La violencia del oro ilegal contra las mujeres awajún
La minería ilegal alcanzó los territorios indígenas de El Cenepa, en la frontera peruana con Ecuador. Además de destruir el ambiente, esta actividad incrementa la violencia de género contra las mujeres.
Por Geraldine Santos para Ojo Público
Hace cinco años, un grupo de extraños llegó a la parte baja del río Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, un territorio ubicado en la región Amazonas, cerca de la frontera con Ecuador. Entonces, Josefina Ayúi era una adolescente de 16 años, ilusionada por salir de su comunidad y conocer nuevos lugares. Ella recuerda que, en esa época, con el precio del oro incrementándose en todo el mundo, también aumentó el número de foráneos que migraron a estas tierras, buscando extraer oro del lecho del río Cenepa, pero le restó importancia: creyó que no la afectaría.
Sin embargo, una semana después, su padre le anunció que se casaría con uno de esos mineros ilegales, un hombre mayor a quien ella desconocía. Aunque al inicio cuestionó la decisión de su progenitor, al final, se vio obligada a aceptar, pues no contaba con los recursos económicos para huir de casa. No hubo boda ni celebración. Obligada, Josefina se fue a convivir con el extraño que se dedicaba a la minería en el río Cenepa. Meses más tarde, explicó, se enteró de que su unión fue acordada por los líderes de la comunidad -entre ellos, su progenitor, quien era miembro de la junta directiva- para que los foráneos desarrollen actividades de minería ilegal en el territorio indígena.
Unirse con mujeres awajún, mediante un arreglo económico con los padres de las menores o con falsas promesas de amor, es una de las modalidades que usan los mineros ilegales para acceder a los territorios indígenas, aseguró el antropólogo Rodrigo Lazo. Así -explicó- comienza un laberinto de abusos y violencia contra la mujer en territorios indígenas, incentivado por una actividad que, además, destruye el medio ambiente; y cuya presencia en la zona se remonta, por lo menos, a 2009, según un estudio de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc).
El Centro de Emergencia Mujer de Condorcanqui informó a Ojo Público que, desde inicios de este año hasta el 11 de mayo, registraron 80 agresiones de tipo sexual, física, psicológica y de patrimonio (chantaje con dinero, apropiación de documentos o despojo de bienes muebles o inmuebles) en la provincia.
Del total de casos, nueve son por abuso sexual, cinco de los cuales fueron reportados en el distrito El Cenepa. Sin embargo, una de las deficiencias en la información es la falta de la variable étnica para identificar cuántas mujeres indígenas denuncian a sus agresores.
“Hay un subregistro de casos de violencia contra la mujer, especialmente en las comunidades indígenas, porque no presentan las denuncias; prefieren tratarlos internamente. Lamentablemente, cuando se comete una agresión a la mujer, son los familiares (varones) quienes realizan arreglos económicos con el agresor (foráneo o indígena)”, dijo Darío Izaguirre, psicólogo del Centro de Emergencia Mujer de Condorcanqui.
“Los mineros ilegales se aprovechan de las condiciones precarias de las familias indígenas”, señaló Lazo. Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2019, El Cenepa registra 62,9 por ciento de pobreza, la cifra más alta en los distritos de esta región. Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lo señala como uno de los distritos de la región Amazonas con menor cobertura de agua potable: 26,7 por ciento.
Con la llegada de los mineros ilegales a territorios indígenas, también se instalan prostíbulos, donde se contrata a mujeres indígenas, inicialmente como cocineras. “Pero luego, son obligadas a acostarse con ellos (clientes, mineros ilegales) a cambio de dinero”, reveló Lazo.
El antropólogo indicó que, cuando los mineros se retiran del territorio indígena por la disminución del oro, dejan a mujeres y niños abandonados. “Esta forma de violencia genera también deserción escolar, precariedad de vida (pobreza), problemas de nutrición y frustración de los planes de las jóvenes”, dijo Lazo.
En Amazonas, la mitad de los 51.626 indígenas awajún son mujeres, quienes se dedican -casi en su mayoría- a labores del hogar y cuidado de los hijos. Este pueblo habita en 316 comunidades en la región, según el III Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana, de 2017.
Una ola imparable de violencia
Agoustina Mayán Apikai, secretaria de la Odecofroc, ha recibido amenazas, insultos y ha sido acusada de bruja. La lideresa indígena awajún ha enfrentado ofensas y hasta atentados contra su familia por su férrea oposición a la minería ilegal, una actividad que trastoca la convivencia en las comunidades indígenas, además de contaminar los ríos y generar deforestación en los bosques.
La lideresa Mayán, reconocida por el Ministerio de Defensa como defensora ambiental, cuenta con garantías personales de la Prefectura de Amazonas desde mayo de este año, pero en la práctica sigue desprotegida por falta de resguardo policial. “En El Cenepa, no hay policías, la comisaría más cercana está en Bagua, a cinco horas en bote. Si algo sucediera, la policía se enteraría al día siguiente. Los líderes se enfrentan solos contra las actividades ilegales”, contó a Ojo Público Siu Lang Castillo, responsable del programa de pueblos indígenas de la ONG CooperAcción.
Aunque el caso de la lideresa Mayán es el más conocido, existen otros que no se denuncian por temor. La abogada del Instituto de Defensa Legal, Rocío Meza, explicó que las mujeres indígenas necesitan una protección especial ante el contexto de violencia causado por la minería ilegal. “No solo se vulnera su derecho a la vida a través de atentados, sino que también se genera un escenario de desprestigio para callar las voces de las lideresas”, precisó.
Meza detalló que desprestigiarlas en público es una forma de violencia, que incluye calificativos como “acompañantes de los varones”, acusaciones de brujería o rebajar su condición a amas de casa que deberían limitarse solo a “labores domésticas”. “Estas actitudes machistas las ponen en desventaja ante el liderazgo del varón”, dijo la especialista.
Conscientes del avance de la minería ilegal, las autoridades nacionales han realizado intervenciones militares con apoyo de la policía en el distrito del Cenepa desde 2019. Recientemente, se amplió la presencia de las Fuerzas Armadas en este distrito, hasta el 31 de julio. Sin embargo, uno de los sitios a los que se ha trasladado la minería ilegal es la parte baja de la ribera del río Cenepa, cerca de las comunidades indígenas, de acuerdo a los reportes de líderes awajún de la Odecofroc. Allí, las Fuerzas Armadas aún no han ingresado.
“Se necesita que las autoridades trabajen con un enfoque intercultural para atender a las mujeres indígenas agredidas. Hay mucha violencia hacia nosotras. Llegan extraños a trabajar en las minas, violan y agreden a las mujeres, y se van sin ningún castigo”, cuestionó la lideresa awajún, Georgina Rivera Paz.
La especialista Siu Lang Castillo explicó, por su parte, que ni siquiera la pandemia ha logrado frenar el avance de la minería ilegal en los territorios indígenas del distrito El Cenepa. “Si antes los mineros le decían a los líderes (indígenas) que ‘es mejor trabajar con ellos que con el Estado, que te quita todo para dárselo a un privado’, ahora usan el discurso de ‘tu familia necesita dinero para salvarse del coronavirus’. Así los convencen”, destacó.
Organizaciones civiles como CooperAcción han identificado que la actividad ilegal se realiza en las comunidades Mamayaque, Kayamás, Nueva Vida, Tutino, Omar Siete, San Antonio, Aintam, Huampami, Canga y Kusu Pagata. Además, según la abogada Lang Castillo, desde el inicio de la emergencia sanitaria, la minería ilegal se ha extendido a otras seis localidades awajún del Cenepa, donde los líderes habrían negociado el ingreso de los ilegales. Uno de estos casos es Nuevo Kanam, aunque la comunidad denunció verbalmente el hecho ante los líderes de Odecofroc al enterarse.
El doloroso silencio de la mujer awajún
Belén Majík tiene 12 años y salió el último 16 de marzo de su casa, en la comunidad indígena San Rafael, distrito de El Cenepa, hacia la localidad de Chiriapo, en el distrito de Nieva. Viajó una hora en chalupa -una embarcación de 12 pasajeros- y otra más por carretera para recargar el celular que comparte con sus dos hermanos para llevar sus clases virtuales.
De regreso a casa, la adolescente awajún fue interceptada por unos extraños que la drogaron, abusaron sexualmente de ella y la dejaron malherida en un cementerio del distrito de Nieva. Al día siguiente, la policía halló a la menor inconsciente, desnuda y con golpes en el cuerpo. Fue trasladada al centro de salud y las autoridades interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público.
“Llegan extraños, drogan a las niñas y las violan (…) Esas personas vienen a trabajar para los (mineros) ilegales, están cerca de las comunidades trabajando con las dragas, pero, a la vez, vigilando a sus víctimas”, contó la lideresa del Consejo Indígena Amazónico del Perú, Georgina Rivera Paz, quien trabaja con 37 comunidades awajún de Amazonas.
Rivera Paz estimó que, de cada diez mujeres indígenas, cinco son abusadas sexualmente en Amazonas por foráneos o por los propios indígenas. Sin embargo, aseguró que los casos no son reportados porque hay desconfianza en el sistema judicial y los indígenas prefieren administrar justicia según sus propias reglas y principios.
La desconfianza, sostuvo, es por la demora en los procedimientos legales, la presunta corrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la falta de traductores de lengua awajún. “Hay mujeres indígenas que se acercan a denunciar, pero no pueden ser comprendidas porque no hablan español”, indicó.
La justicia indígena es un derecho reconocido de los pueblos, señaló el antropólogo Wilson Atamain, quien precisó que “el gobierno debe fortalecer este sistema aplicando estrategias que respeten las tradiciones de los pueblos, sin vulnerar su autonomía”. Sin embargo, Atamaín expresó que, en algunos casos de violencia contra la mujer indígena, no se respetan los derechos de las mujeres, porque se acuerdan “reparaciones civiles por montos irrisorios que no buscan justicia para la víctima ni la corrección del agresor”.
El especialista Izaguirre, del Centro de Emergencia Mujer de Condorcanqui, indicó que los casos de violación sexual son más frecuentes en las adolescentes de 12 a 16 años, por ser menores y vírgenes. “Las víctimas no reciben tratamiento psicológico, porque los casos no son reportados. Además, hay ausencia del enfoque intercultural en el sistema de justicia estatal, pues no se cuenta con intérpretes para recibir las denuncias y desarrollar los juicios en lengua awajún”, señaló.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI, publicada en 2019, la violencia hacia la mujer alcanzó en Amazonas el 55,7 por ciento del total de su población femenina (188.109 mujeres). En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendió el año pasado, durante la pandemia, a través de los Centros de Emergencia Mujer, 1.291 casos de violencia contra la mujer en esta región amazónica.
Epidemia del VIH
Según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa), en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, los casos de infección por VIH casi se triplicaron entre 2011 -un año después de que la minería ilegal se instalará en dicho distrito- y 2019. Es decir, se pasó de reportar 13 casos por año a 36 personas infectadas de manera anual.
Si bien el año pasado se registraron apenas tres casos en la Sala situacional de VIH/SIDA del Centro de Control de Prevención de Enfermedades del Minsa, la encargada del programa de Salud Sexual Reproductiva de la Red de Salud de Condorcanqui, Sharon Saldaña, explicó que el descenso en la detección de casos está vinculado con la emergencia sanitaria por la COVID-19.
“Los casos no fueron reportados adecuadamente debido a la pandemia, lo que no significa que (los contagios) hayan disminuido. Además, este año, estamos haciendo intervenciones para que la población que ya había sido identificada con la infección vuelva a sus controles con retrovirales”, dijo Saldaña. La obstetra también indicó que, si bien el año pasado hubo una falencia en la detección de portadores del virus, desde hace más de 10 años hay un subregistro de casos, porque la población -especialmente la indígena- no suele realizarse chequeos médicos.
Los casos de VIH en el distrito de El Cenepa se reportan más en varones que en mujeres, según la Sala Situacional del VIH-Sida del Minsa: en la última década, 189 varones y 72 mujeres se contagiaron con el virus de la inmunodeficiencia humana en el distrito. La lideresa Georgina Rivera Paz explicó que los varones awajún tienen más acceso a los servicios de salud. “Si para un indígena ya es complicado acceder a los servicios de salud, para las mujeres hablar de VIH es decir brujería, ellas no tratan esos temas”, contó.
De acuerdo a los especialistas, el aumento de casos de VIH también responde al avance de la minería ilegal en la zona, una actividad ilícita que ha cambiado el estilo de vida de las comunidades indígenas del Cenepa. “Ahora, los jóvenes (indígenas) consumen drogas, aumentan los casos de VIH, los abusos hacia las mujeres, los embarazos no deseados; y nadie hace nada”, explicó con pena Gerson Danducho, coordinador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP) en Amazonas.
*Por Geraldine Santos para Ojo Público / Ilustración de portada: Claudia Calderón
