Desde la Asamblea Vecinos del Chavascate, acusan que la empresa Ticupil incumple la orden judicial que obliga a paralizar las obras y avanza con total impunidad generando un “daño ambiental irreversible”. La Cámara de Apelaciones y Policía Ambiental piden explicaciones a la firma desarrollista.
Por Redacción La tinta
Vecines de las Sierras Chicas llevan una década intentando que la empresa Ticupil S.A. no realice un mega emprendimiento inmobiliario en el área de Agua de Oro, ubicado sobre zona categorizada como roja según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y muy cerca del río Chavascate.
La autorización de la obra por parte del Gobieno de Córdoba fue tan grosera e inconsulta que implicó, años más tarde, la imputación del exsecretario de Ambiente Provincial, Raul Costa, y de dos funcionarios más del área. El juicio, como era de esperar en Córdoba, se demoró más de 7 años y, cuando parecía que este año se iba a concretar, la Cámara de Acusación resolvió devolver el expediente al fiscal Anticorrupción.
En este contexto, desde la Asamblea Vecinos del Chavascate, continúan denunciando que la empresa Ticupil incumple la orden judicial vigente desde abril de 2019, que prohíbe terminantemente el avance de las obras. “La empresa nunca la respetó y la Policía Ambiental no la hace cumplir, a pesar de las innumerables denuncias que hicimos desde entonces”, lamentan les vecines.
Ante una nueva denuncia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación emplazó a la empresa a que aclare si ha suspendido las obras del emprendimiento inmobiliario que llevaba a cabo en el predio, bajo apercibimiento de considerar la reticencia a su contestación como desobediencia a la autoridad judicial.
Por otro lado, la Policía Ambiental también tendrá un plazo de 10 días hábiles para informar sobre las medidas llevadas a cabo a partir de las denuncias que se tramitan bajo el expediente N° 0694-013005/2017.
“Celebramos esta resolución y esperamos que, de una vez por todas, la empresa TICUPIL S.A. deje de destrozar el poco monte nativo que nos queda, en una zona tan sensible como es la cabecera de la cuenca del Río Chavascate. Es inadmisible esta desobediencia por parte de la empresa, que avanza con total impunidad. La empresa está produciendo un daño ambiental irreversible y una brutal agresión al paisaje cultural, en torno a la Capilla, que es un Monumento Histórico Nacional. ¿En más de 10 años no se ha podido detener este delito?”, acusan desde la Asamblea.
* Por Redacción La tinta
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