iglesia como Estado y/o monarquía representaban (y representan).
Tal vez es posible pensar que, en este tipo de acciones, las multitudes anticlericales no hacen sino propiciar soluciones expeditivas e irreversibles a cuestiones cuyas soluciones, en materia política, cultural e institucional, demorarían en llegar. Nos preguntamos si no estamos ante un caso en el que los y las canadienses son absolutamente conscientes, por experiencias históricas similares, de que las instituciones no harán nada para resarcir tamaños crímenes. Para los y las canadienses, pero especialmente para las comunidades afectadas e históricamente sujetas a vejaciones de toda índole, el problema se soluciona no dejando iglesia o estatua en pie.
El conflicto nos muestra a una sociedad que ha procesado mal su relación con el proyecto político de construcción e invención de la nación. Aparentemente, Canadá no ha sabido cómo procesar esos eventos traumáticos que la signaron y que la sociedad no vio, o no quiso ver: hoy, incendian iglesias para señalar un pasado ominoso. A la vez, es importante recalcar esto: si bien el Estado canadiense conformó comisiones para investigar el asunto, quienes organizan la pesquisa de las fosas son las mismas comunidades originarias afectadas; esto quiere decir que estamos ante un Estado que se limita a actuar discursivamente y busca responsabilizar, en primera instancia, a la Iglesia Católica.
¿Cómo lidia una sociedad con un pasado tan traumático? Quizás una posible vía sea la ira anticlerical. Aquí los edificios, las estatuas, los objetos que los anticlericales atacan son representativos de un universo sagrado, de cuyos imperativos los canadienses buscan despojarse. De algún modo, se trata de una violencia aleccionadora. Atacando a estos símbolos, se ataca a un sistema religioso de dominación, se trata de una violencia intrínsecamente anti-sacramental: hay urgencia en destruirlo, hay urgencia en decirle al mundo que no existe manera de tolerar un pasado tan doloroso.
Los incidentes intentan borrar el poder físico y simbólico de una Iglesia que es y ha sido moralmente incorrecta, se inspiran en causas y fricciones de larguísima duración. A través de estos actos, repudian el orden que tanto la monarquía como el actual gobierno canadiense y la Iglesia Católica representan. Las estatuas de Victoria y de Isabel, las distintas iglesias que arden, son la muestra material de un orden repudiable al que cuesta mirar de frente. Lo que ocurre en estos días en Canadá pone en evidencia que, a fin de cuentas, todavía no sabemos cómo procesar los interminables genocidios cometidos en nombre de la civilización.
*Este título está inspirado por el valioso artículo, titulado de la misma manera: Gabriele Ranzato, “Dies irae. La persecuzione religiosa nella zona repubblicana durante la Guerra Civile Spagnola (1936-1939)”, en Movimento operaio e socialista, núm. XI, pp. 195-220, 1988.
*Por María Victoria Núñez y Diego Mauro para La tinta / Foto de portada: Reuters
